La defensa de Rojas, liderada por el penalista Diego Henao Vargas, sostuvo ante el despacho judicial que su representado no fue un tercero ajeno a los hechos investigados, sino un actor con conocimiento directo de las decisiones que se tomaban al interior de Hocol respecto al proyecto estratégico de regasificación. "Luis Enrique Rojas Cuellar no fue un tercero ajeno a los hechos investigados, su Señoría (.), sino una persona que, en razón de las funciones que desempeñaba en Hocol S. A., tuvo conocimiento y participación directa en las decisiones relacionadas con el proyecto de regasificación de Chuchupa y Ballena", aseguró Henao.
Según el relato expuesto por la defensa, los hechos se remontan a septiembre de 2024, cuando —de acuerdo con la denuncia— Roa habría insistido en que el proyecto de Ballena y Chuchupa fuera direccionado, sin justificación aparente, hacia la empresa Gaxi. Esa compañía tenía como representante a Juan Guillermo Mancera, señalado en otros episodios del expediente por su presunta injerencia en la adquisición de un apartamento de alto valor en el sector del Chicó, en el nororiente de Bogotá, hecho que constituye uno de los ejes centrales de la acusación contra Roa.
La ponencia de la defensa mencionó también a Julián Caicedo, pareja sentimental de Ricardo Roa, a quien se refirió como una persona con influencia relevante dentro de la estructura de Ecopetrol y con interés directo en el desenlace del proyecto de regasificación. Según la exposición en la audiencia, Caicedo no figura vinculado formalmente como procesado en esta causa.
Henao situó el inicio de las presiones a finales de septiembre de 2024 y su intensificación en octubre. "Desde finales de septiembre, y de la manera más intensa desde octubre de 2024, el señor Ricardo Roa y el señor Julián Caicedo comenzaron a ejercer presión sobre Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, para que el proyecto relacionado con la gasificadora de Ballena y Chuchupa fuera direccionado a la empresa Gaxi", señaló el abogado. Ante la negativa del entonces presidente de Hocol, quien habría considerado que no existía justificación para ese direccionamiento, las presiones se habrían extendido a otros funcionarios de la petrolera.
La defensa sostuvo que Mancera empezó a solicitar información sobre el proyecto de regasificación a distintos funcionarios de Hocol en ese mismo periodo. "Luego vienen presiones a otros funcionarios de Hocol. En el mismo contexto, el señor Juan Guillermo Mancera empezó a solicitar información relacionada con el proyecto de regasificación a diferentes funcionarios de Hocol", citó el jurista, quien añadió que todos los funcionarios se opusieron al direccionamiento del contrato hacia la empresa señalada.
El expediente sitúa un punto de quiebre el 18 de febrero de 2025, fecha en la que Rojas fue citado a una reunión de junta directiva de Hocol para tratar específicamente el proyecto de regasificación. Según la versión de la defensa, en los días previos a ese encuentro Roa y Caicedo, en compañía de Mancera, le habrían manifestado a Rojas que la reunión pretendía impartir instrucciones para direccionar el proyecto, un extremo que no ha sido confirmado por las demás partes.
El reconocimiento de Rojas como víctima no implica, en esta fase, un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Roa, quien continúa amparado por la presunción de inocencia. El delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 411 del Código Penal colombiano, sanciona al servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, la influencia derivada del ejercicio de su cargo para obtener un beneficio en un asunto que deba conocer o esté conociendo un servidor en ejercicio de sus funciones.
La defensa de Ricardo Roa anunció en la misma jornada que presentará una solicitud de nulidad contra el escrito de acusación formulado por la Fiscalía General de la Nación, un incidente procesal que deberá resolverse antes de que el caso avance hacia la etapa de juicio oral. La diligencia quedó aplazada hasta el 25 de noviembre, fecha en la que se reanudará la audiencia.
El caso se produce en un momento de escrutinio sobre la gestión de contratos estratégicos en Ecopetrol, la principal empresa petrolera del país y de mayoría estatal a través del Ministerio de Hacienda. La compañía ha sido objeto de debates de control político en el Congreso de la República relacionados con la transparencia en la adjudicación de proyectos de infraestructura energética.
Como antecedente comparable en la historia reciente del país, cabe recordar los procesos judiciales derivados del escándalo de corrupción de Odebrecht, que en la década de 2010 involucró a contratistas de infraestructura vial y derivó en imputaciones contra congresistas y exfuncionarios por presunto tráfico de influencias y cohecho, procesos que en varios casos se extendieron durante años ante los juzgados penales especializados de Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado públicamente sobre los detalles específicos revelados en la audiencia del 20 de agosto, mientras Roa, a través de su defensa, mantiene su derecho a controvertir cada uno de los señalamientos expuestos por la contraparte. El próximo hito procesal relevante será la resolución de la solicitud de nulidad del escrito de acusación, prevista para la audiencia del 25 de noviembre, de cuyo resultado dependerá si el caso continúa hacia el juicio oral o si se ordena rehacer parte de la actuación fiscal.
