El dato más revelador de la oleada final de encuestas no es la cifra del PP, que se ha mantenido estable en la horquilla del 42,7 al 43,5 por ciento durante las tres últimas semanas, sino la evolución del PSOE de María Jesús Montero. La candidata socialista cierra la campaña en el 22,6 por ciento, una cifra que constituye el mínimo histórico del partido en Andalucía desde la restauración democrática. Para dimensionar el dato: en las peores elecciones autonómicas del PSOE andaluz, las de 2018 que provocaron la caída de Susana Díaz, el partido obtuvo el 27,9 por ciento. La caída de cinco puntos adicionales en ocho años refleja un deterioro estructural del socialismo andaluz que trasciende la coyuntura de la campaña y que apunta a una desconexión profunda entre la marca PSOE y el electorado de centro-izquierda en la comunidad.
Vox consolida su posición como tercer partido con un 14,8 por ciento que le proyecta entre 15 y 17 escaños según los diferentes institutos demoscópicos. La cifra supone un crecimiento de aproximadamente dos puntos respecto al resultado de 2022, un avance que los analistas atribuyen a dos factores convergentes: la movilización del electorado de centro-derecha descontento con lo que percibe como «moderación excesiva» de Moreno, y el efecto de arrastre de las crisis nacionales — apagón, flotilla, hantavirus — que alimentan un discurso de inseguridad y desconfianza institucional en el que Vox se mueve con comodidad. La formación de Abascal ha concentrado sus últimos actos de campaña en la costa malagueña y el Poniente almeriense, dos zonas donde el voto conservador de clase media urbana es particularmente receptivo a su mensaje.
El bloque de indecisos es el factor que mantiene la incertidumbre. Un 15,5 por ciento de los encuestados — equivalente a aproximadamente 600.000 votantes — declara no haber decidido su voto o dudar entre dos opciones. La composición de este bloque, según los paneles cualitativos que acompañan a los sondeos, es reveladora: un 38 por ciento duda entre PP y abstención, un 27 por ciento entre PSOE y abstención, un 18 por ciento entre PP y Vox, y un 17 por ciento entre opciones menores o voto en blanco. La distribución confirma que la clave del resultado no es la transferencia entre bloques ideológicos sino la movilización diferencial dentro de cada bloque: si los indecisos de centro-derecha se movilizan, el PP asegura la absoluta; si se quedan en casa, Vox crece en proporción relativa y el PP pierde escaños.
Almería se ha convertido en la provincia pivote que ningún estratega anticipaba al inicio de la campaña. Las tres encuestas que ofrecen datos provinciales coinciden en asignar al PP entre 10 y 12 escaños de los 12 que elige la circunscripción, pero la diferencia entre 10 y 12 escaños es exactamente la diferencia entre la absoluta y el pacto con Vox. El mecanismo es aritmético: Almería es una circunscripción grande donde la ley D'Hondt favorece al primer partido con ventajas de escala, pero solo si la distancia con el segundo supera cierto umbral que varía en función de la participación. En las proyecciones actuales, el PP necesita superar el 48 por ciento en Almería para llevarse los 12 escaños; por debajo de ese umbral, uno de los escaños cae del lado de Vox.
La previsión meteorológica para el domingo ha adquirido una relevancia política que en cualquier otro contexto resultaría grotesca. La Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias intermitentes en el valle del Guadalquivir — Jaén, Córdoba y norte de Sevilla — con probabilidad del 70 por ciento entre las 10:00 y las 16:00, las horas centrales de la jornada electoral. Cielos despejados en la costa mediterránea, desde Málaga hasta Almería. Si la previsión se cumple, la lluvia afectará desproporcionadamente a los feudos rurales del PP, donde la participación depende en mayor medida de las condiciones atmosféricas que en las áreas urbanas, mientras la costa — donde Vox tiene más penetración — votará con normalidad. Los modelos electorales del CENTRA estiman que una participación inferior al 58 por ciento en Jaén y Córdoba restaría al PP entre 2 y 3 escaños en esas dos provincias.
