El pacto cierra la ronda de presupuestos anuales antes de que el Consejo y la Eurocámara entren de lleno en la negociación del próximo marco financiero plurianual, el que cubrirá el periodo 2028-2034. Los compromisos acordados representan el 0,99% de la renta nacional bruta de la Unión y los pagos el 1,05%, unos porcentajes dentro del techo fijado por el marco vigente desde 2021. El presupuesto distingue entre compromisos —obligaciones legales de financiación que pueden prolongarse varios ejercicios— y pagos, el dinero efectivamente desembolsado para cubrirlos.
Simon Harris, ministro de Finanzas de Irlanda y responsable de mediar en las negociaciones al ostentar su país la presidencia rotatoria del Consejo, resumió el espíritu del acuerdo tras cerrarse el pacto.
«El presupuesto para 2027 debe lograr el equilibrio adecuado: dotar a la Unión de los medios necesarios para actuar con decisión, responder a las necesidades de sus ciudadanos e invertir en su futuro, evitando al mismo tiempo una carga adicional para los presupuestos nacionales y los contribuyentes», declaró Simon Harris, ministro de Finanzas de Irlanda.
El ministro irlandés añadió que el objetivo es «concentrar nuestros recursos en iniciativas que ofrezcan resultados tangibles, refuercen nuestra resiliencia común y protejan lo que más importa a los europeos: la paz, la seguridad y la prosperidad», una formulación que sitúa el gasto comunitario en el terreno de la seguridad continental, un giro discursivo recurrente en Bruselas desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
El Consejo justificó el pacto en que busca «garantizar que la Unión Europea disponga de los recursos necesarios para aplicar las políticas y desarrollar los programas que ya han sido aprobados» y mantener «la capacidad de respuesta de las instituciones europeas ante las crisis actuales». La cohesión y la política digital figuran como las prioridades más claras, dos elementos que, según el propio Consejo, son además divisivos de cara al nuevo marco financiero.
75.764,9 millones para cohesión y resiliencia
El mayor bloque de recursos se destina al apartado de cohesión, resiliencia y valores, con 75.764,9 millones de euros en compromisos y 81.849,9 millones en pagos, la partida de mayor peso y la que tradicionalmente sostiene las transferencias a las regiones menos desarrolladas de la Unión, un mecanismo que arrastra desde las ampliaciones de los años ochenta y que sigue siendo el principal instrumento de equilibrio territorial entre el norte y el sur y entre el oeste y el este del bloque. Le sigue el área de recursos naturales y medio ambiente, con 57.113,4 millones en compromisos y 61.278,4 millones en pagos, heredera directa de la Política Agraria Común que desde su creación en 1962 concentra buena parte del gasto comunitario.
El mercado único, la innovación y la transformación digital reciben 22.007,5 millones de euros en compromisos y 22.850,5 millones en pagos, una partida que Bruselas vincula a su objetivo de reducir la dependencia tecnológica de proveedores extracomunitarios, en línea con las advertencias que ha lanzado Arcadi España sobre una «estrategia deliberada de potencias mundiales» para debilitar la cohesión del bloque. La migración y la gestión de fronteras reciben 5.811,6 millones en compromisos y 3.878,8 millones en pagos, mientras que seguridad y defensa cuenta con 3.078,5 millones y 2.230,7 millones respectivamente, una cifra marginal frente al peso de la cohesión y la agricultura.
650 millones para el préstamo a Ucrania
La acción exterior de la Unión tiene un peso relevante, con 15.537,9 millones de euros en compromisos y 16.660,6 millones en pagos para el apartado de vecindad y el mundo, la partida que financia la proyección europea hacia los Balcanes, el Mediterráneo y el este de Europa. Dentro de ese capítulo, el presupuesto reserva 650 millones de euros, tanto en compromisos como en pagos, para el préstamo de apoyo a Ucrania, un instrumento activo desde el inicio de la invasión rusa que se suma a los mecanismos de financiación extraordinaria aprobados en los últimos ejercicios ante la prolongación del conflicto.
Las instituciones europeas justifican este refuerzo por la necesidad de «contar con recursos suficientes para hacer frente a estas crisis y atender posibles necesidades imprevistas que puedan afectar a los países miembros», en referencia tanto a la guerra en Ucrania como a la situación en Oriente Medio, dos frentes que desde 2023 condicionan buena parte de la acción exterior comunitaria.
El acuerdo también reserva 710,1 millones de euros dentro de los límites de gasto del actual marco financiero plurianual, un margen que permite a la Unión disponer de capacidad de maniobra para reaccionar ante situaciones inesperadas que no hayan podido preverse durante la negociación, una fórmula habitual en los presupuestos anuales comunitarios desde la reforma del sistema de recursos propios tras la crisis financiera de 2008.
La administración pública europea cuenta con 13.869,7 millones de euros, tanto en compromisos como en pagos, a los que se suman 5.874,1 millones en compromisos y 8.257,2 millones en pagos para instrumentos especiales, la partida que cubre reservas de emergencia y ajustes técnicos no asignados a capítulos ordinarios. El reparto entre cohesión y digitalización como prioridades compartidas anticipa, según la descripción del acuerdo trasladada por el Consejo, la tensión que marcará la negociación del siguiente marco financiero plurianual, en la que ambos capítulos figuran entre los más divisivos por el desacuerdo entre Estados sobre si reforzar las transferencias regionales o concentrar recursos en la competitividad tecnológica.
Esa misma lógica de reparto de poder y recursos entre capitales nacionales e instituciones comunitarias atraviesa otros debates abiertos en Bruselas, como el que plantea Albares al reclamar que la disuasión europea esté «más en nuestras manos». El pacto alcanzado entre los 27 y la Eurocámara cierra el ciclo presupuestario anual del marco financiero 2021-2027 y traslada el foco a las negociaciones del periodo 2028-2034.