Según la reconstrucción del ente acusador, Velandia Serrano habría actuado en coordinación con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para retener a las jóvenes en la plaza principal del municipio y trasladarlas luego a una vivienda, donde fueron sometidas a distintos vejámenes. Las víctimas habrían sido golpeadas y amenazadas tras ser señaladas de tener supuestos nexos con otro grupo armado ilegal.
"Al lugar presuntamente llegó Velandia Serrano, quien en su momento era teniente del Batallón de Artillería n.º 4, adscrito a la Cuarta Brigada, trasladó a la adolescente al baño y la agredió sexualmente, mientras su hermana era sometida a distintos vejámenes por otros hombres. Conductas a las que posteriormente también se habría unido el oficial", señaló la Fiscalía General de la Nación.
Las evidencias recopiladas indican que, tras los hechos, el oficial habría ordenado a la estructura paramilitar asesinar a las jóvenes y sepultarlas en un cerro de la región. Años más tarde, el entonces teniente habría dispuesto la exhumación de los restos para impedir que fueran hallados, una maniobra que mantuvo oculto el doble homicidio durante más de dos décadas.
"Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ordenó la captura del coronel (r), la cual fue materializada por unidades de la Sijín de la Policía Nacional en Medellín (Antioquia)", explicó el ente acusador.
Velandia fue vinculado mediante diligencia de indagatoria por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura en persona protegida agravada, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada. La figura de la indagatoria corresponde al procedimiento que rige para hechos cometidos antes de la entrada en vigor plena de la Ley 906 de 2004, que instauró el sistema penal acusatorio; por tratarse de infracciones contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario, los cargos no prescriben.
El expediente se suma a los procesos que la Fiscalía ha adelantado contra miembros de la Fuerza Pública señalados de colaborar con estructuras paramilitares en Antioquia durante la expansión del Bloque Metro a comienzos de los años dos mil. El caso más emblemático de esa connivencia sigue siendo la masacre de El Aro, en Ituango (1997), por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en 2006 por la acción conjunta de unidades militares y paramilitares.
La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos continúa con las diligencias del caso de las dos hermanas tras materializar la orden de captura contra el oficial en retiro, que permanece vinculado a la investigación.
