La cifra de 67 fallecidos, atribuida a las autoridades españolas, convierte estos días en uno de los episodios más graves de la gestión de la frontera sur en la historia reciente. El precedente más directo es el asalto masivo de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas cruzaron a nado hacia Ceuta en menos de dos días tras una relajación de la vigilancia marroquí, en un contexto de tensión diplomática por la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquella crisis obligó a un despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de contención en la playa de El Tarajal y abrió un contencioso bilateral que tardó casi un año en encauzarse.
El Ministerio del Interior de Marruecos ofreció este lunes su primera valoración pública de lo sucedido. A través de un comunicado, un portavoz sostuvo que lo ocurrido no fue fruto «ni de circunstancias espontáneas ni de factores circunstanciales», sino una combinación de «la explotación maliciosa del espacio digital y de la actividad de redes de trata de personas», junto a «la promoción de información engañosa y malas interpretaciones que acompañaron a las recientes decisiones emitidas por las autoridades judiciales españolas». Rabat descartó así responsabilidad institucional propia y situó en el origen del episodio una sentencia del Tribunal Supremo español sobre las devoluciones en caliente.
Esa figura de las expulsiones inmediatas en frontera está regulada en España por la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, introducida en la reforma de 2015 en medio de la crítica de organismos como el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. El régimen jurídico de estas devoluciones ha sido objeto de sucesivos pronunciamientos judiciales sobre el margen de actuación de la Guardia Civil en el perímetro fronterizo, un extremo que el Gobierno español y el Poder Judicial no han detallado públicamente en relación con la versión difundida por Rabat.
La respuesta de Moncloa y el choque político
Sánchez optó por una doble vía discursiva: calificó la llegada masiva de «ataque a la integridad de España», una expresión que eleva el tono sin acusar formalmente a las autoridades marroquíes, y al mismo tiempo destacó la «cooperación» de Rabat en las labores de repatriación. La fórmula busca no deteriorar una relación bilateral que España considera estratégica desde la Declaración conjunta de abril de 2022, que cerró la crisis diplomática abierta el año anterior por la acogida de Ghali en territorio español.
Feijóo visitó Ceuta el sábado y exigió al Ejecutivo que aclare si conocía con antelación el riesgo de una entrada masiva. «Tenemos el derecho a que el Gobierno nos diga si, conociendo lo que iba a pasar, por qué no actuó», declaró el líder del PP, que sostuvo que la crisis «no era imprevisible». Este lunes insistió en que no existe «la normalidad de la que habla el Gobierno» en la ciudad y que «basta con pisar la calle para comprobarlo».
El choque no se agota entre Moncloa y Génova. El líder de Vox en Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, denunció que la presión migratoria «sufrida en Ceuta se está trasladando ya al litoral andaluz» y responsabilizó a Sánchez y a Marruecos. Gavira habló de una «invasión alentada por Marruecos y tolerada por el Gobierno de Pedro Sánchez» y advirtió de que Andalucía «no va a ser el coladero de la inmigración ilegal», añadiendo un frente autonómico a la controversia. Ni el Gobierno central ni las autoridades marroquíes se han pronunciado sobre estas acusaciones.
Las cifras oficiales muestran discrepancias entre Madrid y Rabat. Mientras el Ejecutivo marroquí reconoce 11 muertos en su territorio —diez por ahogamiento— y 40.000 entradas hacia la frontera ceutí, las autoridades españolas elevan a 67 el número de fallecidos en el intento de cruce a nado. La diferencia remite a los distintos criterios de contabilización y a la dificultad de localizar cuerpos en el estrecho y en la costa que separa ambas orillas.
Marco jurídico y capacidad de acogida
El marco aplicable combina la legislación española de extranjería con el Reglamento (UE) 2016/399, que regula el Código de fronteras Schengen, y con el Convenio de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de los refugiados, que obliga a España a examinar individualmente cualquier solicitud de protección internacional presentada en frontera, incluso en circunstancias de entrada masiva. Organizaciones humanitarias que operan en Ceuta han reclamado en episodios anteriores que se garantice el acceso a ese procedimiento, algo que el Ejecutivo sostiene que se respeta pese a la excepcionalidad de los flujos.
La capacidad de acogida de la ciudad autónoma se ha visto desbordada. El centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI) de Ceuta fue concebido para varios centenares de plazas, muy por debajo del volumen de llegadas registrado estos días. Pese a la presión, el Gobierno de Ceuta acordó mantener los actos en honor a la Virgen de África, patrona de la ciudad, previstos para el 4 y 5 de agosto: el martes la tradicional ofrenda floral y el miércoles la procesión, en un gesto que las autoridades locales presentan como muestra de normalidad institucional pese a «la situación excepcional».
La dimensión geoestratégica remite a la posición de Ceuta y Melilla como únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano, un estatus que las convierte en punto sensible de las rutas migratorias del Mediterráneo occidental y en objeto histórico de fricción entre Madrid y Rabat, que no reconoce la soberanía española sobre ambos territorios. La cooperación marroquí en el control de esa frontera ha sido, desde el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991, una pieza central de la relación bilateral, empleada en ocasiones como palanca de presión política en episodios previos de tensión.
A partir de ahora, el foco se traslada a dos planos paralelos. En el diplomático, la gestión de repatriaciones y el refuerzo de la vigilancia fronteriza exigirán coordinación entre los servicios de Exteriores e Interior de ambos países. En el parlamentario, el PP ha reclamado explicaciones al Gobierno sobre los indicios previos, una vía que puede desembocar en peticiones de comparecencia ante el Congreso en las próximas semanas. La evolución de las llegadas y el eventual traslado de la presión al litoral andaluz, señalado por Vox, marcarán el pulso político de las próximas jornadas.
