La ANLA precisó que, tras revisar el Sistema de Información de Licencias Ambientales (SILA), no halló evidencia de que Holcim haya iniciado la fase de explotación autorizada ni de que existan eventos de fuerza mayor formalmente reportados ante esa autoridad que justifiquen la parálisis. La entidad aclaró, sin embargo, que la licencia no está en riesgo inmediato de perder vigencia: la caducidad por inactividad solo puede evaluarse si transcurren cinco años desde la ejecutoria del acto administrativo sin que se inicie la construcción del proyecto. Como ese plazo no se ha cumplido, la ANLA deberá requerir antes al titular para que explique las razones del retraso.
El expediente tiene una particularidad que lo distingue de otros trámites mineros: el Contrato de Concesión No. HGV-12391X no contempla una etapa de construcción y montaje. Según la ANM, una modificación contractual aprobada en 2014 fijó un año de exploración, cero años para construcción y montaje y 27 años para la fase de explotación. Esto implica que el proyecto no estaba obligado a desarrollar esa fase previa que sí exige la mayoría de contratos mineros regidos por el Código de Minas (Ley 685 de 2001), norma que estructura las etapas de exploración, montaje y explotación de las concesiones en el país.
La ANM explicó que el desarrollo del proyecto se ha visto afectado por una combinación de factores técnicos, económicos y sociales, además de eventos de fuerza mayor o caso fortuito alegados por la propia empresa. Con base en esos argumentos, la autoridad minera autorizó una suspensión temporal de las obligaciones contractuales entre el 6 de junio de 2024 y el 6 de junio de 2025, mecanismo previsto para casos en que circunstancias ajenas a la voluntad del titular impiden el cumplimiento de los compromisos pactados. Ese margen de un año ya se agotó.
La situación entra ahora en una nueva fase. La ANM confirmó que estudia una solicitud radicada por Holcim el 25 de marzo de 2026 para reducir los volúmenes de explotación autorizados inicialmente. De acuerdo con la empresa, la petición responde a condiciones transitorias de carácter técnico y económico que dificultan el inicio de las operaciones en los términos aprobados. La compañía no ha hecho pública una postura adicional sobre los plazos de arranque.
El Programa de Trabajos y Obras (PTO), aprobado en 2023, proyecta una producción anual de 124.444 metros cúbicos de arena y 97.778 metros cúbicos de grava extraídos del lecho del río Saldaña, volúmenes destinados al mercado de agregados para construcción del centro del país.
Sin producción, no hay regalías que estimar
Uno de los interrogantes del caso es el impacto fiscal de la inactividad. La ANM precisó que no es posible calcular cuánto ha dejado de recibir el Estado por concepto de regalías, ya que estos recursos —que ingresan al Sistema General de Regalías y se distribuyen entre la Nación, los departamentos y los municipios— solo se generan cuando existe producción efectiva reportada por el titular minero. Al no haber extracción, no hay base para estimar una cifra de recursos no percibidos.
Pese a que la explotación no ha comenzado, el proyecto mantiene vigentes las obligaciones ambientales derivadas de la licencia. Entre ellas figuran la inversión del 1 % para la recuperación de la cuenca del Bajo Saldaña, mecanismo de compensación previsto para proyectos que usan recursos hídricos; la compensación de 115,04 hectáreas de ecosistemas naturales en el Tolima Grande; y el desarrollo de acciones de relacionamiento con las comunidades del área de influencia.
En el territorio, la falta de arranque ha generado expectativas divididas. Habitantes de la zona han manifestado interés en que la explotación finalmente comience, al considerar que podría generar empleo e impulsar la economía local. La solicitud de reducción de volúmenes presentada por la empresa, sin embargo, mantiene en incertidumbre el inicio de las actividades mientras las autoridades continúan evaluando los trámites pendientes.
Dos trámites que definirán el futuro del proyecto
El caso no es inédito en la minería de materiales de arrastre en Colombia, donde proyectos con licencia vigente permanecen años sin operar por la combinación de trámites administrativos, ajustes contractuales y condiciones de mercado. La particularidad de este expediente es que la propia estructura del contrato —sin etapa de construcción y montaje— elimina uno de los plazos que en otros casos sirve de referencia para medir la demora entre el otorgamiento de derechos y el inicio real de la actividad.
De cara a los próximos meses, el proceso queda en manos de dos trámites paralelos: la eventual respuesta de Holcim al requerimiento que debe formular la ANLA sobre las razones de la inactividad, y la decisión de la ANM sobre la solicitud de reducción de volúmenes radicada en marzo de 2026. Ninguna de las dos entidades ha fijado un plazo público para resolver, por lo que el proyecto del río Saldaña continuará, por ahora, con licencia en firme pero sin operación.
