El Parlamento Europeo ha documentado un deterioro de la independencia judicial en España y ha alertado de un aumento en la percepción de corrupción en el país, según las conclusiones de una misión parlamentaria que visitó Madrid. El informe de esa misión identifica más de 120 decretos-ley aprobados por el Gobierno desde 2018, una cifra que la institución califica como récord sin precedentes desde la Transición española, y denuncia que el Ejecutivo rechazó reunirse con los eurodiputados desplazados a la capital durante el transcurso de esa visita.
Por qué importa este informe
Las misiones parlamentarias del Parlamento Europeo no tienen capacidad sancionadora directa, pero sus conclusiones alimentan los mecanismos de supervisión del Estado de Derecho que la Unión Europea ha reforzado desde 2020, entre ellos el Informe Anual sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, cuyas recomendaciones pueden condicionar el desembolso de fondos comunitarios. Que una de esas misiones documente de forma explícita el deterioro de la independencia judicial y el aumento de la percepción de corrupción en un Estado miembro de la magnitud de España convierte el texto en un referente político y jurídico difícil de ignorar por las instituciones europeas.
El uso del decreto-ley como eje central de la crítica
La figura del decreto-ley está prevista en el artículo 86 de la Constitución española para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, y su uso requiere una posterior convalidación por el Congreso de los Diputados. La misión europea fija en más de 120 el número de decretos-ley emitidos desde 2018, una cadencia que, según el documento parlamentario, no tiene parangón en ningún otro periodo desde el restablecimiento del sistema democrático. La utilización sostenida y masiva de este instrumento ha sido objeto de debate jurídico en España, dado que su empleo reiterado para legislar materias que no responden a una urgencia acreditada ha sido cuestionado en diversas ocasiones ante el Tribunal Constitucional.
La negativa del Gobierno a reunirse con los eurodiputados
La misión parlamentaria denuncia además que el Gobierno español declinó reunirse con los eurodiputados durante su visita a Madrid. Esta negativa es relevante en términos procedimentales: las misiones del Parlamento Europeo solicitan habitualmente encuentros con los poderes ejecutivos de los países visitados como parte de su metodología de recogida de información. La ausencia del Ejecutivo en esas reuniones priva al informe de la versión oficial del Gobierno y, al mismo tiempo, es registrada por la propia misión como un dato significativo sobre la disposición de las autoridades españolas hacia el escrutinio europeo.
Independencia judicial y percepción de corrupción
El informe aborda dos planos diferenciados. Por un lado, el deterioro de la independencia judicial, que en el contexto europeo hace referencia habitualmente a elementos como el proceso de nombramiento de altos magistrados, la duración de los bloqueos en la renovación de órganos de gobierno del poder judicial o la existencia de presiones sobre jueces y fiscales. Por otro, el aumento de la percepción de corrupción, indicador que mide la confianza ciudadana en la integridad de las instituciones y que organismos como Transparencia Internacional recogen de forma periódica.
Contexto europeo: España bajo la lupa del Estado de Derecho
España no es el único Estado miembro que ha recibido observaciones de las instituciones europeas sobre la situación de su sistema judicial. Países como Polonia y Hungría han sido objeto de procedimientos formales por vulneraciones del Estado de Derecho en los últimos años, aunque sus circunstancias son jurídica e institucionalmente distintas. En el caso español, la Comisión Europea ha incluido en sus sucesivos informes anuales recomendaciones relativas a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces que estuvo en funciones durante más de cuatro años por el bloqueo entre los partidos mayoritarios antes de alcanzarse un acuerdo. Ese precedente forma parte del contexto en el que la misión parlamentaria encuadra sus conclusiones.
Posiciones de las partes
El Gobierno español no facilitó su posición a la misión parlamentaria durante la visita, según recoge el propio informe. Los grupos políticos que promovieron o participaron en la misión no han sido identificados de forma específica en el material verificado disponible para esta pieza.
Qué puede ocurrir a partir de ahora
Las conclusiones de la misión podrán ser incorporadas al ciclo de supervisión del Estado de Derecho de la Comisión Europea, cuyo próximo informe anual se publica con periodicidad establecida. El Parlamento Europeo puede además aprobar resoluciones sobre la situación en España a partir de este material, aunque tales resoluciones tienen carácter político y no vinculante. En paralelo, el debate interno sobre el uso del decreto-ley y la composición de los órganos judiciales continuará condicionado por la aritmética parlamentaria española, en un contexto en el que el Ejecutivo depende de mayorías variables para sacar adelante su agenda legislativa.
