El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, sostuvo que el grueso del impacto económico no proviene de la mortalidad animal, sino de la pérdida de peso del ganado. "El monto se genera, en primer orden, por la pérdida en dinero por menor peso de los animales", indicó el dirigente gremial al presentar el reporte, que desagrega las pérdidas por departamento y por tipo de afectación.
Según el documento, la pérdida de peso bovino representa por sí sola $11.339 millones del total estimado, es decir, cerca del 88 % del cálculo. Bolívar concentra el mayor golpe, con $6.543 millones, seguido de Sucre, con $4.407 millones. Santander y Norte de Santander registran afectaciones menores en este concepto: $387 millones y $2 millones, respectivamente, un contraste que ubica el mayor daño económico en el Caribe frente a la región de frontera oriental.
La producción láctea constituye el segundo frente de pérdidas, con $1.522 millones atribuidos a la caída en los volúmenes de leche. Bolívar vuelve a aparecer como el departamento más afectado, con $625,9 millones, seguido de Sucre, con $445,4 millones, y Arauca, con $350 millones. La coincidencia de Bolívar y Sucre en los dos indicadores económicos —peso y leche— concentra el impacto en el Caribe, donde predomina el déficit hídrico frente a las inundaciones registradas en otras regiones.
Más allá del impacto en dinero, el reporte cuantifica en más de 3.000 los bovinos muertos por las inundaciones y la sequía. Sucre encabeza esa cifra con 2.514 animales fallecidos, seguido de Bolívar con 568. En Arauca y Casanare, el gremio reconoció que todavía no ha sido posible consolidar un número definitivo de reses muertas, lo que deja abierta la posibilidad de que el balance final sea mayor.
La respuesta de los productores ante el deterioro climático incluyó el desplazamiento de animales hacia zonas más favorables: en total, 266.000 bovinos debieron movilizarse en los siete departamentos analizados. Casanare lidera ese registro con 166.000 cabezas trasladadas, seguido de Sucre con 54.000 y Arauca con 24.000. El informe también documenta el impacto sobre la tierra productiva, con más de un millón de hectáreas ganaderas afectadas. Caquetá figura como el departamento con mayor superficie comprometida, con 500.000 hectáreas, seguido de Sucre con 270.000 y Casanare con 216.000; Arauca, Bolívar, Santander y Norte de Santander cierran la lista con extensiones de entre 384 y 17.000 hectáreas.
Ante la magnitud del balance, Lafaurie manifestó que la Federación acompaña a los ganaderos afectados y solicitó al Gobierno nacional que "reestructure los créditos con tasa preferencial o subsidiada; devolución del IVA en la compra de insumos agropecuarios; y créditos con tasa diferencial". El gremio considera que estas medidas permitirían aliviar la situación financiera de los productores y contribuir a la recuperación de la actividad.
El planteamiento se enmarca en un mecanismo institucional conocido en el sector agropecuario colombiano: las líneas de crédito con tasa subsidiada canalizadas a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) y el Banco Agrario, empleadas en emergencias climáticas previas. La solicitud de devolución del IVA en insumos apunta a un alivio de caja inmediato para productores que enfrentan simultáneamente menores ingresos y costos de insumos sin variación.
La coexistencia de excesos de lluvia en unas regiones y sequía severa en otras dentro de un mismo balance no es inédita para la ganadería colombiana. El fenómeno de El Niño ha derivado en episodios de déficit hídrico en el Caribe, mientras el ciclo de La Niña se asocia a inundaciones en los Llanos Orientales, un patrón de variabilidad climática que distintos gremios agropecuarios han señalado como recurrente en las últimas décadas. El propio sector ha insistido en fortalecer instrumentos de gestión del riesgo, incluidos los seguros agropecuarios, en un país donde la ganadería bovina ocupa una porción significativa del uso del suelo rural.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no se había pronunciado sobre las peticiones formuladas por Fedegán, por lo que no es posible precisar si el Gobierno nacional evalúa activar líneas de crédito específicas para los departamentos mencionados en el reporte gremial.
De cara a los próximos meses, el sector quedará a la espera de una respuesta formal del Gobierno nacional, mientras el gremio continúa monitoreando la evolución de las condiciones climáticas en los departamentos más afectados. La consolidación de las cifras pendientes de mortalidad en Arauca y Casanare, así como el seguimiento a la recuperación de peso del hato desplazado, serán indicadores clave para determinar si el balance de pérdidas se amplía en las próximas semanas.
