El memorial se suma a la primera denuncia que Calderón España entregó a la Fiscalía el pasado 12 de julio, según reveló entonces la revista Semana, por un contrato de $21.000 millones entre Cenit —filial de Ecopetrol dedicada al transporte de hidrocarburos— y la firma Gesycobro S. A. S. para la prestación de servicios de asesoría jurídica. Aquel primer escrito abrió la puerta a que el ente investigador indagara el origen y las condiciones de ese contrato.
En la ampliación, la ANDJE solicita a la Fiscalía citar a declarar a un trabajador vinculado a una empresa de servicios jurídicos y de cobro de cartera, para que relate las circunstancias en las que, de acuerdo con la denuncia, algunos empleados habrían sido presionados para participar en actividades políticas como condición para mantener o renovar sus contratos.
El episodio concreto se habría producido en el municipio de Garzón, Huila. Según lo expuesto por la agencia, trabajadores de la firma contratista habrían sido instruidos para llevar personas a una reunión política, y su asistencia habría estado condicionada, según se afirma, a la renovación o a una nueva contratación con la compañía. La ANDJE sostuvo que ello pondría sobre la mesa el posible uso de empleados y contratistas en actividades político-electorales.
De confirmarse, ese hecho tocaría las normas colombianas que restringen la participación en política de servidores públicos y la utilización de recursos y personal de entidades del Estado con fines electorales. Por ahora se trata de una denuncia en fase preliminar: no existen imputaciones ni medidas de aseguramiento contra persona alguna en este frente.
El cambio en el modelo de contratación de Cenit
El segundo eje de la ampliación se concentra en lo que la agencia calificó como un cambio en el modelo histórico de contratación jurídica de Cenit. Según Calderón España, la filial mantenía tradicionalmente dos contratos separados: uno para la asesoría jurídica y otro, distinto, para la representación judicial ante los estrados.
La denuncia advirtió que en el nuevo proceso esos dos servicios se unificaron en un solo contrato. Por ello, el director de la ANDJE pidió a la Fiscalía que analice si existió alguna irregularidad relacionada con el alcance, la complejidad de las tareas, las exigencias a los proponentes y los controles que acompañaron esa unificación.
Ecopetrol es la mayor empresa de Colombia por ingresos y activos, y el Estado es su accionista mayoritario a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Por esa condición, cualquier presunta irregularidad en la contratación de sus filiales adquiere una dimensión de interés público que trasciende lo estrictamente corporativo.
La ANDJE es la entidad encargada de diseñar y coordinar la defensa jurídica de la Nación y de las entidades públicas. Su director tiene la facultad de poner en conocimiento de la Fiscalía hechos que considere susceptibles de investigación penal, sin que ello implique una acusación formal ni un señalamiento de responsabilidad contra funcionario o contratista alguno.
Hasta el momento no consta un pronunciamiento público de Ecopetrol sobre los señalamientos contenidos en la ampliación de la denuncia. Tampoco hay registro de una respuesta oficial de Cenit ni de la firma Gesycobro S. A. S. sobre el episodio de Garzón.
La revisión de esquemas de contratación en filiales de empresas estatales no es inédita en Colombia. En las últimas décadas, la Contraloría General de la República y la Fiscalía han abierto investigaciones sobre contratación en Ecopetrol y otras compañías públicas; el propio grupo arrastra el antecedente de la Refinería de Cartagena (Reficar), cuyos sobrecostos —cercanos a los US$4.000 millones según la Contraloría— derivaron en procesos por presuntas irregularidades contractuales que marcaron la agenda judicial del sector durante años.
El caso llega en un momento de atención sobre la conducción de Ecopetrol: el nuevo presidente de su junta directiva planteó días atrás la necesidad de avanzar de inmediato en el fracking, según reportó Semana el 10 de agosto, lo que reactivó el debate político y técnico sobre el rumbo de la compañía bajo la actual administración.
Qué sigue en la Fiscalía
Corresponde ahora a la Fiscalía General de la Nación determinar, en el marco de la Ley 906 de 2004, si los hechos denunciados constituyen conductas punibles, definir el eventual tipo penal aplicable y establecer si existe mérito para avanzar hacia una imputación contra las personas naturales o jurídicas que resulten involucradas. El ente investigador deberá decidir si asigna el caso a una unidad especializada y ordena la práctica de pruebas testimoniales y documentales. No hay, por el momento, fecha conocida para audiencia ni pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto.
