El operativo se concentró en un territorio que las autoridades municipales describen como uno de los más sensibles de Medellín desde el punto de vista ambiental. Santa Elena, corregimiento rural ubicado en las estribaciones orientales de la ciudad, alberga nacimientos de agua, bosques nativos y vestigios arqueológicos que, según la Secretaría de Gestión y Control Territorial, exigen un régimen de protección estricto frente a la expansión urbanística informal.
Durante las visitas de campo, los funcionarios detectaron que algunas de las edificaciones suspendidas se encontraban dentro de las franjas de protección de las quebradas La Castro, La Caneca y Juan Alberto. De acuerdo con la entidad, estas áreas deben permanecer libres de construcciones para proteger los cauces, conservar las condiciones naturales del entorno y reducir los riesgos asociados a la ocupación de sus alrededores.
El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, explicó que el sector intervenido reúne condiciones ambientales y arqueológicas que ameritan una vigilancia particular. "Una construcción que avance sin cumplir las normas puede generar afectaciones sobre espacios que tienen un valor ambiental y patrimonial para toda la ciudad y la región", afirmó el funcionario, según el reporte oficial de la dependencia.
Velásquez Correa también planteó la hipótesis de que las edificaciones suspendidas formen parte de una dinámica más amplia de ocupación irregular del territorio. "Estamos atentos a posibles loteos ilegales, porque detrás de una construcción puede existir una problemática mucho mayor de ocupación del territorio", agregó el secretario, en referencia a la posible fragmentación y venta no autorizada de predios rurales en la zona.
La investigación no se limita a las cuatro construcciones suspendidas. La Secretaría adelanta la revisión de 85 edificaciones adicionales en el mismo sector de Alto de la Mora, con el propósito de establecer si existen procesos de loteo y comercialización irregular de terrenos que expliquen el crecimiento de construcciones en una zona con restricciones urbanísticas y ambientales.
Cada uno de esos casos, según indicó la Alcaldía de Medellín, será revisado y documentado de manera individual para determinar las condiciones específicas en que se levantaron las edificaciones. Los informes resultantes serán remitidos a la Corregiduría de Santa Elena, entidad encargada de adelantar las actuaciones administrativas correspondientes conforme al régimen de control urbano vigente en el municipio.
Un sector con antecedentes de riesgo
Alto de la Mora no es un sector desconocido para las autoridades de gestión del riesgo en Medellín. En 2021 un deslizamiento de tierra afectó varias viviendas del lugar, un episodio que obligó a la intervención de distintas entidades municipales y que desde entonces mantiene al sector bajo observación por su vulnerabilidad ante movimientos en masa, una condición geológica frecuente en las laderas orientales del Valle de Aburrá.
Ese antecedente añade una capa adicional de preocupación a los hallazgos actuales: la ocupación de zonas de protección hídrica y de reserva forestal no solo compromete el ecosistema, sino que puede incrementar la exposición de las viviendas construidas de manera informal a fenómenos de remoción en masa. Según la información entregada por la Secretaría, el control urbanístico sobre este sector no es una acción aislada, sino que se suma a labores de vigilancia desarrolladas en años anteriores frente a la ocupación y construcción irregular en la zona, lo que sugiere que la presión urbanística sobre Santa Elena es un fenómeno sostenido en el tiempo.
La Reserva Forestal Protectora del Río Nare, declarada para conservar las funciones hidrológicas y ecológicas de la cuenca, y la zona arqueológica de la cuenca alta de la quebrada Piedras Blancas están sometidas a un régimen de usos del suelo que restringe cualquier intervención constructiva. En Colombia, el control urbanístico municipal se apoya en la Ley 388 de 1997 —que regula el ordenamiento territorial y los planes de ordenamiento— y en el régimen de infracciones urbanísticas de la Ley 810 de 2003, que faculta a las autoridades locales para suspender obras, imponer multas y ordenar demoliciones cuando se construye sin licencia o en zonas de protección.
La expansión de construcciones informales en las periferias rurales de las grandes ciudades colombianas no es exclusiva de Medellín. Corregimientos y veredas cercanos a otras capitales del país han enfrentado presiones similares por parte de loteadores que fraccionan predios rurales para venderlos como lotes de vivienda campestre, muchas veces sin las licencias urbanísticas ni los estudios de riesgo exigidos por la normativa vigente, lo que ha llevado a distintas administraciones locales a reforzar sus dependencias de control territorial.
La Alcaldía de Medellín no precisó plazos definitivos para concluir la investigación de las 85 edificaciones restantes, aunque indicó que los hallazgos se documentarán caso por caso antes de trasladarlos a la Corregiduría de Santa Elena. El desenlace de ese proceso determinará si las autoridades ordenan demoliciones adicionales, imponen sanciones urbanísticas o remiten los casos a instancias judiciales en caso de identificar responsables de loteos ilegales.
Por ahora, la Secretaría de Gestión y Control Territorial mantiene activos los operativos de verificación en el corregimiento y ha señalado que continuará el seguimiento a los predios identificados como irregulares, en un esfuerzo por contener la presión urbanística sobre uno de los ecosistemas considerados estratégicos para el abastecimiento de agua y la conservación ambiental de Medellín.
