El caso austríaco es el más pronunciado de todos los registrados. En agosto se presentaron 223 primeras solicitudes de asilo en el país alpino, frente a las 675 del mismo mes de 2025, un retroceso del 67% que devuelve la cifra a niveles no vistos en dos décadas. Entre enero y agosto el total cayó un 45%, según el Ministerio del Interior austríaco, que ha acuñado el término «inmigración negativa» para describir un saldo que se sitúa por debajo de cero: hasta finales de agosto, 10.440 extranjeros abandonaron el país de forma voluntaria o forzosa, frente a las cerca de 2.200 primeras solicitudes presentadas en el primer semestre.
El fenómeno no se limita a Austria. Polonia registra una caída del 61% en las solicitudes durante los ocho primeros meses del año; España, del 37%; Alemania, del 32%; Grecia, del 21%, y Francia, del 16%, de acuerdo con los datos recopilados por la Agencia de Asilo de la Unión Europea. La llegada por mar también se ha reducido: unas 60.000 personas alcanzaron Europa a través del Mediterráneo y el Atlántico hasta mediados de septiembre, frente a las 98.000 del mismo periodo de 2025, un descenso del 39%.
Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han constituido un grupo informal, conocido como el Grupo de los Cinco, para negociar de forma conjunta con terceros países la creación de centros de retorno fuera del territorio de la Unión Europea. Los cinco gobiernos aspiran a cerrar acuerdos antes de que termine el año para enviar allí a extranjeros sin derecho de residencia; Dinamarca calcula que los primeros traslados podrían producirse en 2027.
La composición de ese grupo revela el desplazamiento del debate migratorio europeo en la última década. Dinamarca aplica desde hace años una de las políticas de asilo más restrictivas del continente y Austria ha reforzado sus controles de forma sostenida. Pero la incorporación de Alemania y Países Bajos, dos países que hasta hace pocos años ocupaban posiciones muy distintas en esta discusión, ilustra hasta qué punto el consenso ha cambiado de signo en las capitales nacionales.
El Pacto de Migración, vigente desde junio
La propia Unión Europea ha modificado su marco normativo. El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo entró plenamente en aplicación el pasado 12 de junio y establece procedimientos acelerados en frontera para determinados solicitantes, con especial atención a quienes proceden de países considerados seguros o cuyas nacionalidades registran una tasa europea de reconocimiento de protección inferior al 20%.
El 56% de las solicitudes presentadas durante el primer semestre de este año procedía de nacionalidades incluidas en alguno de esos supuestos. Bangladesíes, egipcios y venezolanos obtuvieron protección en primera instancia en apenas un 2% o un 3% de los casos, según la Agencia de Asilo de la Unión Europea, lo que ha permitido a las autoridades nacionales distinguir con mayor rapidez entre solicitantes con posibilidades razonables de obtener protección y aquellos cuya petición previsiblemente será denegada.
El problema que persiste es la ejecución efectiva de las expulsiones. Durante años, rechazar una solicitud de asilo no equivalía a devolver al solicitante a su país: recursos judiciales, dificultades para identificar al extranjero, falta de cooperación de terceros países y la desaparición del solicitante antes de la expulsión convertían muchas órdenes de salida en papel administrativo sin efecto práctico. Las nuevas normas europeas sobre retornos buscan cerrar ese agujero mediante una orden europea común de retorno y la posibilidad de que los Estados establezcan centros en terceros países para quienes hayan recibido una resolución definitiva de expulsión.
Austria ofrece el ejemplo más ilustrativo de este giro. Viena suspendió temporalmente la reagrupación familiar para refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria: entre enero y agosto de 2025 habían entrado por esa vía 979 personas, cifra que se redujo a 60 en el mismo periodo de este año, limitadas prácticamente a casos de especial gravedad social. El Gobierno austríaco ha anunciado que sustituirá la suspensión por una cuota que califica de muy reducida.
El país ha prolongado además otros seis meses los controles fronterizos con Hungría, Eslovenia, República Checa y Eslovaquia, y ha extendido la vigilancia desde los pasos fronterizos hacia el interior. La policía austríaca trabaja incluso en territorio húngaro mediante la denominada Operación Fox para combatir las redes de tráfico de personas antes de que alcancen suelo austríaco. El Ministerio del Interior sostiene que esas redes están evitando ya el país y desviándose hacia otras rutas.
Once años después del verano de Merkel
El punto de partida de este ciclo se remonta a 2015, cuando la entonces canciller alemana Angela Merkel decidió mantener las fronteras abiertas para los solicitantes de asilo que llegaban a Europa procedentes de Oriente Medio y el Norte de África, bajo la consigna «Wir schaffen das» —podemos hacerlo—. Once años después, el vocabulario dominante en las cancillerías europeas ha girado hacia los procedimientos de retorno y expulsión, un desplazamiento que coincide con el ascenso electoral de formaciones críticas con las políticas migratorias abiertas en varios países del continente.
Este viraje hacia el control migratorio se produce en paralelo a otras tensiones dentro de la Unión Europea, como la que enfrenta a los socios comunitarios con España por la vinculación entre la ampliación de la UE y el catalán, que varios gobiernos europeos han calificado de inaceptable, o las presiones de Francia para que Bruselas flexibilice las normas de calidad de los carburantes ante la crisis del estrecho de Ormuz, según ha pedido el Elíseo.
Las cifras de la Agencia de Asilo de la Unión Europea correspondientes al primer semestre de 2026 constituyen, por ahora, el indicador más reciente de una tendencia que las autoridades nacionales atribuyen tanto a la disuasión generada por las nuevas normas de retorno como al endurecimiento de los controles fronterizos en varios Estados miembros. Dinamarca sitúa en 2027 los primeros traslados a centros fuera de la Unión.
