Cinco días de corrección pública: del censo manipulado al respaldo explícito
El recorrido del PP entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2026 puede reconstruirse con precisión hemerográfica. El 30 de junio, Feijóo insinuó ante los medios que la ley de nietos podía ser un instrumento para manipular el censo electoral, una afirmación que generó réplica inmediata desde el Ejecutivo y desde organizaciones de la diáspora española en América Latina. El día siguiente, portavoces del PP matizaron que la preocupación del líder se refería exclusivamente a los mecanismos de verificación del parentesco, no a la idoneidad de la medida en sí. El miércoles, el partido clarificó que su respaldo alcanzaba a todos los emigrantes, sin distinguir entre exilio político y emigración económica. El jueves, en Santander, Feijóo ratificó esa posición de forma personal y explícita.
La secuencia es relevante porque la modulación no respondió a un cambio de criterio interno documentado, sino a una presión acumulada desde dos flancos: el Gobierno, que señaló la contradicción entre las declaraciones recientes de Feijóo y sus compromisos de 2022; y el bloque de partidos latinoamericanistas, que exigió claridad antes de avanzar en la tramitación parlamentaria. Feijóo no ha respondido públicamente a la acusación de incoherencia con sus posiciones anteriores.
Qué dijo exactamente Feijóo y qué implica el matiz documental
En la UIMP, Feijóo afirmó que, «donde haya una trazabilidad en parentesco clarísima», el PP está de acuerdo con que el nieto tenga derecho a la nacionalidad española. El adjetivo «clarísima» no es retórico: introduce un condicionante procedimental que delimita el alcance real del compromiso. No es una habilitación general, sino una subordinada a la robustez documental del vínculo generacional.
En la práctica, acreditar ese vínculo ante el Registro Civil competente exige certificar la filiación en cada eslabón de la cadena: del abuelo emigrante al hijo nacido en el extranjero y de este al nieto solicitante. En países con registros civiles fragmentados o con documentación histórica deteriorada —situación frecuente en zonas rurales de Argentina, Venezuela o Brasil durante el siglo XX— ese requisito puede convertirse en un obstáculo de facto que reduzca de forma sustancial el universo real de beneficiarios, independientemente de cuál sea la cifra teórica de elegibles.
El marco normativo: qué rige hoy y qué requeriría una reforma
La denominada ley de nietos no es una norma única sino el nombre coloquial que agrupa diversas propuestas orientadas a extender la adquisición de la nacionalidad española a los descendientes en segunda generación de quienes emigraron. El Código Civil español, en sus artículos 17 a 26, establece que la transmisión de la nacionalidad por filiación —iure sanguinis— se agota, como regla general, en la primera generación nacida fuera de España, salvo que el hijo ejerza el derecho de opción antes de la mayoría de edad.
La Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022) abrió una vía extraordinaria, con plazo habilitante de dos años, para que nietos de exiliados políticos solicitaran la nacionalidad. Extender ese derecho a los nietos de emigrantes económicos —numéricamente muy superiores— requeriría una modificación legislativa de mayor calado: bien una reforma del Código Civil, bien una ley especial. A la fecha de esta edición, el debate parlamentario no cuenta con un texto articulado consensuado, lo que convierte la declaración de Feijóo en un compromiso político sin traducción normativa concreta.
Precedente: la Ley 52/2007 y las lecciones no aprendidas de la gestión documental
España tiene antecedentes directos en esta materia. La Ley de Memoria Histórica de 2007 (Ley 52/2007) contempló, en su disposición adicional séptima, el derecho a adquirir la nacionalidad para nietos de españoles exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia. El plazo de solicitud se abrió entre 2008 y 2011. Según datos difundidos en su momento por el Ministerio de Justicia, el número de solicitudes presentadas bajo ese régimen superó las 450.000, con Argentina como país de origen mayoritario de los peticionarios.
Aquella experiencia dejó dos lecciones técnicas que el debate actual no puede ignorar. Primera: la demanda potencial supera con frecuencia las estimaciones iniciales, lo que exige una infraestructura consular y registral capaz de absorber el volumen sin colapsar. Segunda: la verificación documental fue el principal cuello de botella, con expedientes bloqueados durante años por ausencia de partidas de nacimiento o fe de bautismo originales. Ni el Consejo General del Notariado ni el Colegio de Registradores lograron, en aquel ciclo, protocolos de equivalencia documental aplicados de forma sistemática. Si el legislador no resuelve ese problema antes de abrir el plazo de solicitudes, el historial sugiere que se repetirá.
Posiciones de los actores: Gobierno, Vox, Sumar y los grupos nacionalistas
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha impulsado la extensión de la ley de nietos como parte de su agenda de política exterior hacia América Latina y de reparación histórica. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, se ha subrayado que la medida refuerza los vínculos con las comunidades hispanohablantes. El PP no ha respondido públicamente a la versión del Gobierno sobre la contradicción entre las declaraciones recientes de Feijóo y sus compromisos anteriores.
Vox ha mantenido una posición de rechazo frontal a la iniciativa, advirtiendo de que puede derivar en una ampliación incontrolada del censo electoral con efectos sobre la representación parlamentaria. Sumar y el bloque de izquierda han apoyado la medida pero han exigido que el procedimiento de verificación no funcione como instrumento de exclusión encubierta. Los grupos parlamentarios catalán y vasco han condicionado, según fuentes parlamentarias citadas en coberturas previas, su apoyo a contrapartidas en otros ámbitos de la negociación legislativa. El colectivo de españoles en el exterior censados como CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) superaba, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus datos actualizados a enero de 2025, los 2,8 millones de personas, con presencia mayoritaria en Argentina, Venezuela, Brasil y México; su peso electoral ha condicionado históricamente el tono de los dos grandes partidos en esta materia.
Plazos y hitos: qué debe ocurrir entre septiembre de 2026 y el primer semestre de 2027
El respaldo verbal de Feijóo, aunque significativo como señal política, no garantiza por sí solo la viabilidad parlamentaria de una nueva norma. El PP ha vinculado implícitamente su voto favorable a que el texto articulado sea suficientemente preciso en los requisitos de acreditación documental. La referencia a la «trazabilidad clarísima» sugiere que el partido condicionará su apoyo a que el mecanismo de verificación sea robusto y no delegue en criterios consulares de difícil control posterior.
El Gobierno deberá presentar una propuesta legislativa concreta antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones —previsiblemente en septiembre de 2026— si pretende que el debate de totalidad pueda celebrarse en otoño. Los plazos de tramitación ordinaria en el Congreso para una ley de esta naturaleza, sin declaración de urgencia, rondan los seis a doce meses desde la presentación del texto, lo que situaría una eventual aprobación en el primer semestre de 2027 como horizonte realista. Tres hitos concretos determinarán si la norma produce efectos reales o queda en declaración de intenciones: la apertura formal del plazo de solicitudes, la dotación de personal consular adicional en los países con mayor concentración de potenciales beneficiarios, y el desarrollo reglamentario de los procedimientos de equivalencia documental que la experiencia de 2008-2011 demostró imprescindibles y que aún no existe en forma sistemática.
