Madrid reclama desde hace años la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas, una demanda que ha vuelto a vincular a las negociaciones de ampliación. El argumento del secretario de Estado es que resulta incoherente sumar nuevas lenguas oficiales con la entrada de futuros Estados miembros mientras las tres lenguas cooficiales españolas siguen sin ese estatus en Bruselas.
La oficialidad de una lengua en la UE exige la unanimidad del Consejo, un requisito que convierte cualquier ampliación del régimen lingüístico en un proceso sujeto a vetos cruzados. España presentó formalmente la solicitud para las tres lenguas en 2023, sin que se haya alcanzado el consenso necesario entre los Veintisiete. Los socios contrarios sostienen que la ampliación y el régimen lingüístico interno de un Estado miembro son cuestiones jurídicamente independientes que no deberían mezclarse.
El pulso no es nuevo. En el frente ya abierto por España, recogido en la presión de Madrid para ligar la ampliación a las lenguas cooficiales, varias capitales calificaron la maniobra de "una amenaza vacía" que no alteraría el fondo de la negociación.
La ampliación hacia el Este y los Balcanes es una prioridad geoestratégica para Bruselas desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, que aceleró las candidaturas de Kiev y Chisináu. La Comisión Europea aspira a mantener despejado ese calendario, y cualquier requisito añadido —como el lingüístico español— introduce fricción en una negociación que ya suma frentes con Madrid: la propuesta española de ampliar el presupuesto comunitario chocó con el rechazo de Alemania y los países frugales.
Irlanda logró el gaélico en 2022
El caso no es inédito en la Unión: Irlanda obtuvo la oficialidad plena del gaélico en 2022, tras un proceso condicionado a la disponibilidad de traductores e intérpretes suficientes, una limitación técnica que Bruselas ha esgrimido también frente a las peticiones españolas. El coste y la logística de sumar lenguas al régimen de traducción de las instituciones ha sido uno de los argumentos recurrentes de las delegaciones reticentes.
El secretario de Estado para la UE ha reiterado que el Gobierno no retirará su exigencia mientras no se avance en el reconocimiento de las lenguas cooficiales, una posición que mantiene abierto el desencuentro con los socios europeos en las reuniones del Consejo dedicadas al proceso de ampliación.
