La visita de Garamendi a Ceuta se produce en un contexto de tensión migratoria que ha afectado de forma directa a la actividad económica de la ciudad autónoma, cuyo tejido empresarial está compuesto mayoritariamente por pequeño comercio. Según trasladó el presidente de la patronal tras reunir a la Junta Directiva en la ciudad, la situación ha generado un deterioro de la actividad que los empresarios locales atribuyen a la falta de control fronterizo. «Los empresarios nos dicen que lo que quieren es vivir como vivían antes, quieren volver a la normalidad», subrayó Garamendi, quien denunció que en Ceuta «no hay libertad de empresa».
El líder empresarial enmarcó la crisis como un asunto de soberanía nacional y evitó señalar responsables concretos, remitiendo esa cuestión a una rendición de cuentas posterior. «Se tendrá que decidir quién lo ha hecho bien o mal, pero no puede volver a pasar. Es un atentado contra la soberanía», enfatizó. Garamendi advirtió de que las pérdidas de los negocios «son evidentes» y de que la situación obliga a algunas empresas a contratar seguridad privada para operar.
La presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Arantxa Campos, reclamó una solución inmediata y un plan estructurado mientras se prolongue la crisis. Campos reconoció valor a las medidas ya adoptadas por el Ministerio de Economía, pero insistió en que resultan insuficientes al no existir un horizonte claro para el retorno a la normalidad. «Mientras estemos en esta situación, las ayudas son total y absolutamente insuficientes», lamentó, en un diagnóstico que coincide con el de Garamendi al situar el problema de fondo en la gestión de la frontera y la seguridad más que en lo estrictamente económico.
La crisis en Ceuta no es inédita. La ciudad autónoma ya vivió un episodio de entrada masiva en mayo de 2021, cuando en apenas 48 horas cruzaron la frontera cerca de 8.000 personas aprovechando una relajación de los controles marroquíes, en el marco de una crisis diplomática entre Rabat y Madrid por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio provocó también entonces pérdidas para el sector comercial ceutí y un debate sobre la dependencia de la ciudad respecto a la cooperación de Marruecos en el control fronterizo.
La ruptura con el Gobierno por la ley de lobbies
Al margen de la situación en Ceuta, Garamendi anunció la congelación de todos los contactos de la CEOE con el Gobierno como respuesta a la aprobación de un Real Decreto-ley que crea un registro público de grupos de interés. La norma obliga a organizaciones empresariales y sindicales a inscribirse siempre que desarrollen actividades orientadas a influir en la elaboración de políticas públicas o proyectos normativos, equiparando a la patronal con otros grupos de presión que operan en España. «Hoy he transmitido a nuestras organizaciones, casi 4.500 organizaciones en la CEOE, que no vamos a hablar con el Gobierno porque acaban de sacar la ley de lobbies y nos han incluido en la ley», explicó el presidente de la patronal, que llegó a advertir: «Ni nos pondremos al teléfono».
La suspensión de la interlocución institucional se mantendrá hasta el 16 de septiembre, fecha en la que el Congreso deberá votar la convalidación o derogación del decreto conforme al procedimiento del artículo 86 de la Constitución para las normas de urgencia, que exige su ratificación por la Cámara en un plazo de 30 días desde su promulgación. Garamendi confía en que la norma sea rechazada en esa votación, momento a partir del cual la CEOE condiciona la reanudación del diálogo.
Garamendi defendió que la CEOE no puede equipararse a un grupo de interés convencional, apelando a su reconocimiento constitucional como agente social en el artículo 7 de la Carta Magna, que atribuye a las organizaciones empresariales y sindicales la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios. «Nosotros defendemos a las empresas con sentido de Estado», remarcó, en lo que constituye el argumento central de la patronal para rechazar su inclusión en el registro.
El decreto se enmarca en los compromisos de transparencia institucional que España ha incorporado en los últimos años, en línea con las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, que desde hace más de una década reclama a España una mayor regulación de la actividad de los lobbies.
Negociación colectiva en punto muerto
La tensión con el Ejecutivo se extiende también a la negociación colectiva. Garamendi admitió que resulta «difícil» avanzar en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) mientras no exista, en sus palabras, un «espacio seguro» respecto a las medidas que maneja el Ministerio de Trabajo, en referencia a la revisión legal que impediría absorber las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) mediante pluses o complementos salariales.
Esa modificación normativa formó parte de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos en el marco de la última subida del SMI, pero continúa sin materializarse en una reforma aprobada, lo que ha generado incertidumbre entre las organizaciones empresariales sobre su alcance final y su impacto en los costes laborales, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como el comercio y la hostelería. El pulso se produce en un momento en que CEOE y Gobierno mantienen frentes abiertos también en fiscalidad y jornada laboral, lo que dificulta cualquier acercamiento antes de la votación parlamentaria.
A partir de ahora, dos calendarios marcarán la evolución de ambos frentes: en Ceuta, la respuesta del Gobierno a la demanda de refuerzo de la seguridad fronteriza y de un plan de apoyo económico específico para los comercios afectados; y en Madrid, la votación del 16 de septiembre en el Congreso, que determinará si el registro de lobbies se mantiene, se modifica o decae, y con ello si se reanuda o no el diálogo institucional entre la CEOE y el Ejecutivo. La patronal representa, según sus propios datos, a cerca de 4.500 organizaciones empresariales de toda España, lo que la convierte en el principal interlocutor social del sector privado ante el Gobierno.
