El origen del malentendido hay que buscarlo en la negociación de la Ley de Familias y en las propuestas presupuestarias planteadas por los socios del Gobierno de coalición. El Ministerio de Derechos Sociales lleva tiempo defendiendo la implantación en España de una prestación universal por crianza de hasta 200 euros mensuales por cada menor de 18 años, inspirada en modelos ya vigentes en otros países de la Unión Europea, donde el ingreso se concede por el simple hecho de tener un hijo, sin condicionarlo al nivel de renta del hogar.
Ese planteamiento, no obstante, sigue siendo un borrador. No existe una ley aprobada que lo respalde, tampoco hay una partida presupuestaria específica asignada —entre otras cosas porque no hay unas cuentas públicas definitivas que la contemplen— y no existe ningún procedimiento de solicitud habilitado en la Seguridad Social ni en ningún otro organismo. La prestación universal por crianza, tal y como se describe en los vídeos virales, no ha superado la fase de anteproyecto.
Esta circunstancia convierte en delicada la proliferación de enlaces que prometen tramitar el supuesto cheque. Cualquier página que solicite datos personales o bancarios bajo la promesa de agilizar el cobro responde al patrón habitual de las estafas de suplantación de identidad, o phishing. Ninguna administración pública reclama datos financieros a través de formularios enlazados desde vídeos de redes sociales.
Lo que sí existe: el Complemento de Ayuda para la Infancia
Frente al mito del cheque universal, el sistema de protección social español sí cuenta con una ayuda mensual activa y de concesión efectiva: el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), gestionado por la Seguridad Social. A diferencia de lo que sugieren los bulos, este complemento no exige percibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) de forma simultánea; puede solicitarse de manera independiente siempre que la unidad de convivencia no supere un determinado umbral de renta.
Las cuantías que efectivamente se ingresan varían según la edad de los menores: la Seguridad Social abona 115 euros mensuales por cada hijo menor de tres años; 80,50 euros por los de entre 3 y 6 años; y 57,50 euros al mes por los de entre 6 y 18 años. Para acceder a la prestación, los ingresos de la unidad de convivencia del ejercicio anterior no pueden superar el 300% de la escala garantizada por el IMV, un umbral que varía en función del número de miembros del hogar.
El procedimiento para solicitarlo, a diferencia del inexistente cheque viral, está plenamente operativo. El primer paso consiste en acceder al simulador online del IMV disponible en la sede electrónica de la Seguridad Social, donde el solicitante introduce datos sobre ingresos y composición del hogar y el propio sistema informa de si existe derecho a la prestación. Después es necesario reunir el Libro de Familia o los certificados de nacimiento de los menores, el DNI de todos los miembros de la unidad de convivencia y un certificado de empadronamiento histórico y colectivo que acredite la convivencia.
La solicitud puede presentarse sin necesidad de certificado digital, rellenando el formulario oficial en el portal imv.seg-social.es y adjuntando fotografías o documentos en PDF. El sistema cruza automáticamente los datos declarados con la información fiscal disponible en la Agencia Tributaria, de modo que no es preciso aportar justificantes de ingresos ni recurrir a intermediarios que prometan agilizar el trámite a cambio de datos o de un pago.
El IMV, del que el CAPI es complemento, fue creado por el Real Decreto-ley 20/2020 en plena pandemia como prestación no contributiva de la Seguridad Social destinada a garantizar un ingreso mínimo a los hogares en situación de vulnerabilidad. Sobre esa arquitectura se articula el complemento por menor a cargo, que amplía la cobertura a familias que, sin percibir la renta básica, sí acreditan rentas por debajo del umbral fijado.
No es el primer episodio de viralización de bulos sobre supuestas ayudas estatales. En los últimos años se han sucedido en redes anuncios falsos sobre cheques y prestaciones que nunca llegaron a aprobarse, un fenómeno que suele coincidir con periodos de incertidumbre presupuestaria y negociación política intensa, momentos en los que la ciudadanía está más atenta a posibles anuncios de nuevas prestaciones. La existencia de simuladores, sedes electrónicas y trámites digitales legítimos convive con la facilidad con la que se crean páginas que imitan esa estética oficial para fines fraudulentos.
La prestación universal por crianza, mientras tanto, sigue formando parte del debate presupuestario. Su aprobación dependería de que el Gobierno logre sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado con el respaldo necesario en el Congreso de los Diputados, un escenario que en las últimas legislaturas ha resultado especialmente complejo por la fragmentación parlamentaria. Hasta que no exista una ley publicada en el BOE con una partida presupuestaria asociada, la medida no será exigible por ninguna familia.
Para quienes necesiten apoyo económico ligado a la crianza de menores, la vía real y disponible en septiembre de 2026 sigue siendo el Complemento de Ayuda para la Infancia, sujeto a los requisitos de renta descritos, y no el cheque universal de 200 euros que circula en redes. Cualquier duda sobre requisitos, cuantías o plazos puede resolverse en la sede electrónica de la Seguridad Social —con dominios oficiales terminados en.gob.es o.seg-social.es— o en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin intermediarios ni enlaces compartidos en aplicaciones de vídeo corto.
