El aumento de la esperanza de vida, unido a la caída sostenida de la natalidad desde los años setenta, ha ido desplazando la pirámide poblacional española hacia edades más avanzadas. Ese contexto estructural se traduce en verano en un problema concreto: qué hacer con el padre, la madre o el familiar mayor que necesita ayuda para seguir viviendo en su domicilio mientras el resto de la familia se ausenta por vacaciones, viajes o compromisos laborales. La combinación de más población mayor y menos disponibilidad de cuidadores informales durante el estío explica, según la AESPD, el repunte del 29% en las solicitudes que registran las empresas del sector frente al resto del año.
La AESPD advierte de que la urgencia con la que muchas familias buscan solución en las semanas previas a sus vacaciones puede jugar en su contra. Contratar de forma precipitada a personas sin verificar su cualificación, su situación legal o sus referencias incrementa los riesgos tanto para la persona mayor como para quienes la contratan, señala la asociación, que apunta como principales peligros la falta de supervisión profesional, la ausencia de cobertura legal e incluso situaciones de fraude.
El riesgo no es solo teórico. El Ministerio del Interior contabiliza cada año más de 7.000 robos con fuerza en domicilios de personas mayores de 75 años, una cifra que subraya la vulnerabilidad de este colectivo. «La tranquilidad de una familia no consiste solo en saber que hay alguien en casa con su padre o su madre. La verdadera tranquilidad es saber que esa persona está siendo atendida por un profesional cualificado, respaldado por una empresa especializada y dentro de un servicio que responde ante cualquier necesidad», subrayan desde la asociación.
El valor de planificar frente a improvisar
El testimonio de quienes ya han pasado por este proceso ilustra la diferencia entre improvisar y planificar. Amalia Martín Ramos vive sola y hace cuatro años decidió buscar apoyo profesional. «Decidí llamar yo misma porque vivo sola en casa y sentía que necesitaba a una persona para que me ayudara en el día a día», recuerda. Su decisión, insiste, no respondió al miedo, sino al deseo de conservar su independencia: «Yo salgo mucho de casa y necesitaba a alguien que me ayudara no solo con las compras, sino con todo lo que hago en mi día a día. Mantener mi autonomía era lo más importante para mí».
Sin hijos ni nietos que pudieran reorganizarse durante las vacaciones, Amalia asumió sola la gestión. «No tengo a nadie en casa que pueda darme una mano. Siempre me he tenido que encargar yo sola de ver cómo gestionarlo», cuenta. La solución llegó con Karla Patricia Rosales, cuidadora profesional con la que este verano compartirá su quinto periodo estival. «Es una relación fuerte y fundamental para mí. Nos compenetramos muy bien», resume Amalia. Karla recuerda el primer verano: «Nos la pasamos acompañándola en todas sus actividades diarias y fue el inicio de nuestra relación». Desde entonces, la cuidadora la acompaña a hacer gestiones, adapta los menús cuando una circunstancia médica lo requiere y la ayuda con las compras. Una de las anécdotas que ambas recuerdan con cariño fue un viaje a Caravaca de la Cruz, donde Amalia es vicepresidenta de una fundación: «Compartimos habitación y me ayudó en todo», relata.
Casos como el de Amalia no son excepcionales. Cada vez más mayores que viven solos y sin red familiar cercana optan por contratar de forma proactiva un servicio de cuidados antes de que la necesidad se convierta en emergencia. La relación entre cuidador y persona cuidada, cuando se construye con tiempo, suele evolucionar de un vínculo puramente laboral a una relación de confianza que facilita las tareas cotidianas.
Este modelo profesionalizado contrasta con la solución tradicional en España, donde durante décadas ha sido la familia extensa —principalmente hijas y nueras— quien ha asumido de forma informal y no remunerada el cuidado de los mayores. Ese modelo, heredado de una estructura social previa a la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, se ha ido erosionando a medida que las familias se han reducido y dispersado geográficamente, lo que ha impulsado la externalización de los cuidados hacia servicios profesionales.
Un mercado dual entre la Ley de Dependencia y la contratación informal
El sector de los cuidados a domicilio opera bajo un marco normativo que combina la Ley de Dependencia de 2006 —que reconoce el derecho a la atención de las personas en situación de dependencia y prevé ayudas públicas para sufragarla— con la contratación privada de servicios, ya sea a través de empresas especializadas o de la contratación directa de empleadas de hogar bajo el régimen especial de la Seguridad Social. Esta dualidad genera un mercado heterogéneo en el que conviven empresas con protocolos de selección y supervisión rigurosos junto con la contratación informal, más expuesta a los riesgos señalados por el sector.
El envejecimiento poblacional y la creciente demanda de cuidados plantean, además, un desafío de sostenibilidad para el sistema público de dependencia, cuya financiación se reparte entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. La brecha entre la demanda creciente de cuidados y la capacidad de respuesta pública alimenta, en la práctica, el recurso a soluciones privadas como las descritas, especialmente en los meses de verano, cuando la ausencia temporal de los cuidadores habituales dispara las solicitudes.
De cara a los próximos años, el propio INE proyecta que el porcentaje de población mayor de 65 años seguirá creciendo de forma sostenida, lo que previsiblemente intensificará tanto la demanda de servicios de cuidado a domicilio como la presión sobre el sistema público de dependencia. La profesionalización del sector, la regulación de la contratación informal y el refuerzo de los mecanismos de supervisión aparecen como los principales retos pendientes para un modelo de cuidados que cada verano vuelve a poner a prueba a miles de familias españolas.
