La decisión del Pentágono no se materializó de un día para otro sino que fue el resultado de una escalada progresiva que comenzó en marzo, cuando el Gobierno español comunicó formalmente a Washington su negativa a autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones contra Irán. Rota, en la provincia de Cádiz, alberga cuatro destructores del sistema de defensa antimisiles Aegis de la Armada estadounidense y es la principal base naval de Estados Unidos en el Mediterráneo occidental. Morón, en la provincia de Sevilla, funciona como centro logístico para operaciones en África y como base de despliegue rápido para fuerzas de Marines. Ambas instalaciones operan bajo un convenio bilateral de defensa firmado en 1988 y actualizado en 2015 que establece que el uso de las bases para operaciones militares requiere el consentimiento previo del Gobierno español, un requisito que hasta ahora nunca había sido invocado para denegar una solicitud estadounidense. La negativa de Sánchez rompió un tabú no escrito en la relación bilateral: el entendimiento implícito de que España siempre diría que sí a las solicitudes operativas de Washington, porque el precio de decir que no — la pérdida de protección estratégica, de acceso a tecnología militar y de influencia en los foros aliados — era demasiado alto para un país mediterráneo cuya posición en la OTAN ha dependido históricamente más de la geografía que de la capacidad militar. Pero Sánchez decidió que el precio de decir que sí era aún más alto: autorizar operaciones ofensivas contra Irán habría convertido a España en cobelgerante de facto en un conflicto que el Gobierno considera ilegal según el derecho internacional, y habría expuesto el territorio nacional a represalias iraníes que el sistema de defensa español no está preparado para absorber.
La respuesta de Washington fue inicialmente contenida: un portavoz del Departamento de Estado expresó «decepción» por la decisión española y el embajador estadounidense en Madrid fue llamado a consultas durante una semana, una medida diplomática severa pero no excepcional. Pero la escalada comenzó cuando el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, controlado por halcones neoconservadores próximos al asesor de seguridad nacional Mike Waltz, recomendó a Trump una serie de represalias graduales que incluyeran la reducción del acceso de España a inteligencia clasificada, la exclusión de España de los ejercicios militares conjuntos del segundo semestre de 2026 y la revisión del convenio bilateral de bases con vistas a una posible renegociación en términos menos favorables para Madrid. Trump, según fuentes de la Casa Blanca citadas por The Washington Post, aprobó el paquete de represalias en una reunión del Consejo de Seguridad celebrada el 15 de abril, y añadió de su propia cosecha una instrucción verbal que los asistentes interpretaron como la orden de «tratar a España como lo que es: un aliado que no se comporta como aliado». Esa instrucción se tradujo en la decisión de trasladar a los oficiales de enlace españoles al área de «países no confiables», una medida que no estaba en el paquete original del Consejo de Seguridad y que, según las fuentes consultadas, sorprendió incluso a algunos funcionarios del Pentágono que la consideraron «desproporcionada y contraproducente».
El correo electrónico interno del Pentágono que planteó la posibilidad de suspender a España de la OTAN es quizás el elemento más revelador del estado de ánimo que impera en ciertos sectores de la administración Trump respecto a los aliados europeos que no secundan su política en Oriente Medio. El correo, enviado por un alto funcionario del Departamento de Defensa cuya identidad El Hemiciclo no revela por protección de fuentes, fue dirigido a un reducido grupo de asesores de política de alianzas y planteaba textualmente: «¿Existe un mecanismo para suspender o expulsar a un miembro de la OTAN que sistemáticamente rechaza cumplir con sus obligaciones de solidaridad aliada?». La pregunta no es retórica: refleja un desconocimiento del Tratado del Atlántico Norte que resulta alarmante en un funcionario de su rango, pero también revela una voluntad de presionar que trasciende los cauces diplomáticos habituales. La respuesta del servicio jurídico del Pentágono fue inequívoca: el Artículo 13 del Tratado de Washington, que rige la OTAN, solo contempla la salida voluntaria de un miembro previa denuncia del tratado con un año de preaviso; no existe ningún mecanismo de suspensión ni de expulsión. La OTAN, a través de su portavoz, ha emitido un comunicado en el que recuerda que «la Alianza se basa en la libre voluntad de sus miembros y en el respeto mutuo entre aliados soberanos», una declaración que puede leerse como un mensaje tanto a Washington como a Madrid: a Washington para recordarle que la OTAN no es una franquicia que pueda revocar membresías, y a Madrid para tranquilizarle respecto a la estabilidad de su posición en la alianza.
