"Las castañas no siempre se pueden recoger. Hay fincas que se dedican a recolectarlas y solo sus propietarios pueden hacerlo", explica la Guardia Civil, que sitúa el encaje legal de estos hechos en el artículo 234 del Código Penal, el que regula el hurto cuando la cuantía supera los 400 euros y prevé penas de seis a dieciocho meses de prisión. Si el robo se comete con fuerza o provoca daños en vallados o instalaciones, los hechos pueden agravarse hasta constituir un delito de robo con fuerza en las cosas, de mayor reproche penal que el hurto simple.
Huelva concentra entre 400 y 500 parcelas dedicadas al cultivo de castaños, según los datos del Equipo Roca de la Guardia Civil, una actividad que genera hasta 15.000 jornales al año en la provincia. Los robos reiterados durante la temporada provocan, según la misma fuente, la pérdida de entre el 10% y el 20% de la cosecha anual. En 2023 se incautaron más de 1.130 kilos de castañas sustraídas de forma ilegal, una cifra que llevó a reforzar la vigilancia en los años siguientes.
La Plataforma Onubense de Defensa del Castañar ha denunciado el perjuicio que sufre el sector "por parte de los desaprensivos que rompen alambradas, varean las ramas de los castaños o se llevan mucho más que una bolsita de castañas, por no hablar de las bandas organizadas que llegan a poner en peligro la integridad física de los agricultores". La entidad distingue entre quienes desconocen la normativa, visitantes ocasionales en su mayoría, y grupos organizados que aprovechan la campaña para sustraer grandes cantidades y revenderlas después.
El alcalde de Los Marines ha subrayado que la castaña constituye "el sustento de muchas familias, propietarios y jornaleros" que dependen de la campaña anual, y ha pedido colaboración vecinal para prevenir los hurtos. Los representantes del sector han destacado además la labor de los agentes de la Guardia Civil en el control de las fincas durante la temporada. El recurso al Código Penal en estos casos no es inédito: el Supremo ha venido perfilando la frontera entre el hurto leve y el delito según el valor de lo sustraído, un criterio que también afloró en condenas como la que obligó a UGT a devolver 18 millones a la Junta de Andalucía por cursos de formación.
Castañares con árboles de 400 años
Los castañares andaluces ocupan unas 12.000 hectáreas, repartidas principalmente entre la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, en Huelva, con más de 5.000 hectáreas, y la Serranía de Ronda y el Valle del Genal, en Málaga, con 5.600 hectáreas adicionales. Muchos de los ejemplares que forman estos bosques son centenarios, con edades de entre 300 y 400 años, y constituyen un elemento del patrimonio natural vinculado a la identidad de estas comarcas.
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha señalado que "el castaño es un árbol único en nuestra tierra, con un enorme valor ambiental, cultural y paisajístico, aunque su permanencia depende de que la actividad ligada a él sea viable para quienes lo trabajan. Si el castañar no resulta rentable, difícilmente tendrá futuro".
"La rentabilidad de este aprovechamiento forestal es la condición imprescindible para que el sector se mantenga vivo. Y ahí es donde la Junta de Andalucía tiene un papel clave, acompañando al sector con medidas de apoyo, con investigación y con políticas que aseguren que los castañicultores encuentran un aliciente para seguir trabajando sus fincas", Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Antes de recoger castañas en cualquier finca resulta imprescindible, recuerda la Guardia Civil, contar con la autorización expresa del propietario; como alternativa, numerosos municipios organizan jornadas de recogida regulada en espacios públicos habilitados para disfrutar de esta tradición otoñal sin incurrir en infracción. El instituto armado mantiene reforzada la vigilancia en las zonas productoras durante toda la campaña, que se prolonga a lo largo del otoño.