La tensión se originó cuando Devia, uno de los líderes sindicales presentes en la protesta, pidió a los manifestantes hacer «masiva» una comunicación dirigida a De La Espriella, a Restrepo y al gobierno entrante, en la que sostuvo que Petro habría dado «la orden directa» al coronel Zambrano de «atropellar los derechos» de ese liderazgo sindical. La acusación, formulada en plena jornada de movilización frente a la sede de la UNP, no fue acompañada de pruebas documentales conocidas hasta el momento.
La respuesta de Petro llegó por la misma vía. «Un sindicato de trabajadores jamás debe arrodillarse ante las mafias. He solicitado la judicialización inmediata de quienes quieren poner el dinero público, el de todo el pueblo colombiano, al servicio de la codicia mafiosa de quienes no les importa la vida de la gente amenazada de muerte en Colombia», escribió el mandatario. El mensaje no precisó ante qué autoridad —la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría— habría formalizado esa solicitud.
Una entidad clave para la protección de líderes
La UNP es el organismo adscrito al Ministerio del Interior encargado de coordinar los esquemas de protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y exfuncionarios amenazados en Colombia. El programa, cuyo funcionamiento resulta crítico para la vida de miles de personas bajo esquemas de seguridad, ha sido objeto recurrente de señalamientos sobre la eventual captura de esquemas de protección por parte de estructuras criminales, un fenómeno documentado en distintos pronunciamientos de órganos de control.
En el centro de la protesta está la intención del gobierno saliente de vincular directamente a la planta de personal de la UNP a alrededor de 1.000 personas que hoy prestarían servicios bajo modalidades de contratación distintas, según el relato de los propios sindicalistas movilizados. Los trabajadores sindicalizados sostienen que ese proceso se habría adelantado «a dedo», sin concurso público ni criterios de selección conocidos, lo que —advierten— abriría cuestionamientos sobre la transparencia en la vinculación de personal armado y con acceso a información sensible de seguridad.
Fernando Moreno, presidente de una de las organizaciones sindicales de la entidad, atribuyó la protesta a la falta de respuesta del director de la UNP ante solicitudes reiteradas de diálogo. «Hemos solicitado varias veces al director de la Unidad Nacional de Protección que haga presencia para que lleguemos a un diálogo o un acuerdo entre las organizaciones sindicales sobre qué va a hacer frente a la contratación de las 1.000 personas que quieren implementar de planta», señaló Moreno en diálogo con una emisora radial, e insistió en que la manifestación no busca confrontación sino un canal de negociación.
El dirigente agregó que la ausencia de interlocución llevó a mantener la protesta dentro de las instalaciones. «No hemos tenido acercamientos con ningún funcionario del programa de protección y lo que nosotros queremos es un diálogo y llegar a acuerdos mutuos, porque este programa no es de un Gobierno», afirmó, en una declaración que subraya el carácter permanente que los sindicatos reclaman para la UNP, con independencia de qué administración ocupe la Casa de Nariño.
Moreno hizo explícita referencia al cambio de gobierno en curso: «El Gobierno sale y los que quedamos somos los hombres de protección; queremos saber qué respuesta nos va a dar el director de la UNP». La frase resume la incertidumbre en buena parte de la planta de la entidad en el tramo final de la administración Petro, que concluye su mandato constitucional el 7 de agosto de 2026, cuando se produzca el relevo hacia el gobierno electo de De La Espriella.
Un empalme bajo presión sindical
El episodio se produce en un contexto de transición presidencial particularmente sensible para un organismo como la UNP. El proceso de empalme entre administraciones, regulado por la Ley 951 de 2005, contempla la entrega de informes detallados sobre la situación administrativa, presupuestal y de personal de las entidades públicas, un mecanismo que en este caso se cruza con la disputa sindical y con una decisión de contratación adoptada en las semanas finales del cuatrienio.
La UNP concentra una parte relevante del gasto en seguridad personal del Presupuesto General de la Nación destinado a la protección de población en riesgo, lo que convierte cualquier ajuste en su planta de personal en un asunto de alto escrutinio político y fiscal. Las tensiones entre entidades de seguridad y gobiernos salientes no son nuevas en Colombia: los procesos de empalme han generado fricción histórica en organismos cuyo funcionamiento no admite interrupciones, como los esquemas de protección de personas amenazadas.
De cara a las próximas semanas, el foco estará en si la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría abren alguna actuación a partir de la solicitud de judicialización anunciada por Petro, y en si el gobierno entrante de De La Espriella se pronuncia formalmente sobre las acusaciones de injerencia antes de la posesión del 7 de agosto de 2026. La continuidad del proceso de vinculación de personal, así como la suerte de los esquemas de protección de líderes amenazados, quedará entonces en manos de la nueva administración.
