Según relató Feijóo, en su reunión con el presidente del Colegio de Médicos y la presidenta del Colegio de Enfermería de Ceuta le trasladaron un cuadro epidemiológico que incluye «tuberculosis, sarna y más de 450 casos de gastroenteritis», además de «algún caso» de varicela. «Estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que se dan los supuestos de confinamiento por riesgo sanitario», declaró, para matizar acto seguido que «no tengo todos los datos porque obviamente no los poseemos desde la oposición». El dirigente popular pidió al Gobierno «estudiar muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública» y advirtió de que estas dolencias podrían tener «un enorme impacto en la población».
Como ejemplo, Feijóo aseguró que la sarna —una infestación cutánea causada por un ácaro, de fácil contagio por contacto estrecho pero tratable con medicación tópica— ya habría afectado a militares desplegados en la ciudad, en referencia a los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil que participan en el control fronterizo y en la asistencia. «Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles, entre las playas, las colinas y los barrancos de Ceuta, sin cobijo, sin atención y en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedades infectocontagiosas está ahí», completó.
El origen de la crisis se remonta al 30 de julio, cuando se produjo una entrada masiva de migrantes a Ceuta que, según las cifras que maneja el PP, oscilaría entre 70.000 y 80.000 personas según la fuente. La tuberculosis es una enfermedad de declaración obligatoria en España desde hace décadas, y su vigilancia corresponde a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, coordinada por el Instituto de Salud Carlos III; el Ministerio de Sanidad no ha publicado hasta la fecha un balance oficial desglosado de casos vinculado a este episodio.
Qué permite la ley de salud pública
El marco legal para un confinamiento por motivos sanitarios se sustenta en la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que faculta a las autoridades sanitarias a adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando exista riesgo de carácter transmisible. La norma otorga a las comunidades y ciudades autónomas la competencia primaria en salud pública, y las medidas que restringen derechos fundamentales requieren ratificación judicial. Su aplicación en un contexto de crisis migratoria, y no de emergencia epidemiológica generalizada, carece de precedente directo en España, a diferencia del uso masivo que amparó los estados de alarma durante la pandemia de covid-19 en 2020.
Feijóo cargó además contra la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien reprochó haber «tardado 17 días en ir a Ceuta» pese a conocer, según él, «el riesgo de enfermedades infectocontagiosas» a través de los registros epidemiológicos del propio Ministerio. «Yo sería incapaz de estar de vacaciones cuando una parte de tu país está en esta situación», afirmó. El Gobierno no ha respondido públicamente a este reproche concreto sobre el calendario de la visita ministerial ni ha confirmado o descartado la posibilidad de decretar un confinamiento sanitario en la ciudad.
La segunda gran demanda de Feijóo se centra en la devolución de los menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta, un asunto que aborda la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para el jueves, en la que el Gobierno plantea una ayuda de 25 millones de euros a la ciudad autónoma para gestionar la acogida. Feijóo rechazó cualquier reparto de menores entre comunidades y reclamó, en su lugar, «acelerar la repatriación de todos los menores a Marruecos» para que regresen con sus familias.
El líder popular sostuvo que su posición «coincide» con la de la Unión Europea y defendió que España y Marruecos deben «acordar el retorno y la repatriación» de todos los menores llegados en este episodio. Aseguró que Rabat se ha «manifestado a favor de recibir a los menores nacionales», aunque no citó una declaración oficial marroquí que respalde ese extremo. La devolución de menores no acompañados está sujeta al principio del interés superior del menor recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación española de protección a la infancia, que condiciona cualquier retorno a garantías de reagrupación familiar o acogida adecuada en origen.
Feijóo distinguió expresamente esta situación de otros episodios migratorios previos, como las llegadas en patera a Cartagena o Lanzarote, que calificó de casos aislados frente a lo que definió como una «invasión» de más de 70.000 personas. «Por favor, no desenfoquemos el problema. No vamos a entrar en el juego del Gobierno», zanjó. El uso del término «invasión» se enmarca en un debate recurrente sobre la terminología aplicada a los movimientos migratorios masivos, que enfrenta habitualmente a los partidos según su visión de la política de fronteras.
El dirigente del PP avisó de que su formación «no va a caer en la tentación» de facilitar que el Gobierno «desenfoque esta crisis de soberanía en una guerra contra las comunidades autónomas» a cuenta del reparto de menores. En esa línea, según recogió El Correo, acusó al Ejecutivo de buscar un enfrentamiento con los gobiernos autonómicos para tapar su gestión de la crisis fronteriza, un reproche que el Gobierno no ha respondido de forma directa. El episodio evoca el precedente de mayo de 2021, cuando la entrada de unas 10.000 personas a Ceuta a nado, en un contexto de tensión diplomática con Rabat, derivó igualmente en un pulso político sobre la gestión de los menores no acompañados.
El Gobierno no ha detallado un balance oficial de casos de enfermedades infectocontagiosas vinculado a la llegada de migrantes del 30 de julio, y ni la Delegación del Gobierno en Ceuta ni el Ministerio de Sanidad han hecho declaraciones sobre las cifras epidemiológicas citadas por Feijóo. La Conferencia Sectorial del jueves se perfila como el primer test político inmediato de este pulso entre el Ejecutivo central y las comunidades gobernadas por el PP: de su resultado dependerá si se activa un mecanismo de distribución territorial de menores o si prospera la vía de repatriación a Marruecos que reclama el principal partido de la oposición.
