La comunicación enviada por Rubinstein a Shumate plantea que, al ser reconocida oficialmente como jefa de Estado de una nación extranjera desde el 5 de marzo de 2026, Rodríguez goza de inmunidad frente a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses mientras permanezca en el cargo, de acuerdo con los principios del derecho internacional consuetudinario que rigen la inmunidad de mandatarios en ejercicio.
En la misiva, la administración Trump subrayó la "especial importancia" de que el caso sea desestimado en lo que respecta a Rodríguez, invocando las "significativas implicaciones de política exterior" que tendría permitir que el proceso judicial continúe contra ella. El argumento central del gobierno estadounidense es que, al reconocer a Rodríguez como jefa de Estado, cualquier proceso en su contra afectaría directamente la relación bilateral con el gobierno que Washington reconoce en Caracas.
El trasfondo judicial es el proceso conocido como Kenemore contra Maduro, impulsado por ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela y que denunciaron haber sido víctimas de torturas y tratos degradantes durante su reclusión. Un juez federal ordenó recientemente el pago de una indemnización de 314 millones de dólares a favor de tres de esos demandantes.
Pese a esa condena, Rodríguez fue excluida del fallo tras la intervención del Departamento de Estado, que presentó ante el tribunal una sugerencia de inmunidad en su favor. La decisión judicial, sin embargo, mantiene los efectos económicos contra Nicolás Maduro y otros altos cargos del chavismo señalados en la demanda.
Un giro tras la captura de Maduro
El expediente se produce en un escenario político venezolano que cambió en los últimos meses. Tras la captura de Maduro, la administración Trump ha estrechado vínculos con el gobierno interino encabezado por Rodríguez, quien previamente ejerció como vicepresidenta del propio Maduro. Ese giro contrasta con la posición de otros sectores de la oposición venezolana, liderados por María Corina Machado, que continúan buscando una transición democrática definitiva en el país y que no coinciden con el reconocimiento que Washington otorgó a Rodríguez como interlocutora del proceso.
La figura invocada por el gobierno estadounidense —la inmunidad de jefes de Estado en ejercicio— tiene raíces en el derecho internacional consuetudinario y en la práctica de los tribunales de EE. UU., donde el Ejecutivo puede presentar ante la corte una "sugerencia de inmunidad" (suggestion of immunity) que, tradicionalmente, los jueces atienden por sus implicaciones diplomáticas. Ese mecanismo distingue entre la inmunidad de un mandatario mientras ocupa el cargo y la que pueda invocarse una vez lo deja.
La solicitud de inmunidad no implica un cierre definitivo del proceso Kenemore contra Maduro, que continúa activo contra los demás demandados no beneficiados por la sugerencia del Departamento de Estado. El tribunal del Distrito Sur de Florida deberá pronunciarse sobre la petición formal de desestimación en lo que respecta a Rodríguez.
Por qué el caso mira a Colombia
Para Colombia, el episodio no es ajeno. La extensa frontera colombo-venezolana y el flujo migratorio de años recientes convierten cualquier movimiento en la política interna venezolana en un factor de atención directa para la Casa de Nariño y para el Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha manejado la relación binacional en materia migratoria, comercial y de seguridad fronteriza, asuntos que han sido objeto de debates de control político en el Congreso de la República.
El debate sobre inmunidad de altos funcionarios extranjeros no es nuevo en la región ni en la propia justicia colombiana, donde la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han abordado en el pasado la situación jurídica de diplomáticos y jefes de misión acreditados en el país. Colombia y Venezuela mantienen, además, una historia de reconocimientos y desconocimientos diplomáticos cruzados: la ruptura de relaciones de 2019, cuando Bogotá reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado, y su restablecimiento en 2022 ilustran cómo el estatus de los interlocutores en Caracas ha condicionado la agenda binacional.
El desenlace del litigio en Florida y la respuesta del Departamento de Justicia a la petición de inmunidad serán, en las próximas semanas, un indicador de hasta dónde llega el respaldo de la Casa Blanca al gobierno interino que encabeza Rodríguez, y de qué margen queda para las demandas civiles que ciudadanos estadounidenses mantienen abiertas contra otros exfuncionarios del chavismo.
