La decisión del Ejecutivo llega en medio de la presión por el incremento de las cifras de cultivos ilícitos, un fenómeno que, según los reclamos que circulan en el país, refleja debilidad operativa del Estado en materia de erradicación. Entre 2022 y 2024, según el material disponible, el área cultivada creció aproximadamente un 13,5 %, y cerca del 90 % de esas extensiones se ubica en zonas donde la coca tiene presencia histórica, lo que sugiere que la expansión reciente se concentra en los mismos corredores y no en nuevos territorios.
Lo que hizo la administración actual no fue desplegar de inmediato los helicópteros con fumigantes, sino eliminar la norma que mantenía suspendida la aspersión aérea, un paso que deja abierta la posibilidad de reactivar la fumigación. Se trata de un movimiento administrativo que remueve un obstáculo normativo interno del Ejecutivo, pero que no sustituye el trámite judicial y técnico exigido antes de cualquier operación real con aeronaves sobre territorio nacional.
Vargas, congresista que durante el gobierno de Gustavo Petro participó activamente en la cartera de salud, fue enfático en su reacción: "Volver a fumigar con glifosato no depende de la voluntad del Gobierno". Con esa frase, el legislador buscó trasladar el centro del debate desde la decisión administrativa hacia el marco jurídico que, a su juicio, condiciona cualquier reactivación de la aspersión aérea.
El congresista invocó directamente a la Corte Constitucional. "La Corte Constitucional estableció condiciones claras: proteger la salud y el ambiente, y garantizar la consulta previa donde corresponda. Sin cumplirlas, no puede haber aspersión", sostuvo. Con ello subrayó que cualquier plan de aspersión deberá surtir un proceso ante las autoridades ambientales y judiciales competentes, con estudios de impacto y consulta previa, antes de que una aeronave pueda sobrevolar un cultivo de coca con glifosato.
Un proyecto para prohibir el herbicida por ley
La posición del congresista no es aislada dentro de su bancada. El Pacto Histórico tiene en trámite en el Legislativo un proyecto de ley que busca consagrar por vía legislativa la prohibición total del glifosato y sus derivados para la erradicación de cultivos ilícitos. La iniciativa, promovida entre otros por la senadora Esmeralda Hernández, argumenta afectaciones graves a la salud humana y al ambiente derivadas del uso de ese herbicida en aspersión aérea.
Vargas retomó además una consigna que la administración anterior había posicionado en el debate sobre política antidrogas: "El agua y la vida de nuestros territorios no se negocian". La frase resume el argumento de fondo de quienes se oponen a la fumigación aérea: el temor a la contaminación de fuentes hídricas y suelos agrícolas en zonas donde conviven cultivos ilícitos con economías campesinas legales.
El debate sobre el glifosato no es nuevo en la historia reciente del país. La aspersión aérea con ese herbicida se utilizó de forma masiva desde finales de los años noventa como parte de la estrategia antinarcóticos respaldada por el Plan Colombia, hasta que la Corte Constitucional ordenó su suspensión en 2015 por razones de salud pública, tras advertencias de organismos internacionales sobre su potencial cancerígeno. Desde entonces, sucesivos gobiernos han evaluado reactivarla sin lograr cumplir plenamente las condiciones judiciales exigidas.
Esas condiciones —protección de la salud pública, garantías ambientales y consulta previa en los territorios donde existan comunidades étnicas afectadas— operan como precondición para cualquier plan de erradicación aérea. El eventual regreso de la aspersión, por tanto, no se resuelve con un acto de voluntad política, sino con el cumplimiento verificable de los requisitos que la propia Corte fijó en su jurisprudencia.
Desde sectores cercanos al Gobierno no se ha ofrecido hasta el momento una respuesta pública directa a las críticas de Vargas, aunque el anuncio oficial se ha presentado en el marco de los reclamos por resultados más contundentes frente al avance de los cultivos ilícitos, especialmente en zonas de frontera y corredores estratégicos del narcotráfico.
El pulso entre el Ejecutivo y sectores del Congreso sobre esta política no es meramente simbólico: de él depende en buena medida el rumbo de la estrategia antidrogas en los próximos años, en un momento en que la producción de coca se mantiene como uno de los principales puntos de tensión en la relación con socios internacionales, particularmente EE. UU., que históricamente ha condicionado parte de su cooperación en seguridad a los resultados en la lucha contra los cultivos ilícitos.
El proyecto de ley que busca prohibir de forma permanente el glifosato para fines de erradicación seguirá su trámite en el Congreso en las próximas semanas, mientras el Gobierno deberá definir si avanza hacia una solicitud formal ante las autoridades ambientales para reactivar la aspersión aérea, un proceso que, de iniciarse, tomaría meses antes de traducirse en operaciones efectivas sobre el terreno.
