La colisión que mató a Germán y Jerónimo se produjo el viernes 8 de mayo a las 11:17 de la mañana, a ochenta millas náuticas de la costa de Huelva, en un punto del Atlántico donde el GPS marca coordenadas que pertenecen más al océano abierto que a la jurisdicción de ningún país. Dos patrulleras del SERMAR —la Río Tinto y la Isla de Saltés— perseguían una semirrígida de once metros propulsada por tres motores Mercury Verado de 400 caballos cada uno, una configuración que permite a las narcolanchas alcanzar velocidades superiores a los 60 nudos y que convierte la persecución marítima en un ejercicio de temeridad calculada donde la ventaja tecnológica está siempre del lado del traficante. La Río Tinto, con Germán al timón, intentó una maniobra de interceptación por babor mientras la Isla de Saltés, con Jerónimo como segundo al mando, cerraba por estribor. La narcolancha viró bruscamente a 42 nudos y la estela que dejó provocó una pérdida de control de la Río Tinto que impactó lateralmente contra la Isla de Saltés a una velocidad estimada de 28 nudos. El impacto volcó la Río Tinto y proyectó a Germán contra la borda de la Isla de Saltés. Jerónimo fue alcanzado por una pieza del casco desprendida en la colisión. Los dos murieron antes de que el helicóptero de Salvamento Marítimo, que tardó 47 minutos en llegar porque estaba asignado a otra emergencia en la costa de Cádiz, pudiera realizar el rescate. Otros dos guardias civiles resultaron heridos y permanecen ingresados en el Hospital Juan Ramón Jiménez con pronóstico favorable.
El funeral, que comenzó a las 11:00 con un repique de campanas que se escuchó en todo el casco histórico de Huelva, ha sido una de esas ceremonias en las que la liturgia católica se funde con el protocolo militar y con el duelo popular hasta crear un ritual que trasciende las categorías habituales. Los dos féretros, cubiertos con la bandera de España y escoltados por ocho guardias civiles de gala con uniforme de gran etiqueta, entraron en la catedral precedidos por la Cruz de San Fernando portada por el coronel jefe de la Comandancia de Huelva, Antonio Sierras Martínez, quien se detuvo ante el altar mayor para pronunciar una oración castrense que arrancó lágrimas incluso a los políticos de la primera fila. Las familias de Germán y Jerónimo ocuparon los bancos delanteros del lado del evangelio: la esposa de Germán, María del Carmen Vázquez, sostenía la mano de su hija de 14 años, Laura, que no levantó la mirada del suelo durante toda la ceremonia; la esposa de Jerónimo, Inmaculada Reyes, estaba flanqueada por sus dos hijos, Pablo de 17 y Elena de 12, y por los padres de Jerónimo, que viajaron desde Villanueva del Rosario en un coche oficial proporcionado por la Subdelegación del Gobierno en Málaga.
El obispo Gómez Sierra pronunció una homilía que, sin abandonar el registro religioso, contenía un mensaje político inequívoco: «No basta con llorar a nuestros muertos si después les negamos los medios para que no se repitan las tragedias. Estos hombres salieron al mar con embarcaciones que tienen veinte años de antigüedad para perseguir a criminales que renuevan sus lanchas cada temporada. La responsabilidad del Estado no termina con el funeral, empieza con el funeral.» Las palabras del obispo fueron recibidas con un aplauso espontáneo que rompió el silencio de la catedral y que los servicios de protocolo no intentaron contener porque hacerlo habría sido tan imposible como imprudente. Pedro Sánchez, sentado en la primera fila del lado de la epístola junto a Grande-Marlaska y la ministra de Defensa Margarita Robles, mantuvo durante todo el funeral una expresión grave que los analistas de comunicación no verbal describen como de incomodidad controlada, y que contrasta con la serenidad que mostró Feijóo, sentado tres asientos más allá, quien en un gesto que no pasó desapercibido para las cámaras se acercó al final de la ceremonia a las familias para ofrecerles un abrazo que las crónicas han descrito unánimemente como genuino.
La dimensión política del funeral ha sido inevitable pese a la tregua declarada por todos los partidos con motivo del luto oficial. Grande-Marlaska confirmó a los periodistas en el atrio de la catedral que ha firmado la apertura de un expediente disciplinario contra el mando que autorizó la persecución de la narcolancha sin solicitar apoyo aéreo, una decisión que según los protocolos vigentes del SERMAR debería haber sido respaldada por un helicóptero de la Guardia Civil o de Salvamento Marítimo antes de que las patrulleras superaran las 40 millas de distancia de la costa. «Los protocolos existen para proteger a nuestros agentes, y cuando no se cumplen, las consecuencias las pagan los mejores», declaró el ministro, una frase que la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha acogido con escepticismo porque, según su portavoz nacional David Barrero, «el problema no es que un mando incumpliera el protocolo, el problema es que el protocolo está diseñado para una realidad que no existe: no hay suficientes helicópteros, no hay suficientes embarcaciones modernas, no hay suficiente presupuesto para que el SERMAR pueda combatir al narcotráfico con garantías».
