El proyecto lo presenta el Tribunal Electoral, cuyos magistrados Narciso Arellano y Luis Guerra asistieron a la sesión; Alfredo Juncá no acudió. Fue Arellano quien sustentó la propuesta antes de las intervenciones ciudadanas, con el argumento de que el Código Electoral necesita actualizarse.
"Las reglas que determinen quiénes pueden participar, cómo organizar las candidaturas, de qué manera se financian las campañas, cómo se contabilizan los votos y cómo se resuelven las controversias electorales deben responder a criterios de igualdad, transparencia, seguridad jurídica y proporcionalidad", dijo Narciso Arellano, magistrado del Tribunal Electoral.
Elia López de Tulipano, de la Alianza de Mujeres de Panamá, propuso paridad en las nóminas para presidente, diputado, alcalde y representante de corregimiento, un acuerdo de "no violencia política digital" y limitar a uno los cargos a los que puede postularse un aspirante. "Si nada más puedes ocupar un cargo, ¿por qué postularse por dos, tres o cuatro? Nosotros creemos que hay una incongruencia en la norma", planteó.
El financiamiento pasó de $15 a $109 millones
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, abordó el financiamiento público, fijado por el Código en el 1% de los ingresos corrientes del Estado. Según los datos que expuso, ese porcentaje representó unos $15 millones en 1999, $109 millones en la elección de 2024 y una proyección cercana a $157 millones para 2029. Propuso reducirlo a 0.50%, unos $80 millones, y bajar el tope de donaciones privadas, que hoy permite a un aspirante presidencial recibir hasta $10 millones.
De Obaldía apuntó además a un vacío normativo sobre los fondos privados sobrantes: "Encontramos un vacío en la norma con relación a las donaciones privadas que se recogen. Cuando no se gastan en la campaña, ¿qué pasa con ese diferencial?", se preguntó. Los diputados de Vamos Janine Prado y Jorge González también propusieron reducir el porcentaje de financiamiento público.
Alma Cortés, primera subsecretaria del oficialista Realizando Metas, dirigió sus reclamos a los magistrados del Tribunal Electoral. Pidió regular la potestad reglamentaria del organismo y recordó que en la campaña anterior "salían decretos como pan de panadería" que modificaban "las reglas del juego" en pleno proceso. Propuso que, tras el decreto que convoca a elecciones y hasta su cierre, no exista reglamentación alguna.
Cortés reclamó también la fiscalización única de los partidos —"O nos fiscaliza la Contraloría o nos fiscaliza el Tribunal Electoral", dijo, al cuestionar la doble revisión— y pidió excluir del proyecto el artículo que elimina la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). Recordó que ese foro sesionó "casi nueve meses, 35 sesiones", cuyo resultado, según ella, "no fue tomado nada en cuenta" por el Tribunal. Los magistrados proponen sustituir la CNRE por el reconocimiento del Foro Ciudadano.
En esta etapa también intervinieron el profesor Julio César Pérez, sobre la prohibición de reelección de diputados; el ciudadano Juan De Dios Caballero, quien pidió mantener el porcentaje para inscribir un partido; y la estudiante Esperanza Rodríguez, sobre la desventaja de la libre postulación frente a las organizaciones políticas. La convocatoria ciudadana recuerda otros procesos de reforma abiertos a foros de consulta, como los debatidos en el editorial dominical sobre el referente que no se compara.
Al cerrar el periodo de participación, el presidente de la Comisión, el diputado Benicio Robinson, anticipó su rechazo a una de las propuestas centrales del propio Tribunal Electoral. Sobre la eliminación de la CNRE, sostuvo: "Mi postura es que eso no va a caminar". El primer debate se retoma el próximo miércoles.