El operativo se enmarca en el intercambio de reportes investigativos y de inteligencia entre las autoridades de ambos países. Según informó la Dijín, el retenido es señalado como "uno de los principales líderes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico internacional de estupefacientes". La entidad sostuvo que esa red "había logrado consolidar un alto grado de organización, una vasta capacidad logística y la presunta infiltración en instalaciones portuarias estratégicas", características que —afirmó— la convirtieron en "un actor clave y dinamizador dentro de las grandes rutas del narcotráfico transnacional en la región".
El puerto de Balboa, ubicado en el Pacífico panameño, es señalado como el terminal marítimo de mayor movimiento de carga de América Latina, condición que lo convierte también en un punto sensible para las autoridades antidrogas de la región. Desde sus muelles, según las investigaciones binacionales, se contaminarían contenedores de comercio legal con cargamentos de cocaína destinados a distintos mercados, entre ellos Asia y Oceanía.
La captura se produce dos semanas después de que la Policía Nacional de Panamá revelara los resultados de la Operación Alianza, en la que fueron detenidas 25 personas señaladas de integrar una red dedicada a contaminar contenedores con droga para enviarla a Asia y Oceanía. Las autoridades no han precisado si ambos casos están conectados, aunque la coincidencia geográfica mantiene abiertas las hipótesis de los investigadores sobre la operación de células en la terminal panameña.
El hecho de que la detención se produjera en Medellín, y no en Panamá, abre una línea adicional: establecer si González Pomares mantenía vínculos con estructuras del narcotráfico que actúan en territorio colombiano. Los investigadores tratan de determinar su eventual relación con organizaciones locales como el Clan del Golfo o la Oficina, con presencia histórica en el Valle de Aburrá y capacidad para insertarse en rutas internacionales de exportación de cocaína.
El trámite de entrega que sigue
Tras su detención, el capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes a través de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, para dar inicio a los trámites diplomáticos y legales solicitados por Panamá. Esa dependencia coordina el envío de la documentación soporte y verifica que la solicitud extranjera cumpla los requisitos formales, entre ellos la acreditación de la notificación roja de Interpol y la existencia de un proceso penal formal abierto contra el requerido.
El procedimiento de extradición en Colombia está regulado en el Código de Procedimiento Penal y sujeto a los tratados de cooperación judicial vigentes. La ruta exige que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emita un concepto sobre la viabilidad de la solicitud antes de que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República, resuelva si autoriza la entrega. Se trata de un trámite que suele tomar varios meses entre el concepto de la Corte y la decisión final del Ejecutivo.
Interpol, que actuó como canal formal para la difusión de la notificación roja, cumple en estos casos un papel de coordinación entre las policías judiciales de los países miembros, sin capacidad ejecutiva directa: son las autoridades locales —en este caso la Dijín— las que materializan la captura conforme a la legislación interna de cada Estado.
La cooperación entre Colombia y Panamá en materia de narcotráfico no es nueva. Ambos países han intensificado el intercambio de inteligencia por la posición geográfica del istmo como paso entre Suramérica y los mercados de consumo en Norteamérica, Europa y Asia, un corredor utilizado históricamente por organizaciones de origen colombiano. La captura de capos requeridos por terceros Estados tiene precedentes notorios en la historia judicial reciente del país, desde las entregas de jefes del extinto Cartel de Medellín en los años noventa hasta la de máximos cabecillas paramilitares extraditados a Estados Unidos por narcotráfico en 2008.
Hasta el momento no se conocen declaraciones públicas de la defensa del capturado ni de representantes legales sobre los señalamientos formulados por las autoridades panameñas. La Fiscalía colombiana tampoco ha precisado si González Pomares enfrenta o podría enfrentar cargos adicionales en territorio nacional, a la espera de que avancen las líneas de investigación sobre su posible relación con estructuras criminales locales.
Mientras se surte el procedimiento, el ciudadano panameño permanecerá bajo custodia de las autoridades colombianas. En las próximas semanas se espera que avance el intercambio de documentación entre las dos naciones y que se conozcan nuevos detalles sobre el alcance de la red que presuntamente lideraba y su eventual conexión con el crimen organizado que opera en el Valle de Aburrá.
