La crisis de Ceuta de mayo de 2021 se desató después de que España tratara en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresado bajo identidad falsa por complicaciones derivadas de la covid-19. Rabat interpretó el gesto como un respaldo a la causa saharaui y, en cuestión de horas, relajó los controles fronterizos en Ceuta, lo que permitió que miles de personas, entre ellas numerosos menores no acompañados, entraran a nado o caminando por la playa de El Tarajal.
El Gobierno de Pedro Sánchez calificó entonces lo ocurrido como una «crisis provocada» por Marruecos en represalia por el caso Ghali, una lectura que el Ejecutivo alauí nunca reconoció públicamente pese a que las relaciones bilaterales se congelaron durante meses. El informe policial al que se refiere ahora García-Page reabriría el debate sobre el grado de coordinación, anticipación o conocimiento previo que las autoridades españolas tuvieron sobre los movimientos en la frontera.
García-Page subrayó que, de confirmarse el contenido del documento, correspondería depurar responsabilidades políticas «en todos los órdenes», sin precisar qué cargos concretos deberían asumirlas. El presidente castellanomanchego no detalló el contenido íntegro del informe ni explicó por qué vía tuvo conocimiento de él.
Desde Moncloa, fuentes gubernamentales evitaron entrar a valorar el fondo del informe y se limitaron a reclamar prudencia hasta disponer de un análisis exhaustivo del documento. El Ejecutivo negó de forma expresa haber ocultado información sobre la crisis de 2021, tanto en su momento como con posterioridad, y remitió a las explicaciones que entonces ofrecieron el propio Sánchez y la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ante el Congreso.
El marco institucional para depurar responsabilidades pasa, en primer término, por las comisiones parlamentarias del Congreso de los Diputados, que ya en 2021 celebraron comparecencias sobre la crisis fronteriza, y por la propia investigación policial y judicial dirigida a determinar posibles delitos de facilitación de la inmigración irregular, tipificados en el artículo 318 bis del Código Penal. Una eventual reactivación exigiría la remisión del informe a la instancia competente y, en su caso, nuevas peticiones de comparecencia.
El precedente más directo de una crisis fronteriza con dimensión diplomática similar se remonta al incidente del islote Perejil en 2002, cuando un contingente de la Gendarmería marroquí ocupó brevemente ese peñón deshabitado frente a las costas de Ceuta, lo que obligó a una intervención militar española y a una mediación de Estados Unidos para desescalar la tensión entre Madrid y Rabat.
Marruecos ha sido históricamente un socio estratégico y a la vez una fuente de fricción para España en materia migratoria, dado que buena parte de los flujos hacia Ceuta, Melilla y las Islas Canarias transitan por su territorio antes de intentar el cruce. Según el Ministerio del Interior, las llegadas irregulares a las costas e infraestructuras fronterizas españolas han fluctuado en los últimos años en función, entre otros factores, del grado de cooperación policial que Rabat ha estado dispuesto a ofrecer en cada momento.
El propio Sánchez viajó a Rabat en abril de 2022 para normalizar las relaciones bilaterales tras casi un año de tensión, en un giro que incluyó el respaldo a la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental como base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. Aquel cambio de postura generó críticas de partidos de la oposición y de sectores de la izquierda parlamentaria, y reabrió el debate sobre qué concesiones se hicieron a cambio de la reconducción de la crisis migratoria.
La oposición ha empleado los episodios de tensión con Marruecos para cuestionar la gestión gubernamental de la política exterior y migratoria. Otros partidos, en cambio, han pedido separar la investigación policial de la disputa política y han reclamado que sean la Fiscalía o los órganos judiciales competentes quienes determinen, con las garantías del procedimiento, si hubo alguna irregularidad en la actuación de las autoridades españolas o algún grado de conocimiento previo no comunicado a la opinión pública.
Organizaciones humanitarias documentaron en su momento las circunstancias de la crisis de 2021, incluida la situación de vulnerabilidad de los menores que llegaron sin referentes familiares, y reclamaron una investigación sobre el trato recibido durante las devoluciones ejecutadas en los días posteriores, algunas cuestionadas por el Defensor del Pueblo.
A falta de que se difunda el contenido completo del informe policial, el recorrido inmediato pasaría por su remisión a las instancias judiciales o parlamentarias que corresponda, así como por una posible petición de comparecencia de responsables del actual o del anterior Gobierno ante el Congreso para que ofrezcan explicaciones adicionales sobre lo que sabían y cuándo lo supieron.
La relación entre Madrid y Rabat, estable tras el realineamiento de 2022, podría verse sometida a un nuevo test político si el contenido del informe llegara a confirmarse y obligara a reabrir explicaciones diplomáticas sobre el papel de las autoridades marroquíes en los sucesos de mayo de 2021, en un contexto en el que ambos países mantienen intereses compartidos en materia de seguridad, comercio y control migratorio.
