El pronunciamiento se conoció después de que trascendiera la citación contra Jaimes, quien estuvo al frente del caso mientras se tramitaba en la Fiscalía General de la Nación, antes de que el expediente pasara a conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá. "Es inadmisible que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia llame a interrogatorio al doctor Gabriel Ramón Jaimes por sus actuaciones en el caso de Álvaro Uribe Vélez", escribió el exfiscal general en un mensaje extenso en el que defendió la conducta de su antiguo subalterno.
Barbosa argumentó que Jaimes "actuó correctamente mientras conoció el caso" y que no hace falta estar especialmente informado para constatar que sus planteamientos jurídicos, orientados a solicitar la preclusión del proceso, terminaron siendo, en esencia, los mismos que adoptó el Tribunal Superior de Bogotá al absolver al expresidente. "No se necesita estar especialmente informado para saber que sus tesis frente a la preclusión fueron, en buena medida, las que finalmente acogió el Tribunal Superior de Bogotá para absolver al expresidente Uribe", señaló.
El exfiscal anticipó cuál debería ser, a su juicio, el desenlace de cualquier actuación contra Jaimes. "De existir una investigación en su contra, lo único que procedería es archivar las diligencias por atipicidad objetiva de la conducta. No puede haber prevaricato cuando se acierta en la interpretación del derecho", sostuvo, en referencia al delito que se desprende de su mensaje como eje de la citación.
En su pronunciamiento, Barbosa recordó que una decisión judicial previa que afectó a Jaimes fue revocada y dirigió una crítica directa al ente acusador. "Le recuerdo a la Fiscalía, por si no se ha enterado, que una juez del circuito ya profirió una sentencia condenatoria vergonzosa que terminó siendo revocada. La Fiscalía General de la Nación no se puede prestar para realizar injusticias", concluyó.
El delito que sobrevuela la diligencia
El prevaricato, tipificado en el Código Penal colombiano, sanciona al servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Para que se configure, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia exige que la decisión cuestionada carezca de todo sustento jurídico razonable, un umbral que Barbosa considera no alcanzado en las actuaciones de Jaimes durante el trámite del caso.
La citación a interrogatorio, en el marco del sistema penal acusatorio regulado por la Ley 906 de 2004, es una diligencia que no equivale a una imputación formal ni implica, por sí sola, la apertura de un proceso penal contra quien es llamado a comparecer. No consta que Jaimes haya sido vinculado como indiciado o imputado, por lo que la citación se mantiene en una fase preliminar cuyo alcance no ha sido precisado públicamente por la Fiscalía.
El caso contra Uribe Vélez atravesó varias etapas antes de su desenlace: un juzgado penal del circuito de Bogotá emitió en primera instancia una sentencia condenatoria contra el expresidente por los delitos de soborno y fraude procesal, fallo que posteriormente fue revocado por el Tribunal Superior de Bogotá, que lo absolvió. Fue la primera vez que un exmandatario colombiano enfrentó un juicio penal en su contra, en un proceso cuya instrucción asumió inicialmente la Corte Suprema de Justicia por el fuero que amparaba a Uribe como senador.
El escrutinio sobre la conducta de fiscales que intervinieron en procesos de alto perfil no es inédito en la historia judicial reciente del país; la actuación de funcionarios del ente acusador en casos con relevancia política ha sido objeto de controversias sobre los límites entre el criterio jurídico y la eventual responsabilidad disciplinaria o penal.
Ni la Fiscalía General de la Nación ni el fiscal delegado que citó a Jaimes se han pronunciado públicamente sobre las razones concretas de la diligencia ni sobre las declaraciones de Barbosa, por lo que no ha sido posible contrastar la versión del exfiscal general con la del ente investigador. Jaimes tampoco ha hecho declaraciones públicas sobre la citación desde que esta trascendió, y se desconoce si acudirá acompañado de defensa técnica o si ha solicitado algún aplazamiento de la diligencia.
Está por verse si la citación deriva en una investigación formal o si, como pronostica Barbosa, las diligencias terminan archivadas. De la respuesta de la Fiscalía dependerá que el capítulo judicial del caso Uribe Vélez, cerrado con la absolución del Tribunal Superior de Bogotá, abra ahora una ramificación sobre quienes intervinieron en las distintas etapas del proceso.
