El principio parte de la naturaleza jurídica de la plaza dentro del edificio. Aunque se ubique en un espacio con zonas e instalaciones comunes, como accesos o rampas, la ley la trata de forma equivalente a una vivienda o un trastero: un bien privativo sobre el que su dueño ejerce un derecho de propiedad exclusiva, reconocido y protegido frente a decisiones unilaterales de la comunidad.
Esa exclusividad implica que una junta de propietarios no puede, por sí sola, limitar las facultades del titular recogidas en el título de propiedad. La única vía para restringir el alquiler a terceros ajenos al inmueble es que los estatutos incluyan una cláusula expresa, normalmente justificada por motivos de seguridad. Introducir esa prohibición exige modificar los estatutos con la unanimidad que establece la Ley de Propiedad Horizontal, un requisito que en la práctica dificulta este tipo de restricciones salvo que ya existieran desde la constitución de la comunidad.
Los administradores de fincas recomiendan revisar la documentación estatutaria antes de firmar cualquier contrato de arrendamiento, porque un alquiler formalizado sin comprobar esa cláusula podría resultar nulo de pleno derecho si posteriormente se verifica la existencia de la prohibición. El inquilino, por su parte, adquiere derecho a utilizar los elementos necesarios para acceder al garaje y aparcar el vehículo, pero ese derecho no se extiende a otras zonas o servicios comunes del edificio, como el portal, el ascensor o el trastero compartido.
El artículo 9.1 de la norma fija obligaciones que se mantienen vigentes aunque la plaza esté arrendada, al imponer al propietario el deber de cuidar las instalaciones comunes y de conservar su espacio privativo sin perjudicar al resto de vecinos.
«Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos», artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal.
El propietario sigue siendo el responsable último frente a la comunidad de cualquier incidencia derivada del uso que haga el inquilino del espacio arrendado. La comunidad no puede impedir el alquiler sin justificación legal porque algunos vecinos muestren reticencias, pero sí puede intervenir cuando el uso de la plaza genere molestias reiteradas, suponga un riesgo para la seguridad del inmueble o vulnere las normas comunitarias recogidas en los estatutos o en acuerdos de junta válidamente adoptados.
La norma también regula situaciones conexas frecuentes en los garajes comunitarios. El artículo 17.5 establece que la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos de uso privado «solo requerirá la comunicación previa a la comunidad» cuando se ubique en una plaza individual, si bien «el coste de dicha instalación y el consumo de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los interesados directos en la misma», sin repercusión sobre el resto de propietarios.
Respecto al estacionamiento de más de un vehículo en la misma plaza —un coche y una moto, por ejemplo—, la ley no lo prohíbe por sí mismo. El conflicto surge cuando alguno de los vehículos invade zonas de paso o dificulta el acceso a otras plazas, supuesto que el artículo 7.2 encuadra entre las actividades perjudiciales para el inmueble o molestas para el resto de la comunidad de vecinos.