Junto a las cuentas, la Junta remitió a las Cortes el Proyecto de Ley de Medidas tributarias, financieras y administrativas, que acompaña habitualmente a los presupuestos autonómicos para ajustar el marco normativo fiscal del ejercicio. El texto prevé 920 millones de euros en beneficios fiscales que alcanzarían a 704.000 contribuyentes, junto con una reducción del tipo mínimo de la tarifa del IRPF que beneficiaría a 1.450.000 personas.
El grueso del gasto se concentra en las políticas sociales: el 82% de los recursos no financieros gestionados por las consejerías se destinaría a sanidad, educación, cultura y protección y promoción social. El proyecto plantea además apoyar a los sectores productivos mediante inversiones e innovación, impulsar el desarrollo rural y reforzar la cooperación económica con ayuntamientos y diputaciones, al tiempo que prevé una moderación del endeudamiento público y una racionalización del gasto.
433,4 millones para Economía y Hacienda
La propia Consejería de Economía y Hacienda gestionaría 433,4 millones de euros, un 4% más que en el ejercicio anterior y el 2,63% del gasto total de las consejerías. De esa cantidad, 174,24 millones corresponderían a los servicios de la Administración General, con partidas de 11,7 millones para aplicaciones informáticas, 9,7 millones para obras de reparación y eficiencia energética en edificios administrativos y 2 millones para auditoría y seguimiento de fondos europeos. Las actuaciones de política económica sumarían 11,14 millones, de los que 7 millones irían a planes de desarrollo territorial en Tierra de Campos, La Raya y Alto Tiétar/Alberche/Pinares.
El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) gestionaría 259,14 millones de euros, con un área de financiación empresarial dotada de 80,6 millones, de los que 8,6 millones se reservarían para subvenciones a fondo perdido destinadas a crear empresas y 25,1 millones para la consolidación de pymes. A ello se sumarían casi 30 millones en cuatro convocatorias de ayudas que incluirían el apoyo al sector turístico de León y Palencia con cargo al Fondo de Transición Justa, con intensidades que oscilarían entre el 35% para creación de empresas y el 70% para proyectos turísticos.
El Programa de Crecimiento Innovador para Pymes y Midcaps, desarrollado junto a Empresa Familiar y SODICAL con apoyo financiero del Banco Europeo de Inversiones, recibiría 25 millones de euros en 2027 hasta alcanzar un volumen acumulado de 310 millones. El proyecto mantendría también el Fondo para la Reindustrialización, dotado con 111 millones, el Fondo para Recursos Endógenos (33,7 millones), el Fondo para la Internacionalización Empresarial (2,6 millones) y el Fondo de Capital-Semilla (4 millones), a los que se añadiría un nuevo Fondo para la Continuidad Empresarial.
La partida de internacionalización empresarial crecería un 53% hasta los 11 millones de euros, de los que 8,3 millones se destinarían a promoción comercial y captación de inversiones, un aumento del 63% respecto al ejercicio anterior. El proyecto contempla además la presentación de la Estrategia de Captación de Inversiones Exteriores, que se integrará en el futuro Plan de Internacionalización 2028-2031. En innovación y digitalización, el presupuesto superaría los 37,5 millones, con 20,7 millones en subvenciones directas para I+D empresarial y 8 millones para la red de centros tecnológicos, mientras el ICECYL destinaría 72,7 millones a infraestructuras empresariales repartidas en 58 actuaciones en las nueve provincias.
La presentación se suma a otras decisiones fiscales recientes de la comunidad, como la extensión del impuesto medioambiental a los grandes parques solares. Los presupuestos autonómicos se tramitan en las Cortes conforme al Estatuto de Autonomía, que atribuye a la cámara su aprobación tras el debate de totalidad y las enmiendas parciales; el actual proyecto deberá superar esa tramitación parlamentaria antes de su aprobación definitiva para 2027.