La misiva sitúa el origen del problema en la vía marítima por la que transita buena parte del petróleo y el gas que llega a Europa desde el golfo Pérsico. El bloqueo de facto de Ormuz desde febrero ha reducido el flujo de crudo hacia el continente y ha presionado al alza los precios de los carburantes en varios Estados miembros, entre ellos Francia.
Macron no se limita a solicitar la flexibilización de los estándares de calidad de los combustibles. El Elíseo propone también ampliar temporalmente los límites permitidos en la mezcla de biocombustibles, una medida orientada a estirar la oferta disponible sin depender exclusivamente del petróleo importado, y aplazar la entrada en vigor de la regulación europea sobre medición y notificación de emisiones de metano vinculadas a la extracción de gas y petróleo.
La petición a Bruselas no puede desligarse del frente interno que atraviesa el jefe del Elíseo. Macron negocia estos días los recortes del que será el último presupuesto de su mandato, en un contexto de descontento social alimentado por el encarecimiento de la energía. El alza de los carburantes añade presión a un Ejecutivo que ya afronta resistencias parlamentarias y sociales a los ajustes fiscales previstos para el próximo ejercicio.
La normativa europea sobre calidad de carburantes, recogida en la directiva 98/70/CE y sus sucesivas modificaciones, fija estándares mínimos de composición para gasolinas y gasóleos que buscan garantizar tanto el funcionamiento de los motores como el control de emisiones contaminantes. Cualquier flexibilización temporal requeriría el visto bueno de la Comisión y, según su alcance, podría necesitar el aval del Consejo o el Parlamento Europeo, conforme al procedimiento habitual para modificar este tipo de legislación.
La solicitud francesa se suma a un calendario cargado de decisiones comunitarias con implicaciones energéticas y comerciales. Bruselas ultima además la directiva europea contra el 'greenwashing', que entra en vigor a finales de septiembre, mientras persisten las tensiones presupuestarias entre socios, visibles en el rechazo de Alemania y los países frugales a la propuesta española de ampliar el presupuesto comunitario.
El antecedente más cercano de flexibilización regulatoria por motivos energéticos data de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania llevó a la Unión Europea a relajar temporalmente varios requisitos ambientales y de almacenamiento para afrontar el corte del gas ruso. Aquella experiencia sirvió para articular excepciones puntuales sin desmontar el marco normativo de fondo, un esquema que Bruselas podría replicar ahora si decide atender la petición del Elíseo.
La decisión sobre la carta dependerá de cómo evolucione la situación en Ormuz y de la disposición del resto de socios europeos, varios de los cuales afrontan presiones similares por el encarecimiento energético derivado de la crisis en Oriente Próximo.
