El San Vicente Fundación, uno de los centros hospitalarios de mayor complejidad de Antioquia, describió la situación como una sobrecarga sostenida que compromete tanto la atención inmediata como la rotación de camas. "Desde hace varios días, nuestro servicio de Urgencias Adultos registra niveles de saturación sostenidos por encima del 300% de su capacidad operativa y de expansión", expresó la institución en el comunicado, en el que agregó que la sobrecarga ha dejado "pacientes que llevan más de 5 días a la espera de la definición de su atención o asignación de cama".
La institución exhortó a las aseguradoras —las EPS— a "fortalecer, activar y promocionar de manera efectiva" sus rutas de atención prioritaria, la consulta externa y la red intermedia, con el propósito de "evitar el colapso de los servicios de alta complejidad". El mensaje incluyó una recomendación directa a los usuarios: acudir a urgencias de alta complejidad únicamente ante situaciones críticas que pongan en riesgo inminente la vida. "Si su condición de salud no es de extrema gravedad, oriente su solicitud a través de la red de atención primaria o los servicios de cita prioritaria dispuestos por su aseguradora (EPS)", indicó.
El caso no es aislado. En las últimas horas, la Clínica CES, también con sede en Medellín, dio a conocer que su servicio de urgencias presenta una sobreocupación del 176 %, cifra que la propia clínica atribuyó a un "incremento sostenido en la demanda de atención". Esa institución hizo un llamado similar: usar de manera responsable los servicios de urgencias y privilegiar "los servicios de atención primaria, consulta prioritaria o medicina general" cuando la condición de salud no represente una urgencia vital.
La coincidencia entre dos de los principales prestadores de servicios de salud de Antioquia en pocas horas apunta a una presión sobre la red hospitalaria de alta complejidad de Medellín y su área metropolitana, más que a un episodio puntual en un solo centro asistencial.
La alerta se conoce en un momento de tensión sobre el rumbo del sistema de salud colombiano. En El Debate de SEMANA, Ana María Vesga, designada como ministra de Salud por Abelardo De La Espriella, recalcó que recibirá el sistema de salud del país en una "crisis inédita" de atención a pacientes, sumada a una crisis financiera que, según dijo, se ha agudizado en los últimos meses.
El modelo de la Ley 100 y el flujo de recursos
El sistema de salud colombiano opera bajo el modelo definido por la Ley 100 de 1993, que estableció la intermediación de las EPS entre los usuarios y la red de prestadores —hospitales, clínicas e IPS—. Ese esquema ha sido objeto de sucesivos debates de control político en el Congreso de la República, sin que se haya alcanzado un consenso legislativo sobre su rediseño; las distintas versiones de una reforma estructural radicadas ante el Congreso no obtuvieron sanción presidencial durante el gobierno anterior.
Los hospitales de alta complejidad han denunciado de forma reiterada problemas de flujo de recursos desde las aseguradoras, lo que deriva en dificultades de liquidez para sostener servicios como urgencias, cuidados intensivos y cirugía. La Superintendencia Nacional de Salud, encargada de vigilar a las EPS y a la red prestadora, ha intervenido a varias aseguradoras por riesgos financieros y operativos, aunque los comunicados de las clínicas antioqueñas no atribuyen directamente la saturación actual a una entidad en particular.
El fenómeno de saturación de urgencias no es nuevo en Colombia. Episodios similares se han reportado en Bogotá, el Valle del Cauca y la costa Caribe en distintos periodos del año, generalmente asociados a picos estacionales de enfermedades respiratorias o a cuellos de botella en la remisión de pacientes desde centros de menor complejidad hacia hospitales de tercer y cuarto nivel.
Un derecho fundamental respaldado por las cortes
La Corte Constitucional fijó en la histórica sentencia T-760 de 2008 que la salud es un derecho fundamental autónomo en Colombia, lo que obliga al Estado a garantizar el acceso oportuno a los servicios médicos. Esa jurisprudencia ha sido invocada de forma reiterada por pacientes y organizaciones sociales para exigir mejoras en los tiempos de atención en urgencias mediante acciones de tutela.
Ni el San Vicente Fundación ni la Clínica CES atribuyeron públicamente responsabilidades directas a una aseguradora en particular. Hasta el momento no se conoce una respuesta pública de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agrupa a varias EPS del régimen contributivo, ni un pronunciamiento del Ministerio de Salud y Protección Social frente a la situación específica reportada por los dos centros médicos antioqueños.
Por ahora no hay una fecha concreta en la que las autoridades sanitarias departamentales o nacionales vayan a pronunciarse formalmente sobre las alertas. La evolución de la ocupación de camas y la respuesta de las aseguradoras en los próximos días serán el primer indicador de si la sobrecarga tiende a ceder o si se mantiene sostenida, como advirtieron ambas instituciones en sus comunicados.
