El primero de los decretos permitirá a las comunidades autónomas con lenguas propias no oficiales pero protegidas por ley —como el aragonés o el asturiano— crear plazas específicas de profesorado de Primaria y Secundaria para su enseñanza reglada en los centros. Se trata de una reforma que había quedado prácticamente aparcada durante buena parte del mandato y que ahora el Gobierno recupera por la vía del real decreto, el instrumento normativo que el Ejecutivo aprueba sin paso previo por las Cortes.
El segundo decreto, conocido como la reforma de ratios, rebajará el número máximo de alumnos por aula en Infantil y Bachillerato, aunque deja fuera a Primaria y Secundaria, donde inicialmente también se iba a aplicar. A partir del curso 2027-2028, los centros de Infantil no podrán superar los cuatro bebés por educadora en el tramo de 0 a 1 año, los seis por cuidadora entre 1 y 2 años, ni los ocho entre 2 y 3 años. Los alumnos con necesidades educativas especiales computarán como dos a efectos de ratio desde el próximo curso.
Cierre de hasta 5.000 centros privados
Esa reducción, que supone recortar a la mitad las ratios actuales en el primer ciclo de Infantil, afectaría según el sector a 224.000 plazas, a 60.000 puestos de trabajo y podría forzar el cierre de más de 5.000 centros privados, una advertencia que las patronales del ramo han repetido en varias ocasiones durante la tramitación. El decreto también fija un máximo de 30 alumnos por aula en Bachillerato y nuevos topes en FP de grado básico, aunque estos últimos no entrarán en vigor hasta el curso 2029-2030.
El borrador incorpora además exigencias de infraestructura que obligarían a numerosos centros a acometer reformas: un mínimo de tres unidades en las escuelas que ofrezcan primer ciclo de Infantil, y despachos diferenciados para dirección, coordinación y orientación en los centros de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP sostenidos con fondos públicos, junto con salas de profesores dimensionadas según plantilla y espacios para las asociaciones de alumnos y familias.
Fernando Villalba, responsable de política educativa del sindicato STEs-i, ha criticado que el decreto no resuelve los problemas estructurales del profesorado, entre ellos la temporalidad, que supera el 30% en el conjunto del sistema y el 50% en Formación Profesional, sin tocar tampoco la limitación de la jornada lectiva de los docentes.
«Esta iba a ser la legislatura del profesorado, pero no lo ha sido. Por no hablar de que hay problemas graves, como la interinidad, que no se han tocado. En nuestro país hay un porcentaje de temporalidad de más del 30%. En FP es dramático y supera el 50%», asegura Fernando Villalba, responsable de política educativa del sindicato STEs-i.
La ofensiva contra la FP a distancia
El tercer decreto, presentado el martes en una mesa sectorial con los sindicatos, endurece los requisitos de la Formación Profesional online y semipresencial. La modalidad a distancia deberá tener entre un 15% y un 39% de presencialidad al margen de las prácticas en empresa, mientras que la semipresencial exigirá entre un 40% y un 60% de actividad lectiva presencial. Según los últimos datos del ministerio, la FP a distancia matricula a 231.228 alumnos, de los que 169.878 cursan grado superior y 61.350, grado medio.
La norma exige además que cada centro ofrezca al menos dos familias profesionales con dos ciclos cada una, o bien un itinerario completo dentro de una sola familia, lo que dejaría fuera a los centros que imparten un único ciclo aislado. El especialista en FP Santiago García ha señalado la contradicción de que el Gobierno reivindique el crecimiento de la matriculación mientras restringe a la iniciativa privada, que según él explica buena parte de ese aumento.
«El Ejecutivo presume de haber alcanzado el 1.200.000 alumnos en FP, pero oculta que ese crecimiento viene principalmente de la iniciativa privada. Luego dijeron que había que frenarlo porque es 'crecimiento sin calidad'. Exigir itinerarios completos, planes de internacionalización a cuatro años o viabilidades económicas de cierre cada cuatro años es inasumible para la pequeña escuela de barrio», sostiene Santiago García, especialista en Formación Profesional.
El impulso de estas normas coincide con un momento de tensión creciente en materia educativa y de vivienda, en una legislatura en la que el ministerio, primero bajo Pilar Alegría y después con Milagros Tolón al frente de la cartera, no había logrado sacar adelante ninguna reforma educativa de calado. El calendario contempla la aprobación de los tres textos en los consejos de ministros de los martes que quedan antes del 29-N.
