Que un experto deba cruzar el Atlántico para dictaminar si un campanario colonial se sostiene o se derrumba no es solo un gesto de cooperación cultural: es síntoma de que el país carece de un cuerpo técnico estable dedicado a la conservación preventiva de sus bienes históricos. Coclé tiene ingenieros y universidades, pero no un protocolo propio que active peritajes especializados cada vez que un sismo compromete una estructura del siglo XVIII.
La catedral de Penonomé ha sobrevivido a terremotos, humedad y abandono a lo largo de generaciones. Lo que no ha tenido es constancia institucional. Cada sismo activa el mismo reflejo —visita técnica, registro del daño, promesa de evaluación— sin que llegue un plan plurianual, una partida fija en el Presupuesto General del Estado ni un inventario actualizado de qué piezas religiosas o administrativas corren riesgo de perderse.
El edificio de la Gobernación de Coclé, que sufrió afectaciones importantes según la información disponible, agrega una dimensión distinta. No es un templo: es sede del Órgano Ejecutivo en la provincia, donde se tramitan gestiones cotidianas de miles de coclesanos. Que un inmueble público de esa naturaleza quede comprometido estructuralmente y la respuesta pase por esperar un dictamen externo expone los límites de la planificación sísmica en las construcciones patrimoniales del interior.
Panamá no es ajena a los sismos ni a sus secuelas sobre el patrimonio. La historia republicana registra movimientos telúricos que han dejado marcas en construcciones coloniales de Natá, Portobelo y la propia Penonomé, sin que eso derivara en una norma de conservación preventiva comparable a la que existe para la infraestructura vial o portuaria. El Canal tiene mantenimiento continuo porque sostiene el comercio; el campanario resguarda memoria, y la memoria no figura entre los indicadores de competitividad.
Pedir que se conserven las piezas, como se solicitó durante esta evaluación, es lo mínimo exigible y, a la vez, lo máximo que parece poder garantizarse por ahora. En el material no consta anuncio de un fondo de emergencia patrimonial, ni calendario de intervención, ni un registro de cuántas estructuras similares en el interior del país esperan su turno de revisión.
El patrón conecta con otras fiscalizaciones pendientes, como la de los exfuncionarios de la administración Cortizo investigados por patrimonio injustificado: también el dinero público se deteriora cuando la revisión llega tarde. El patrimonio colonial no vota ni interpela en el pleno de la Asamblea Nacional; se agrieta en silencio mientras compite con lo urgente del día.
Mientras se aguarda el dictamen técnico sobre Penonomé y la Gobernación de Coclé, la decisión que resta es qué intervenciones se ejecutarán y con qué recursos. El material no precisa fecha de entrega del informe ni fuente de financiamiento, y de esas dos definiciones dependerá que la salvaguarda deje de medirse sismo a sismo.