La jornada de reflexión del sábado cierra formalmente la campaña, pero su efecto real sobre el electorado es debatido. Los estudios postelectorales de las últimas tres convocatorias andaluzas muestran que entre el 8 y el 12 por ciento de los votantes toman su decisión final durante las últimas 24 horas, y que ese segmento tiende a inclinarse por la opción que percibe como «ganadora», un efecto bandwagon que en esta ocasión favorece claramente al PP. Sin embargo, la publicación de nueve reprobaciones ministeriales en la madrugada del jueves y el cruce de acusaciones nocturno entre Moreno y Montero inyectan un nivel de crispación que podría alterar el efecto bandwagon al transformar la elección de un voto de confianza en un voto de protesta.
Moreno ha cerrado la campaña con un acto en Málaga ante 4.500 personas en el que evitó cualquier referencia a Vox y concentró su discurso en un repaso de cifras de gestión: 127.000 empleos netos creados en la legislatura, reducción de las listas de espera sanitarias en un 14 por ciento, ejecución del 92 por ciento del presupuesto de inversión en infraestructuras. La estrategia de cierre es deliberadamente presidencialista: Moreno se presenta como gestor, no como candidato de partido, y deja que sean Génova y las agrupaciones provinciales quienes libren la batalla con Vox por el electorado de centro-derecha. La ambivalencia tiene riesgos — el votante que no se siente interpelado puede quedarse en casa —, pero los datos de encuesta sugieren que la imagen de «moderación competente» sigue siendo el activo más valioso del PP andaluz.
Montero cerró campaña en Sevilla con un acto que los medios locales describieron como «combativo pero insuficiente»: 1.800 asistentes en el Palacio de Congresos de la capital, frente a los 3.200 que llenaron el mismo recinto en 2022. La candidata socialista dedicó dos tercios de su intervención a atacar la sanidad de Moreno — listas de espera, consultas cerradas, fuga de médicos a la privada — y un tercio a presentar un «contrato social» con cinco medidas estrella que incluyen la construcción de 20.000 viviendas de alquiler público y la gratuidad del transporte urbano para menores de 25 años. El problema de la estrategia de Montero es de credibilidad: el 62 por ciento de los andaluces, según el tracking del CENTRA, considera que la candidata «no conoce los problemas reales de Andalucía», un dato que no ha variado en cuatro semanas de campaña.
El papel de Pedro Sánchez en la recta final es objeto de un cálculo que oscila entre la necesidad y el riesgo. El presidente confirmó un acto con Montero en La Línea de la Concepción para el sábado, formalmente fuera del periodo de campaña pero dentro de la ventana legal que permite actos «institucionales» durante la jornada de reflexión. La elección de La Línea — tasa de paro del 28 por ciento, frontera con Gibraltar, epicentro del narcotráfico del Campo de Gibraltar — busca un escenario que permita hablar de empleo, soberanía y seguridad sin que el acto parezca un mitin electoral. Moncloa insiste en que será un «diálogo con vecinos» y no un acto de partido, una distinción semántica que la Junta Electoral de Andalucía está evaluando tras la denuncia presentada por el PP.
Lo que se decide el domingo trasciende la aritmética parlamentaria andaluza. Un PP con absoluta en Andalucía reforzará a Feijóo como alternativa presidencial creíble y demostrará que la derecha española puede gobernar sin muletas. Un PP obligado a pactar con Vox producirá el tercer gobierno de coalición de derechas en España tras Extremadura y Aragón, normalizará un modelo que Génova intenta evitar a nivel nacional y ofrecerá a Sánchez un argumento que repetirá hasta las próximas generales. Y un PSOE por debajo del 23 por ciento en su granero histórico abrirá un debate sobre el futuro de Montero que, por extensión, cuestionará la viabilidad del sanchismo como proyecto electoral en un territorio que durante cuatro décadas fue la columna vertebral del socialismo español.
