Feijóo situó el origen de la crisis antes de esta misma semana, cuando, según relató, Vivas ya había solicitado un refuerzo de medios ante lo que describió como una «avalancha» previsible. En ese momento, señaló el líder del PP, ya habían entrado de forma irregular más de 1.500 personas, cifra que, según su relato, se habría multiplicado en los días posteriores. El dirigente aseguró que existían «indicaciones que acreditan que el Gobierno tenía conocimiento de lo que se iba a producir y no hizo caso».
El dirigente popular cuestionó directamente la versión del presidente del Gobierno, quien, según Feijóo, declaró el viernes que la magnitud de la llegada le había cogido por sorpresa. «No me creo que hayan fallado todos los servicios de información del país, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que no hubiéramos previsto que se dirigían hacia aquí 50.000 personas. Es imposible no saber que un contingente tan grande como éste se estaba dirigiendo hacia Ceuta», afirmó el líder del PP durante su visita.
Feijóo enmarcó lo ocurrido como el resultado de «un triple fracaso»: de la política migratoria, de la seguridad y de la acción exterior, áreas que recordó son «competencia exclusiva del Gobierno» central. Fue más allá al atribuir al Ejecutivo la responsabilidad de haber promovido, en sus palabras, «una política migratoria permisiva» que habría transmitido «durante años» el mensaje de que a España «se puede entrar de cualquier manera y ser regularizado», lo que, sostuvo, ha deteriorado la imagen exterior del país.
El presidente del PP denunció asimismo el impacto social en la ciudad, con «miles de ciudadanos» que, según describió, temen por su integridad en las calles y comercios que no pueden «levantar la persiana» por miedo. Calificó esa circunstancia de «vergüenza» y sostuvo que el episodio «no se explica por una fatalidad del destino», sino que es «el resultado de decisiones políticas fallidas». Cerró su intervención con la fórmula «España apagada, España calcinada, España invadida», en alusión a los apagones eléctricos y a los incendios forestales que también han marcado la agenda del verano.
Un antecedente reciente en la misma frontera
La gestión de los flujos migratorios en la frontera sur no es un asunto nuevo. Ceuta y Melilla, únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano, han sido escenario de episodios de tensión recurrentes desde los años noventa. El precedente más próximo es la crisis diplomática de mayo de 2021 con Marruecos, cuando alrededor de 8.000 personas cruzaron la frontera ceutí en apenas dos jornadas, según datos del Ministerio del Interior de aquel momento, en un contexto de disputa por la acogida en España del líder del Frente Polisario. Vivas, presidente de la ciudad desde 2001, ha reclamado en aquel y en otros episodios mayores recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinadas en Ceuta y una coordinación más estrecha con Rabat.
El marco jurídico que regula estas situaciones combina la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, el Código de Fronteras Schengen y los acuerdos bilaterales de readmisión con Marruecos, vigentes desde 1992. Cualquier actuación de rechazo en frontera debe ajustarse además a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en el caso N.D. y N.T. contra España, resuelto por la Gran Sala en 2020, avaló bajo determinadas condiciones las devoluciones en la frontera de Melilla. El reparto competencial es igualmente relevante: la política migratoria, de seguridad y exterior corresponde al Estado, mientras Ceuta y Melilla se rigen por sus estatutos de autonomía, ambos aprobados en 1995.
La cuestión de la previsibilidad de los movimientos masivos remite al papel de Frontex, la agencia europea de fronteras, y de los servicios de inteligencia nacionales en la anticipación de las rutas. Las vías hacia España —principalmente la atlántica hacia Canarias y la del Mediterráneo occidental— registran fluctuaciones ligadas a la inestabilidad en países de origen y tránsito, a la actuación de las autoridades marroquíes en el control fronterizo y a las condiciones meteorológicas estacionales, según los informes anuales que publica la propia agencia.
El Gobierno no ha ofrecido hasta el momento una respuesta detallada a las acusaciones concretas formuladas por Feijóo sobre un supuesto conocimiento previo de la magnitud de la llegada. La Moncloa y el Ministerio del Interior no han añadido declaraciones tras las palabras atribuidas al presidente del Gobierno el viernes. Las magnitudes citadas por los actores políticos —incluida la cifra de 50.000 personas mencionada por Feijóo— proceden de estimaciones que deberán contrastarse con los recuentos oficiales que faciliten en los próximos días el Ministerio del Interior y las autoridades autonómicas.
En los próximos días será determinante conocer la respuesta del Gobierno central y las medidas para gestionar a las personas ya presentes en territorio ceutí: posibles traslados a la península, procedimientos de identificación y la decisión sobre el inicio de expedientes de asilo o de retorno conforme a la normativa vigente. El Defensor del Pueblo y organizaciones humanitarias como Cruz Roja y ACNUR suelen reclamar información sobre las condiciones de acogida en los centros de la ciudad, cuya capacidad ha sido puesta a prueba en episodios anteriores.
