"Estamos con el séptimo grupo del ejército de los Estados Unidos (…) estamos trabajando en conjunto en la lucha contra el narcoterrorismo", declaró Jaramillo. La confirmación llegó acompañada de imágenes del gobernador junto a militares estadounidenses, difundidas en redes sociales, que reavivaron cuestionamientos por la ausencia de información pública sobre el alcance del despliegue, dado que el gobierno no ha precisado cuántos efectivos se movilizan ni por cuánto tiempo.
Esmeraldas, provincia costera del Pacífico ecuatoriano, se ha convertido en corredor estratégico del narcotráfico, que utiliza los puertos del Pacífico para exportar cocaína hacia EE. UU. y Europa. La región ha sido escenario de asesinatos, secuestros y extorsiones atribuidos a estructuras criminales que se disputan el control de las rutas de la droga, en una franja que comparte porosidad fronteriza con el departamento colombiano de Nariño, históricamente afectado por cultivos ilícitos y por la presencia de grupos armados que se mueven entre ambos países.
El ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, anunció este jueves la llegada de dos barcos de guerra y tres helicópteros Black Hawk estadounidenses para reforzar el control de puntos marítimos y ciudades costeras como Manta. "Vamos a aumentar por tres nuestras capacidades de interdicción en la zona marítima", afirmó en un video difundido en redes sociales.
El decreto publicado esta semana por el gobierno de Daniel Noboa permite que los militares estadounidenses permanezcan en territorio ecuatoriano hasta 180 días sin visa y les otorga inmunidad migratoria. La medida se produce pese a que en un referendo realizado en 2025 los ecuatorianos rechazaron la implantación de bases militares estadounidenses en su territorio, un pronunciamiento que el actual esquema de cooperación temporal busca sortear sin reeditar la figura de las bases permanentes.
Noboa llegó al poder en 2023 con una política de mano dura contra el crimen organizado. Sin embargo, los indicadores de violencia no ceden: el año pasado Ecuador registró un récord de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, según cifras del propio gobierno ecuatoriano, una de las tasas más altas de la región. La comparación es elocuente frente a los promedios latinoamericanos históricos, situados muy por debajo de esa marca, y frente al propio Ecuador de hace una década, cuando figuraba entre los países más seguros de la zona andina.
La cooperación entre Quito y Washington se profundiza en momentos en que Trump impulsa una política antidrogas basada en ataques militares directos en el continente americano. Desde 2025, el mandatario estadounidense ordenó bombardeos contra presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el océano Pacífico que, según cifras que maneja su propio gobierno, han dejado al menos 215 muertos hasta la fecha.
Human Rights Watch y medios internacionales han denunciado que EE. UU. estaría detrás de ataques contra lanchas pesqueras en aguas ecuatorianas que habrían dejado al menos ocho desaparecidos, hechos que no han sido esclarecidos judicialmente. En sentido contrario, el Departamento de Estado informó el jueves que EE. UU. embargó diez pesqueros ecuatorianos señalados de participar en tráfico de drogas y anunció sanciones contra 15 personas vinculadas a una red de narcotráfico que opera desde Ecuador.
Qué implica para la frontera con Nariño
Para Colombia, el despliegue estadounidense en el norte de Ecuador reviste particular relevancia por la porosidad de la frontera compartida con Nariño, zona golpeada por los cultivos ilícitos y la presencia de grupos armados. El precedente más cercano es el Plan Colombia, la alianza antidrogas suscrita con Washington a comienzos de los años 2000, que convirtió al país en el principal receptor de ayuda militar estadounidense en América Latina durante más de una década y dejó un debate abierto sobre los riesgos de la militarización de la lucha antinarcóticos sin controles judiciales robustos, discusión que hoy resuena en el caso ecuatoriano.
El Escudo de las Américas, marco bajo el cual se despliegan estas operaciones, no cuenta con un mecanismo de rendición de cuentas públicamente conocido que permita verificar el número de efectivos, los recursos destinados o los resultados operativos de las misiones conjuntas. La combinación de inmunidad migratoria, plazos de hasta 180 días y hermetismo operativo ha llevado a organizaciones de la sociedad civil en Ecuador a reclamar mayor transparencia al gobierno de Noboa.
El decreto de inmunidad para tropas extranjeras deberá pasar por el escrutinio de la Asamblea Nacional de Ecuador, mientras organismos internacionales de derechos humanos continúan solicitando información oficial sobre los ataques a embarcaciones en el Pacífico. Para Colombia, el desenlace de estas operaciones será determinante para definir el futuro de la cooperación fronteriza en la lucha contra el narcotráfico en una de las zonas más afectadas por la violencia en la región andina.
