La recomendación fue formalizada tras evaluar los pronósticos sobre el comportamiento climático para el periodo 2026-2027. El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es la instancia que reúne a las entidades encargadas de la prevención y atención de emergencias en el país. "Acabamos de aprobar por unanimidad del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres la recomendación para que sea adoptada por decreto la declaratoria de desastre nacional por la inminencia de un fenómeno de El Niño con graves consecuencias para el país 2026-2027", sostuvo Pava.
El director de la UNGRD precisó que la figura jurídica no exige que el daño ya se haya materializado. "No solamente se considera una situación de emergencia un hecho, una alteración, un algo que sea materializado, sino la inminencia misma de una acción que genere acciones o que requieran atención inmediata", dijo, en referencia al carácter preventivo de la medida.
El marco de la Ley 1523 y sus precedentes
El respaldo legal de la declaratoria se encuentra en la Ley 1523 de 2012, norma que estructura el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y que faculta al Estado para declarar una situación de desastre cuando el riesgo es inminente, sin necesidad de esperar a que los daños se materialicen. Este mecanismo permite responder de manera anticipada a riesgos asociados a la temporada de sequía, entre ellos la escasez de agua, el aumento de incendios forestales y las afectaciones a distintos sectores productivos.
El uso de esta figura no es inédito en el país. La propia Ley 1523 de 2012 fue promulgada tras la ola invernal asociada al fenómeno de La Niña de 2010-2011, considerada uno de los mayores desastres naturales de la historia reciente colombiana, que reformó por completo el marco institucional frente a emergencias. Desde entonces, gobiernos anteriores han recurrido a declaratorias similares ante fenómenos de El Niño y de La Niña, así como ante desastres puntuales, bajo el mismo marco normativo, lo que consolida un precedente institucional para decisiones anticipatorias.
Según explicó el presidente Petro durante la sesión, la recomendación se sustenta en la evidencia científica sobre la posible llegada de un fenómeno de El Niño de categoría "muy fuerte", una evaluación respaldada por organizaciones científicas internacionales y por los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), autoridad técnica del país en materia climática.
El fenómeno de El Niño es un patrón climático cíclico asociado al calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical, que en Colombia suele traducirse en una reducción de las lluvias, elevación de las temperaturas y mayor riesgo de incendios forestales, particularmente en el Caribe, los Llanos Orientales y zonas del Oriente antioqueño. El país vivió episodios intensos de este fenómeno en 1997-1998 y en 2015-2016, ambos catalogados entre los más fuertes registrados y con efectos documentados sobre el racionamiento eléctrico y el abastecimiento hídrico.
Incendios, agua y exportaciones en riesgo
En el Oriente antioqueño la amenaza ya tiene manifestaciones concretas: se han registrado 23 incendios forestales en lo que va de la actual temporada de sequía, de acuerdo con reportes de las autoridades regionales. Estos episodios anticipados alimentan la urgencia con la que el Gobierno Nacional busca formalizar la declaratoria antes de que la situación se agrave en los próximos meses.
El impacto económico preocupa especialmente al sector agrícola. Un fenómeno de la intensidad pronosticada pondría en riesgo ocho de las diez principales exportaciones agrícolas del país, entre ellas el café, el banano y las flores, productos que representan una porción significativa de las divisas que ingresan por la vía de las exportaciones no tradicionales del agro colombiano.
La declaratoria de desastre nacional, una vez formalizada mediante decreto de la Casa de Nariño, habilitaría al Gobierno para adoptar medidas extraordinarias en materia presupuestal, entre ellas la posibilidad de reasignar recursos del Presupuesto General de la Nación hacia la atención de emergencias, así como agilizar procesos de contratación pública para obras de mitigación, sin tramitar cada medida por las vías ordinarias que exige la contratación estatal en tiempos normales.
Petro no detalló en la sesión del Consejo el alcance completo de los decretos que se expedirían tras la declaratoria, aunque indicó que se adoptarán medidas adicionales orientadas a la gestión del recurso hídrico y a la prevención de incendios forestales. La UNGRD, como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, quedaría a cargo de articular la respuesta con las gobernaciones y alcaldías de las zonas de mayor exposición.
El siguiente paso es la expedición del decreto presidencial que formalice la declaratoria, tras lo cual el Gobierno reglamentará las medidas específicas de atención, según el procedimiento previsto en la normativa vigente. En las próximas semanas se conocerán los términos exactos del decreto y el monto de los recursos que se destinarían a la respuesta, un punto que previsiblemente será objeto de debate de control político en el Congreso de la República dada su magnitud presupuestal.