El Ministerio de Defensa español celebra hoy una reunión de emergencia a la que asistirán el jefe del Estado Mayor de la Defensa, los jefes de los tres ejércitos y los directores del Centro Nacional de Inteligencia y de la Dirección General de Política de Defensa. La reunión tiene un doble objetivo: evaluar el impacto operativo de la pérdida de acceso a inteligencia compartida y diseñar una estrategia para mitigar los daños mientras se busca una solución diplomática. El impacto operativo es significativo: España participa actualmente en siete misiones internacionales bajo el paraguas de la OTAN, la Unión Europea y Naciones Unidas, y en todas ellas los contingentes españoles dependen en mayor o menor medida de la inteligencia proporcionada por los aliados para la planificación operativa, la evaluación de amenazas y la protección de las fuerzas. Sin acceso a esa información, los comandantes españoles deben recurrir a fuentes propias cuya capacidad es limitada — el presupuesto del CNI es una fracción del de la CIA o el MI6 — y a la cooperación bilateral con aliados europeos que mantienen su acceso a la inteligencia compartida. Francia y Alemania han ofrecido de manera informal compartir con España la información relevante para las misiones en curso, una solución parcial que alivia la urgencia inmediata pero que no sustituye el acceso directo a las bases de datos y los sistemas de comunicación clasificada de la OTAN que España ha perdido.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá mañana martes ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para informar sobre la situación y responder a las preguntas de los grupos parlamentarios. La comparecencia promete ser tensa: el PP, que ha mantenido una posición ambigua sobre la negativa a autorizar Rota y Morón — apoyando la decisión de Sánchez en privado pero criticando su gestión diplomática en público —, aprovechará la sesión para acusar al Gobierno de haber «aislado a España en la alianza atlántica» y de haber «puesto en riesgo la seguridad nacional por un cálculo político de corto plazo». Vox, que desde el principio se opuso a la negativa y pidió que España se alineara con Washington, será aún más agresivo: su portavoz de Defensa ha anunciado que pedirá la dimisión de Robles y de Sánchez y que presentará una proposición no de ley instando al Gobierno a autorizar inmediatamente el uso de las bases. Sumar, por su parte, defenderá la decisión del Gobierno argumentando que «España no es un portaaviones de Estados Unidos» y que la soberanía sobre las bases militares no es negociable. El debate parlamentario del martes será el primer test político serio de la crisis con el Pentágono y su resultado indicará si el Gobierno tiene apoyos suficientes para sostener su posición o si la presión interna y externa le obligará a buscar una fórmula de compromiso.
La dimensión geopolítica de la crisis trasciende la relación bilateral entre España y Estados Unidos. La degradación de España como aliado de confianza se produce en un momento en el que la OTAN atraviesa su peor crisis interna desde la retirada de Francia de la estructura militar integrada en 1966: varios aliados europeos — especialmente Bélgica, Italia y Grecia — han expresado reservas similares a las de España sobre el uso de la infraestructura aliada para operaciones contra Irán, y la represalia contra Madrid puede interpretarse como un mensaje de advertencia para el resto. Si Washington puede degradar a España por negarse a autorizar el uso de sus bases, ¿qué impide que haga lo mismo con Italia si Roma se niega a permitir operaciones desde Sigonella o Nápoles? La pregunta no es teórica: fuentes diplomáticas europeas consultadas por El Hemiciclo confirman que la medida contra España ha provocado «inquietud» en varias capitales aliadas y que la cuestión se planteará en la próxima reunión del Consejo del Atlántico Norte, prevista para mediados de mayo. Francia, que ha adoptado una posición similar a la de España respecto al conflicto con Irán, ha sido la primera en reaccionar: el presidente Macron ha llamado telefónicamente a Sánchez para expresarle su «solidaridad total» y ha anunciado que propondrá en el Consejo Europeo de junio la creación de un «mecanismo europeo de inteligencia de defensa» que reduzca la dependencia de los europeos respecto a la inteligencia estadounidense.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha comparecido esta mañana ante los medios para transmitir la posición oficial del Gobierno, que puede resumirse en tres mensajes: primero, España sigue siendo un aliado comprometido con la OTAN y la defensa colectiva; segundo, la negativa a autorizar Rota y Morón para operaciones contra Irán es una decisión soberana amparada por el convenio bilateral y por el derecho internacional; tercero, el Gobierno no reconoce la categoría de «país no confiable» como una designación oficial de la OTAN y considera que la medida del Pentágono es una decisión unilateral de Estados Unidos que no afecta a la posición de España en la alianza. Bolaños ha evitado cualquier tono de confrontación con Washington y ha subrayado que «los canales diplomáticos están abiertos y activos» para resolver la situación. Pero la realidad es que la degradación ya se ha producido, sus efectos operativos son inmediatos, y la capacidad de España para revertirla depende de la evolución del conflicto con Irán: si la guerra se desescala y las bases de Rota y Morón dejan de ser necesarias para operaciones ofensivas, la presión de Washington disminuirá y la relación podrá reconducirse; si el conflicto se intensifica y Estados Unidos necesita más apoyo de sus aliados europeos, la posición de España se hará cada vez más difícil y la degradación podría convertirse en un aislamiento permanente del sistema de inteligencia occidental.
Para España, la crisis con el Pentágono es un punto de inflexión que obliga a repensar los fundamentos de su política de seguridad y defensa. Durante cuatro décadas, desde su ingreso en la OTAN en 1982, España ha basado su posición estratégica en tres pilares: la alianza con Estados Unidos, la pertenencia a la OTAN y la integración en la Unión Europea. Los tres pilares se complementaban porque operaban en la misma dirección: la protección del orden internacional liberal liderado por Washington. Pero la guerra con Irán ha revelado que los intereses de Estados Unidos y los de la Unión Europea no siempre coinciden, y que cuando divergen, los aliados europeos se ven obligados a elegir bando. España ha elegido el bando europeo — la negativa a autorizar las bases es coherente con la posición de Francia, Bélgica y otros aliados que consideran ilegal la guerra contra Irán —, pero esa elección tiene un coste que nadie en el Gobierno había calculado: la pérdida de la protección estratégica estadounidense que durante décadas ha sido la garantía última de la seguridad nacional española. La reunión de emergencia de hoy en el Ministerio de Defensa es el primer paso para calcular ese coste y diseñar una respuesta que proteja los intereses de España sin romper una alianza que sigue siendo, pese a todo, la columna vertebral de su arquitectura de seguridad.
