El lugar donde habría ocurrido el encuentro, de acuerdo con la denuncia, corresponde a lo que en abril de 2026 funcionaba como sede de CHEC y que ahora opera como un hotel con decoración de estilo oriental colgada en la puerta principal, un inmueble donde, según la información conocida, se alojarían funcionarios de la compañía mientras dura su participación en el proyecto. CHEC figura como responsable de la prefabricación de las vigas tipo U que conforman el viaducto de la primera línea del metro.
En el video, cuya conversación se desarrollaría en inglés, se observaría al representante de Metrobuild agacharse, sacar de un maletín una bolsa oscura y entregarla a un funcionario identificado en la denuncia como Yang, señalado como gerente comercial de CHEC. "Por favor, cuente. Cada paquete tiene cinco millones", habría dicho el contratista colombiano, mientras el directivo chino —que no hablaría español— contaba los fajos de billetes durante cerca de diez minutos y los iba ubicando sobre la mesa.
Tras el conteo, y ante una sugerencia del propio contratista, Yang habría dejado constancia en una agenda de haber recibido $60 millones. Esa misma anotación consignaría presuntos pagos pendientes por $960 millones que, según la nota, los contratistas colombianos adeudarían a la empresa china. Los representantes de Metrobuild niegan esa versión y sostienen, por el contrario, que acudieron a las oficinas de CHEC a reclamar el pago de facturas represadas por la compañía.
El intercambio recogido en la grabación incluiría una discusión directa sobre montos. "Tenemos ahorita mismo una cuenta de 600 millones. No tenemos un anticipo, pero tienes que pagarme 550", habría planteado el contratista, según la transcripción difundida, a lo que Yang habría respondido: "Debemos cambiar las condiciones". El contratista habría insistido: "Cuando esté completo, tienes que pagarme". Ninguna de las cifras citadas en el video ha sido confirmada de manera independiente.
Según la denuncia, una tercera persona, presuntamente también funcionaria de CHEC, habría guardado los fajos en la misma bolsa en la que llegaron y abandonado con rapidez la oficina tras la reunión, luego de que los presentes se estrecharan las manos y se despidieran. El material audiovisual arrancaría desde la entrada al edificio y mostraría al contratista ingresando sin restricciones y saludando al personal de seguridad, lo que, de acuerdo con la denuncia, evidenciaría la regularidad de sus visitas.
En un segundo piso del inmueble, el video registraría además una conversación con empleados colombianos de CHEC sobre el estado de los pagos. "Ya pasaron la aprobación… Falta solo una persona en Metro Línea y ya quedaría", habría señalado una funcionaria, en alusión a un desembolso pendiente de una persona vinculada a la sociedad Metro Línea 1. Esa demora, según la denuncia, habría provocado atrasos en el pago de salarios a operarios de la obra.
El estado procesal y el marco penal
Hasta el momento no se conoce que exista una imputación formal ante un juez de control de garantías, por lo que el caso permanecería en fase de indagación por parte de la Fiscalía. Bajo el sistema penal acusatorio regido por la Ley 906 de 2004, el paso siguiente —de hallarse mérito— sería la formulación de imputación en audiencia, momento en el cual los señalados adquirirían formalmente esa calidad. La Fiscalía deberá establecer si los hechos encajan en un presunto cohecho, cuando un pago se ofrece como dádiva a cambio de un trato favorable, o en una extorsión, si se acredita que el desembolso fue exigido bajo amenaza de retrasar la obra o los pagos a los trabajadores. Esa calificación resultará determinante para la eventual solicitud de una medida de aseguramiento.
El Consorcio Metro Línea 1 de Bogotá, integrado mayoritariamente por capital chino, se adjudicó en 2019 el contrato para la construcción de la primera línea del metro de la capital, un proyecto que se ha erigido como la obra de infraestructura de transporte de mayor envergadura de la historia reciente de la ciudad. La primera línea es, además, un proyecto que la capital persiguió durante décadas, con estudios y anuncios sucesivos que no se concretaron hasta la firma del contrato con el consorcio.
Los señalamientos de irregularidades en grandes obras no son inéditos en Colombia. El escándalo del corredor vial Ruta del Sol, vinculado al entramado de la constructora Odebrecht, y el caso de los sobrecostos en la refinería de Cartagena (Reficar) dejaron investigaciones que se prolongaron durante años antes de derivar, en algunos casos, en imputaciones y condenas ante la justicia ordinaria. Ambos episodios marcaron la relación entre contratación pública de infraestructura y control penal en el país.
Los próximos hitos dependerán del avance de la indagación: la Fiscalía deberá valorar la autenticidad del material, escuchar a las partes y decidir si cita a audiencia de imputación. En paralelo, la sociedad Metro Línea 1 S.A. y la Alcaldía de Bogotá afrontarán la presión de aclarar si los pagos represados que se mencionan en la grabación afectaron el flujo de recursos hacia los trabajadores y el ritmo de una obra que la ciudad espera desde hace más de setenta años.
