Sigamos concediendo, que el razonamiento es elegante y merece recorrerse entero. Dice el Supremo que la reserva de ley tributaria es relativa, no absoluta. Correcto: el legislador fija lo esencial y el reglamento rellena. Dice que la Ley 13/2023 ya reescribió el artículo 120 de la Ley General Tributaria y que, por tanto, lo esencial estaba fijado antes de que el Real Decreto 117/2024 pusiera los detalles. También correcto. Y dice que el concepto de normativa propia del tributo incluye su desarrollo reglamentario. No se lo discuto. Hasta aquí, el edificio se sostiene: cada premisa descansa sobre la anterior y ninguna chirría.
Aceptemos una más. Sostiene la sentencia que la reforma no recorta la tutela judicial efectiva, porque las vías de impugnación siguen abiertas. Se lo compro. Usted conserva el derecho a recurrir, a discrepar, a llevar su caso ante un tribunal. Nadie le ha cerrado la puerta de los juzgados. Y recuerda además el tribunal que el artículo 221.4 mantiene abierta la devolución de ingresos indebidos, y que el cauce clásico sobrevive cuando usted alegue que la norma aplicada vulnera otra de rango superior. Dicho de otro modo: si su discrepancia es con la Constitución o con una directiva, el camino viejo le espera. Magnífico.
Reparemos, eso sí, en un detalle que la propia resolución tiene la honestidad de reconocer: ese resquicio del 221.4 es insuficiente para el supuesto más habitual. El más habitual, concede el texto, es el del contribuyente que detecta un gasto mal deducido o una operación mal declarada y que no discute ninguna norma de rango superior, sino un criterio de aplicación. Es decir: el caso de casi todos ustedes. Para casi todos ustedes, el cauce que sobrevive no sirve, y el cauce obligatorio es el nuevo. Pero sigamos, que todavía no ha reventado nada.
Vamos al corazón, que es donde el Supremo pone la palabra exacta: el cambio afecta al orden de los acontecimientos. Antes, con el artículo 120.3, la Administración estaba obligada a tramitar su solicitud, comprobar si procedía la devolución y resolver antes de que el dinero cambiara de manos. Usted pedía, Hacienda miraba, y luego pagaba. Ahora el orden se invierte: usted presenta la rectificativa, la devolución puede ejecutarse sin pronunciamiento previo sobre el fondo, y la Agencia Tributaria conserva intactas sus facultades de comprobación posterior. Primero cobra usted, después mira Hacienda. Más ágil, sin duda. Más moderno. Nadie espera.
Conviene aquí recordar a Quevedo, que de impuestos sabía lo que de casi todo: «poderoso caballero es don Dinero». El Supremo no lo cita, pero describe con precisión notarial su coreografía. Porque la pregunta no es ya quién tiene derecho a la devolución, sino quién la tiene en la mano mientras se decide si le correspondía. Y ahí está el matiz que el fallo expone con limpieza y que conviene leer despacio, porque es la bisagra sobre la que gira todo lo demás.
Observe lo que ocurre cuando el nuevo orden se cumple hasta el final. Con la antigua solicitud de rectificación, usted ya había ingresado la deuda; pedir la devolución no suponía por sí mismo incumplir el artículo 191. Pedía algo que era suyo o creía suyo, y mientras tanto el dinero seguía en las arcas públicas. Con la rectificativa, usted cobra primero; si Hacienda concluye después que no procedía, esa devolución ya cobrada puede acabar regularizada y, en su caso, sancionada. Siga el razonamiento oficial hasta su conclusión y verá adónde conduce: el sistema anterior le permitía discrepar desde la quietud; el nuevo le invita a discrepar cobrando por adelantado, con la sanción esperando al final del pasillo. La propia Aedaf lo dice con sencillez: así se desincentiva plantear discrepancias interpretativas. Traducido: el modelo es más ágil porque hace más caro equivocarse al corregir, y corregir es precisamente lo que uno hace cuando cree que se equivocó la primera vez.
Y aquí revienta solo, sin que haya que empujar. El resultado del razonamiento impecable es que se ha construido un cauce obligatorio y excluyente para el caso más común, se ha reconocido que el resquicio alternativo no cubre ese caso común, y se ha invertido el orden de modo que quien use el cauce común lo haga cobrando primero y arriesgándose a la sanción después. Todo legal, todo avalado, todo afín —dice la propia resolución— a la línea de otros tribunales. Nadie firmaría en voz alta la frase «conviene que corregir salga caro». Pero es la conclusión que sale, limpia, de premisas que usted mismo ha aceptado una por una. No es una acusación: es una resta. El club que redacta el formulario y el club que lo aplica son el mismo; quien rellena el 303 cada trimestre, desde su sede electrónica y su Cl@ve, es usted. Ágil para quien comprueba, inquietante para quien corrige.
De manera que la sencillez quedó avalada, el orden quedó invertido y la discrepancia quedó más cara. Y queda una pregunta, que no es retórica y tiene respuesta concreta aunque nadie vaya a pronunciarla este domingo: cuando el contribuyente de a pie dude entre corregir su error y callárselo para no cobrar primero y pagar después, ¿quién redactó el Real Decreto 117/2024 que convirtió esa duda en la postura más prudente?