El líder del PP calificó de «intensa» la etapa política que se abre este otoño y planteó como horizonte tres citas electorales, de las que dijo que aspira a que «se le atraganten» al PSOE, sin concretar fechas ni convocatorias oficiales. La disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno, conforme al artículo 115 de la Constitución, mientras que los comicios autonómicos dependen de cada ejecutivo territorial.
Feijóo dedicó buena parte de su intervención a la situación en Ceuta, donde a finales de julio se produjo una entrada masiva de migrantes que tensó la relación con Marruecos. El dirigente popular acusó al Ejecutivo de mostrarse «hostil con los invadidos y dócil con los invasores», y de comportarse de forma «sumisa» con quienes «revientan nuestras fronteras» y «distante» con el Rey de España, frente a una actitud que calificó de «reverencial» hacia el monarca marroquí.
El líder del PP ironizó sobre esa contradicción al afirmar que quienes se proclaman republicanos han terminado siendo «el partido más monárquico», aunque «en el país equivocado». Sostuvo que España «no tiene que elegir» entre mantener buenas relaciones con Rabat y defender su propia dignidad, sino «cumplir con sus deberes constitucionales».
En el terreno de la inteligencia, Feijóo reclamó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que «deje» comparecer a Casteleiro ante la Comisión de Secretos Oficiales, al considerar que los españoles tienen «derecho a conocer la verdad» sobre lo ocurrido en Ceuta. «Llevamos desde principios de agosto solicitando la comparecencia de la directora del CNI (…) si lo sigues impidiendo, aunque no le aplaudas, eres igual que Pedro Sánchez», advirtió, en una intervención que vincula la actuación del servicio de inteligencia con la responsabilidad política del Gobierno.
La Comisión de Secretos Oficiales del Congreso es el órgano que autoriza el acceso de los grupos parlamentarios a información clasificada, en el marco de la Ley 9/1968 sobre Secretos Oficiales —una norma preconstitucional que sucesivos gobiernos han intentado reformar sin éxito— y del Reglamento de la Cámara, que exige una mayoría cualificada para el acceso a determinada documentación reservada. Ni el Ministerio de Defensa ni Moncloa se han pronunciado públicamente sobre la petición concreta del PP, por lo que no consta una respuesta oficial a las acusaciones del líder de la oposición.
La comparecencia de altos cargos de los servicios de inteligencia en régimen de secreto cuenta con precedentes en la democracia española. El más reciente se produjo en 2022, cuando la entonces directora del CNI, Paz Esteban, compareció ante esta misma comisión tras destaparse el espionaje mediante el programa Pegasus a dirigentes independentistas catalanes, un episodio que terminó con su relevo al frente del organismo y el nombramiento de la propia Casteleiro.
Feijóo relacionó también la gestión migratoria con las manifestaciones convocadas el miércoles anterior, al calificar al Gobierno de «duro» con quienes salieron a la calle y «blando con las mafias» dedicadas al tráfico de personas, un fenómeno vinculado a las rutas del Mediterráneo occidental que la Guardia Civil y la agencia europea Frontex vigilan de forma conjunta desde hace más de una década.
El presidente del PP amplió su ofensiva al terreno judicial, mencionando a exsecretarios de organización del PSOE a quienes comparó con personajes «sacados de una película de gánster». Afirmó que «quedan unos cuantos» casos por conocer y señaló a Sánchez como «el peor de todos», sin aportar en su intervención documentación adicional sobre investigaciones en curso.
El Gobierno no respondió este sábado a estas acusaciones concretas. En ocasiones anteriores, fuentes de Moncloa y del PSOE han rechazado cualquier vinculación directa de la Presidencia con los procedimientos judiciales abiertos contra exdirigentes del partido, remitiéndose a la separación de poderes y a la presunción de inocencia que recoge el artículo 24 de la Constitución.
El acto contó con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid desde 2019, en un momento en que el PP mantiene su condición de principal partido de la oposición. El Gobierno de Sánchez se sostiene desde la investidura de noviembre de 2023 sobre una mayoría parlamentaria fragmentada, sometida de forma recurrente al cuestionamiento de la oposición por su gestión migratoria y por los casos judiciales que afectan al entorno socialista.
La comparecencia solicitada requerirá, en caso de tramitarse, el respaldo de la Mesa del Congreso y el visto bueno del Ejecutivo para el acceso a información clasificada, un procedimiento que en anteriores legislaturas ha generado fricciones entre el Gobierno y los grupos de la oposición. En las próximas semanas se prevé que el debate sobre Ceuta continúe en sede parlamentaria, con nuevas preguntas al Gobierno en el Pleno y posibles solicitudes de comparecencia adicionales, mientras el calendario electoral que Feijóo situó como horizonte de su «campaña» sigue pendiente de concreción oficial.
