La magnitud que maneja Castedo como umbral es la de 50.000 hectáreas calcinadas. Si el balance de este verano alcanza esa cifra, según ha explicado, se pulverizarían todos los récords de superficie quemada en España desde que existen series estadísticas sobre incendios forestales. Las estadísticas oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico arrancan en las décadas de 1960 y 1970, con distintos niveles de fiabilidad según la época. «No es habitual este comportamiento, ni es habitual que queme 50.000 hectáreas», señaló el profesor, para quien el conjunto de fuegos de este verano constituye «una situación realmente novedosa».
El experto subraya que el comportamiento del fuego observado no es el habitual. Describe incendios de copas —aquellos en los que las llamas prenden directamente en las partes altas de los árboles y no solo en la vegetación del suelo—, un fenómeno asociado a una intensidad y una velocidad de propagación mucho mayores que las de un fuego convencional. «Son intensidades y potencias relativas muy elevadas», precisó Castedo, un tipo de comportamiento que resulta extraordinariamente difícil de combatir con los medios de extinción tradicionales.
Para explicar esa virulencia, distingue dos factores que actúan de forma simultánea pero con naturaleza muy distinta. Por un lado, la meteorología: las olas de calor, los vientos y la sequedad de la vegetación de este verano crearon condiciones propicias para la propagación. Por otro, la estructura del monte: grandes masas forestales con continuidad de vegetación y pocos lugares donde la cantidad de combustible baje de forma importante. «Los dos factores son importantes», afirmó, pero recalcó que la diferencia decisiva es el margen de acción: «La meteorología nos viene dada, no podemos hacer mucho más».
«Una forma de excusarse»
Castedo rechaza cargar toda la responsabilidad sobre el cambio climático. «Echar la culpa de todo al cambio climático es una forma de excusarse», sostuvo, y calificó de «falaz» el intento de dividir el diagnóstico entre quienes lo atribuyen todo al clima y quienes lo achacan a la falta de gestión: «Una cosa no quita la otra, las dos están actuando». La diferencia, insistió, es que la acumulación de combustible es «estructural» y modificable, mientras que los efectos de la lucha climática, «si los conseguimos, lo conseguiremos a años vista, décadas vista».
El origen del problema, según el profesor, se remonta al éxodo rural masivo que vivió España a partir de los años sesenta y setenta, un proceso que vació el interior peninsular y dejó sin manejo agrícola y ganadero millones de hectáreas que antes se mantenían despejadas por el pastoreo y el cultivo. Esa acumulación de biomasa, «de 40 o 50 años», es la que hoy alimenta fuegos de gran magnitud.
La receta que propone se basa en estimaciones técnicas del sector: tratar anualmente en torno al 1% de la superficie forestal española mediante desbroces, quemas prescritas o pastoreo con ganado extensivo. Con más de 27 millones de hectáreas de superficie forestal en el país, según el Inventario Forestal Nacional del propio Ministerio, ese porcentaje equivaldría a gestionar unas 300.000 hectáreas al año, una cifra que Castedo reconoce como «una tarea importante» que exige «sus recursos, sus presupuestos, sus medios».
El profesor es explícito con los plazos: ni siquiera comenzando de inmediato una gestión intensiva se lograrían resultados visibles a corto plazo. «Nadie puede pensar que empezando a trabajar este año, el año que viene el problema está resuelto», advirtió, e insistió en que la reducción del riesgo requiere una perspectiva de varios años, cuando no de décadas.
El precedente de la sierra de la Culebra
La referencia histórica que emplea es la sierra de la Culebra, en Zamora, escenario en 2022 de uno de los mayores incendios forestales registrados en España en las últimas décadas. Castedo lamenta que aquel episodio no se tradujera en un cambio sustancial de las políticas de prevención: «Si nos hubiésemos puesto en el 22 en serio, seguramente tuviésemos ya algún resultado de efectividad», declaró. Más atrás en el tiempo, grandes incendios como el de Guadalajara en 2005, con 11 brigadistas fallecidos, ya reabrieron periódicamente el debate sobre el equilibrio entre prevención y extinción sin que la inversión estructural se consolidara.
El debate que plantea conecta con una discusión recurrente en la política española sobre la financiación de la prevención frente al gasto en extinción. Las comunidades autónomas, competentes en materia forestal según el reparto establecido en la Constitución y los estatutos de autonomía, han sido cuestionadas en los últimos años por concentrar buena parte de sus presupuestos en los medios de extinción durante el verano y una proporción menor en los trabajos de gestión preventiva durante el resto del año. Ninguna administración autonómica ni el Gobierno central han fijado, por el momento, un objetivo cuantificado de superficie tratada equiparable al 1% que reclama el sector técnico.
La Ley de Montes, aprobada en 2003 y modificada en varias ocasiones —la última reforma sustancial data de 2015—, establece el marco normativo estatal para la gestión forestal en España, si bien la ejecución material de las políticas de prevención recae fundamentalmente en las comunidades autónomas. La norma prevé instrumentos de planificación como los planes de ordenación de recursos forestales, cuya aplicación efectiva depende de la financiación que cada administración destine.
A falta de que se cierre el balance definitivo del verano de 2026, la cuestión que plantea Castedo apunta al futuro inmediato: si las administraciones autonómicas y el Gobierno central deciden intensificar los tratamientos preventivos a partir de este otoño, los primeros efectos apreciables sobre el riesgo de grandes incendios no llegarían, según sus propias estimaciones, antes de varios años. La alternativa, advierte, es «seguir repitiendo esto durante años, décadas».
