Según las respuestas oficiales, la filtración se originó en el sector conocido como la "Rosa de los vientos", donde se adelantan trabajos de rehabilitación en el edificio principal del AGN. El agua descendió hasta el nivel -1, donde se ubica el área de custodia documental, e inundó el depósito número 3, uno de los espacios donde reposan fondos de la Sección República. "Derivado de la ejecución de estos trabajos que se realizan en la rosa de los vientos y las lluvias registradas durante la primera semana de julio, se produjo filtración de agua al nivel inferior, con afectación directa al área de custodia (depósito #3) y la documentación allí ubicada", reconoce el AGN en su respuesta a los peticionarios.
El balance inicial de la entidad, contenido en esas respuestas, precisa que de los 155 tomos afectados, 148 corresponden al fondo del Ministerio de Gobierno y 7 al fondo del Ministerio de Hacienda. Todos permanecían almacenados en el mismo depósito subterráneo al momento de la inundación, lo que indica que el agua se concentró en un área específica del nivel -1 sin extenderse, según lo informado hasta ahora, a otros sectores de custodia.
La Sección República reúne 94 fondos documentales producidos por secretarías de Estado, ministerios, gobernaciones y entidades nacionales desde los inicios de la vida republicana del país. Sus piezas más antiguas datan de aproximadamente 1605, mientras que las más recientes llegan hasta mediados de la década de 1990, un arco que convierte a este acervo en una de las principales fuentes primarias para reconstruir la administración pública colombiana durante más de tres siglos.
Entre los documentos comprometidos figuran registros de hacienda pública, expedientes de ministerios como el de Guerra y Marina y el de Instrucción Pública, además de archivos de gobernaciones, correos y aduanas, leyes originales y libros manuscritos. Se trata de material que, en buena parte, constituye fuente única e irremplazable para la historiografía institucional colombiana, dado que corresponde a documentación previa a la digitalización masiva de los archivos estatales.
El episodio reabre un debate de fondo sobre la vulnerabilidad del patrimonio documental: una parte de los tomos afectados no cuenta todavía con copia digital que garantice la preservación de su contenido en caso de pérdida física irreversible. La ausencia de respaldo digital implica que el daño a un documento original sin copia puede significar la desaparición definitiva de la información histórica que contiene.
Una vez detectada la emergencia el 3 de julio, el Grupo de Conservación y Restauración (GCR) de la entidad inspeccionó las áreas de custodia afectadas, según las respuestas oficiales. El AGN no ha precisado públicamente, hasta el momento, el estado de avance de las labores de restauración ni un cronograma para su finalización, ni el costo estimado de la intervención sobre los 155 tomos.
El AGN es la entidad rectora de la política archivística nacional, adscrita al Ministerio de Cultura, y tiene entre sus funciones legales la custodia, conservación y difusión del patrimonio documental del país. La Ley General de Archivos (Ley 594 de 2000) establece obligaciones específicas de conservación preventiva y planes de contingencia para los archivos históricos, un marco que cobra relevancia a la luz de lo ocurrido en julio.
El origen de la filtración en obras civiles en curso plantea interrogantes sobre los estudios técnicos previos y las medidas de mitigación adoptadas antes de intervenir la "Rosa de los vientos".
No es la primera vez que instalaciones de custodia documental o patrimonial en Colombia enfrentan afectaciones por infraestructura deficiente. Bibliotecas y archivos regionales han reportado en años anteriores problemas de humedad y filtraciones asociados a edificaciones antiguas o en remodelación, lo que ha llevado a organismos de control a insistir en la necesidad de planes de mantenimiento preventivo en sedes que albergan patrimonio documental de alto valor histórico.
La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República tienen competencia para adelantar actuaciones de vigilancia sobre el manejo de bienes públicos y patrimonio cultural cuando existan indicios de negligencia administrativa. Hasta el momento no se ha reportado la apertura de una investigación formal por parte de estos organismos en relación con el incidente del 3 de julio en el AGN.
El caso llega en un momento en que el país avanza en procesos de desclasificación de archivos históricos sensibles, entre ellos los del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), lo que ha puesto en el centro del debate público la importancia de la infraestructura física y tecnológica del AGN para garantizar tanto la conservación como el acceso ciudadano a la memoria documental del Estado.
El Archivo General de la Nación no se ha pronunciado públicamente, más allá de las respuestas a los derechos de petición, sobre las medidas correctivas adoptadas tras el incidente.
De cara a los próximos meses quedan pendientes al menos tres asuntos: el resultado técnico de la intervención del Grupo de Conservación y Restauración sobre los tomos dañados, la eventual apertura de una veeduría o investigación disciplinaria por parte de los organismos de control, y la definición de un cronograma público para la digitalización de los fondos de la Sección República que aún carecen de respaldo digital.