El PP ha aprovechado el contexto para registrar esta misma mañana en el Congreso una proposición no de ley que exige al gobierno la aprobación de un plan de emergencia de 200 millones de euros para la renovación integral de la flota del Servicio Marítimo. La proposición, firmada por la portavoz del grupo popular Cuca Gamarra y por el diputado por Huelva Juan Antonio Barrios, incluye la adquisición de doce nuevas patrulleras de interceptación rápida con capacidad para superar los 50 nudos, la incorporación de cuatro drones marítimos de vigilancia de largo alcance, la dotación de chalecos antibalas marítimos de última generación para todos los agentes del SERMAR, y la creación de un centro de coordinación interministerial que integre las capacidades de la Guardia Civil, la Armada, Salvamento Marítimo y la Agencia Tributaria en la lucha contra el narcotráfico marítimo. La ministra Robles, que visitará mañana la base del SERMAR en Algeciras, ha declarado que el gobierno trabaja ya en un plan de modernización cuyo contenido dará a conocer en las próximas semanas.
La AUGC ha publicado esta tarde un comunicado de siete páginas en el que denuncia que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil opera en condiciones que cualquier inspección laboral consideraría inaceptables en el sector privado: embarcaciones con más de quince años de servicio cuyo mantenimiento se realiza con presupuestos que no cubren las necesidades reales, tripulaciones que operan en turnos de doce horas sin relevos por falta de personal, equipos de comunicación que pierden cobertura más allá de las 30 millas de la costa, y una ausencia casi total de coordinación con la Armada y con Salvamento Marítimo que convierte cada operación en un ejercicio de improvisación. El comunicado incluye un dato que ha conmocionado a la opinión pública: desde 2018, catorce agentes del SERMAR han muerto o resultado gravemente heridos en operaciones contra el narcotráfico, una cifra que convierte al Servicio Marítimo en la unidad más peligrosa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado proporcionalmente al número de efectivos.
La reacción de la ciudadanía de Huelva ha trascendido con mucho el perímetro de la catedral y se ha extendido por toda la provincia con una intensidad que las autoridades locales no anticipaban. Los Patios de Córdoba, que este fin de semana celebraban la última jornada de su festival declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, han guardado un minuto de silencio en solidaridad con Huelva. En Isla Cristina, el pueblo pesquero donde Germán vivía con su familia desde hacía veinte años, los pescadores han amarrado sus barcos con crespones negros y han organizado una procesión marítima que saldrá esta noche del puerto con antorchas y que recorrerá la costa hasta el punto aproximado donde se produjo la colisión. En Punta Umbría, los bañistas de la playa de La Bota han formado espontáneamente una cadena humana de 200 metros mirando al mar. La respuesta ciudadana ha sido interpretada por los analistas como una expresión de hartazgo colectivo frente a un problema —el narcotráfico marítimo en las costas andaluzas— que la sociedad percibe como enquistado y frente al cual el Estado ha demostrado durante décadas una incapacidad que oscila entre la indiferencia y la impotencia.
El luto oficial, que la Junta de Andalucía ha decretado por tres días y que el gobierno central ha extendido a todas las dependencias del Estado, ha tenido un efecto colateral en la campaña de las elecciones andaluzas del 17-M: los tres principales partidos —PP, PSOE y Vox— han suspendido todos los actos de campaña hasta el martes, una decisión que altera los cálculos electorales de los estrategas porque la última semana de campaña es habitualmente la más decisiva para la movilización del voto. Los sondeos del CENTRA publicados ayer sitúan al PP de Juanma Moreno en el 42,4% de intención de voto, una cifra que según la horquilla de escaños le dejaría entre 53 y 56 diputados, con la mayoría absoluta en 55. El PSOE de Juan Espadas se hunde hasta el 20,1%, su mínimo histórico en Andalucía, y Vox de Manuel Gavira sube al 14,4% con una estimación de 17 a 19 escaños que le convertiría en llave de gobierno si Moreno no alcanza la absoluta. La suspensión de la campaña, paradójicamente, podría beneficiar al PP porque congela una tendencia favorable y evita que eventuales errores de los últimos días puedan alterar la dinámica.
