El decreto de 2010, aprobado bajo el gobierno de Alberto Núñez Feijóo, estableció un reparto del 50% de las horas lectivas para cada lengua oficial y relegó el gallego de las asignaturas de ciencias, matemáticas y tecnología, que debían impartirse en castellano. La norma sustituyó a un modelo anterior que garantizaba mayor presencia del gallego en la enseñanza y desató un conflicto que se prolongó durante toda una legislatura.
Desde su aprobación, colectivos en defensa de la lengua propia, sindicatos educativos y partidos nacionalistas reclamaron de forma reiterada su derogación o modificación, al considerar que el decreto reducía el peso del gallego por debajo de lo que exige el Estatuto de Autonomía de Galicia, que reconoce la cooficialidad de ambas lenguas. El acuerdo entre los dos partidos mayoritarios permite ahora que las materias científicas se impartan en gallego en los centros que así lo decidan, flexibilizando el reparto rígido del 50-50.
La reforma no supone una derogación completa del decreto, sino una modificación puntual centrada en el ámbito científico-tecnológico, uno de los puntos más contestados de la norma original. Se trata, de este modo, de uno de los escasos acuerdos transversales entre los dos grandes partidos nacionales en materia educativa autonómica en los últimos años.
El pacto llega en un contexto de descenso sostenido del número de hablantes habituales de gallego entre las generaciones más jóvenes, una tendencia que el Instituto Galego de Estatística viene documentando en sus encuestas sobre condiciones de vida y que ha alimentado el debate sobre el papel de la escuela en la transmisión del idioma.
El Bloque Nacionalista Galego y otras formaciones nacionalistas se han opuesto al acuerdo por considerarlo insuficiente, al entender que una modificación parcial no resuelve el problema de fondo: el reparto lingüístico global seguiría sin recuperar los niveles previos a 2010. Estas formaciones defienden desde hace años un modelo de inmersión lingüística similar al catalán, que otorgue al gallego una posición predominante en el sistema educativo.
El conflicto gallego se enmarca en un debate más amplio sobre las lenguas cooficiales en España, que atraviesa también a Cataluña, el País Vasco y la Comunidad Valenciana, donde los modelos de enseñanza bilingüe han sido objeto de litigios judiciales y reformas sucesivas desde la aprobación de la Constitución de 1978 y los respectivos estatutos de autonomía. El modelo catalán de inmersión, en particular, ha sido cuestionado en los tribunales en la última década por sentencias que fijaron un mínimo de castellano en las aulas.
El entendimiento en materia lingüística contrasta con otros frentes donde la acción del Gobierno central genera controversia, desde la vivienda —con las protestas que han llevado a miles de personas a acampar en Sol exigiendo el 'Decreto Maricarmen'— hasta la política migratoria. El decreto de 2010 seguirá vigente mientras no se apruebe formalmente la modificación pactada, cuyo calendario de tramitación parlamentaria no ha trascendido.
