Jáuregui permanece bajo custodia desde que se destapó que cuatro agentes de la CIA operaron en tareas propias de la Agencia Estatal de Investigación entre octubre de 2025 y abril de este año, cuando participaron en un dispositivo contra un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos. El caso salió a la luz tras la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente de tráfico cuando regresaban de aquella operación, lo que destapó el alcance de la colaboración encubierta y disparó la presión sobre las autoridades locales y federales.
La fiscal general de México, Ernestina Godoy, confirmó que la gobernadora Campos acudió por iniciativa propia a su despacho y que los datos que aportó permitieron abrir una nueva línea de investigación. Según su versión, ambas coincidieron en que Campos tenía conocimiento de posibles delitos de carácter federal atribuibles al exfiscal, entre ellos la traición a la patria.
"Lo que ella me comentó en aquel momento es que quien había tenido la responsabilidad de todo lo que ya sabemos que sucedió en Chihuahua con la intervención de agentes extranjeros era su exfiscal y que era una persona corrupta que tenía casinos y que tenía prestanombres", declaró Ernestina Godoy, fiscal general de la República, en declaraciones recogidas por 'El Sol de México'.
El relato de la fiscal choca con la versión de la propia gobernadora, que rechaza haber apuntado directamente a Jáuregui como responsable. Campos sostiene que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ya sabía que ella desconocía la presencia de agentes estadounidenses en su estado y que la Federación contaba con informes previos sobre las presuntas irregularidades del exfiscal, por lo que, a su juicio, no era necesario que ella formulara denuncia alguna.
"Ellos sabían que yo no estaba enterada de los agentes norteamericanos, no voy a decir quién, pero ellos mismos me lo dijeron al día siguiente del narcolaboratorio. Dos, ellos también sabían cuál era el actuar de César Jáuregui y ya tenían información acerca del exfiscal. Entonces no me pueden decir que yo lo acusé", defendió María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, en declaraciones recogidas por 'Animal Político'.
Campos calificó la acusación de traición a la patria de "desproporcionada" y la atribuyó a un "Gobierno que proviene de un Estado fascista". La gobernadora también reveló un encuentro con la presidenta Sheinbaum el 19 de septiembre en Ciudad Juárez, donde ambas intercambiaron reproches por la actuación de los agentes extranjeros en territorio mexicano.
Dos causas abiertas contra el exfiscal
Jáuregui afronta en paralelo dos procedimientos distintos: uno impulsado por la Fiscalía de Chihuahua por presunto ejercicio ilegal del servicio público, y otro de la Fiscalía General de la República por el delito de traición a la patria, derivado de haber permitido la intervención de agentes extranjeros en funciones reservadas a la Agencia Estatal de Investigación. El tipo de traición a la patria figura en el Código Penal Federal mexicano entre los delitos contra la seguridad de la nación y está reservado a conductas que comprometen la soberanía o la integridad del Estado frente a potencias extranjeras.
El episodio se inscribe en la tensión histórica entre México y Estados Unidos por la actuación de agencias estadounidenses en territorio mexicano, un asunto que estalló con el secuestro y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique Camarena y que derivó en sucesivas restricciones legales a la operación de agentes extranjeros en el país. Casos de injerencia de servicios de inteligencia reaparecen de forma recurrente en la agenda judicial, como la causa en la que la Fiscalía española apunta a Irán por el ataque a Vidal-Quadras.
La Fiscalía General de la República continúa con sus pesquisas sobre el papel de Jáuregui en el operativo de abril mientras persisten las acusaciones cruzadas entre la gobernadora Campos y el Gobierno de Sheinbaum. El exfiscal se encuentra investigado en ambas causas, sin que conste que haya sido procesado o juzgado por ninguno de los dos delitos.