Llama la atención la economía de palabras con la que se anuncia una muerte. Un nombre, una condición, un diagnóstico médico y una institución que lo confirma. No hay, en lo difundido hasta ahora, detalle sobre dónde se encontraba Barría cuando ocurrió el sismo, ni sobre si existía algún protocolo de evacuación pensado para personas con movilidad reducida u otra condición de vulnerabilidad. El silencio, en estos casos, no es menos elocuente que la declaración.
Conviene no precipitar juicios sobre causas que el material disponible no detalla. Pero sí cabe una pregunta que no requiere prisa ni sensacionalismo: qué tan preparada está la infraestructura pública —hospitales, residencias, edificios de atención a personas con discapacidad— para un evento sísmico. Panamá no es ajena a la actividad sísmica. El terremoto de Puerto Armuelles, en Chiriquí, en julio de 1934, y los sismos que han afectado al occidente del país recuerdan que la falla de Panamá y la zona de subducción frente al Pacífico mantienen al istmo bajo riesgo.
Esa relativa tranquilidad geológica de las últimas décadas puede, paradójicamente, jugar en contra: la ausencia de grandes sismos recientes tiende a relajar la exigencia de protocolos rigurosos en la edificación pública y en los planes de contingencia para la población más vulnerable.
La CSS, como entidad que confirma el deceso, queda en el centro de una ecuación incómoda: es a la vez la fuente de la noticia y la institución llamada a responder, en algún momento, por la atención prestada. No se trata de anticipar culpas donde no las hay constatadas, sino de señalar que la transparencia no puede detenerse en el parte médico. Una ciudadanía que paga sus cuotas y confía su salud al sistema público merece saber, con el tiempo que la investigación requiera, qué ocurrió entre el momento del temblor y la declaración de muerte cerebral.
La comunicación oficial, por ahora, prefiere la brevedad a la claridad. Es una tentación comprensible en situaciones de crisis: decir poco reduce el margen de error. Pero también reduce el margen de rendición de cuentas. Si el país aspira a algo parecido a una cultura de prevención sísmica, el primer paso no es el simulacro anual, sino la costumbre de explicar con detalle lo que falla cuando la tierra se mueve. La exigencia de claridad institucional es la misma que esta sección ha reclamado ante la coordinación que no detalla nada.
Mientras tanto, el nombre de Elena Barría queda registrado como la primera víctima mortal de un temblor que, hasta donde se ha informado, no alcanzó proporciones catastróficas. Esa desproporción —un sismo que no fue mayúsculo, una muerte irreparable— es quizás el dato más incómodo de todos. No porque sugiera negligencia comprobada, sino porque recuerda que la vulnerabilidad no se mide solo en la escala de magnitud, sino en la distancia entre quien puede ponerse a salvo por sus propios medios y quien depende de que el sistema lo haga por él.
La CSS, de acuerdo con la información suministrada por sus autoridades médicas, confirmó el fallecimiento de Elena Barría la tarde de este jueves.