La controversia se originó cuando Cambio Radical solicitó a la mesa directiva de la Cámara sustituir a Cuenca en la Comisión de Investigación y Acusación, órgano encargado de investigar y, si corresponde, acusar ante el Senado a los altos funcionarios con fuero especial, incluido el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes y el fiscal general de la Nación. Según el propio representante afectado, la decisión se tomó sin que mediara su renuncia ni solicitud de modificación, un punto que sus defensores consideran clave para cuestionar el procedimiento.
En su intervención ante la plenaria, Pinto pidió a los congresistas no avalar la proposición. "No es posible que nosotros patrocinemos cómo se cercenan los derechos políticos —que no deberíamos traer a este recinto sino que debería suscitarse en el recinto de cada partido—, pero quiero invitar a la plenaria a que no abramos una puerta demasiado peligrosa", afirmó, según su intervención registrada en el recinto.
El congresista advirtió que la controversia trasciende el caso puntual de Cuenca y podría sentar un precedente que afecte a cualquier bancada. "Hoy tomar una decisión favorable en la medida de lo que se está planteando por Cambio Radical, tal vez no afecta a las diferentes bancadas pero, seguramente, en el tiempo corto, nos llegará a afectar a cada uno de nosotros", sostuvo, e invitó de manera explícita a su propio partido, el Centro Democrático, a no acompañar la proposición.
Pinto amplió su posición en su cuenta de la red social X, donde escribió que "los acuerdos de los compromisarios de los partidos deben respetarse porque son el resultado de la discusión, la concertación y el ejercicio democrático". Añadió que "no podemos permitir que la conformación de las comisiones y sus dignidades queden sujetas a decisiones discrecionales de los partidos que desconozcan los derechos políticos de los congresistas".
La fractura de Cambio Radical tras Vargas Lleras
La disputa por la comisión es apenas el más reciente capítulo de la pugna que atraviesa Cambio Radical desde la muerte de Vargas Lleras, fundador y máximo referente de la colectividad durante más de una década y quien ocupó la vicepresidencia de la República entre 2014 y 2018. Sin un liderazgo único capaz de zanjar las tensiones, el partido quedó dividido entre corrientes regionales enfrentadas.
La correlación de fuerzas explica el desenlace de estos pulsos internos. El sector identificado con la Casa Char, la familia política de la Costa Caribe con fuerte presencia en Barranquilla, cuenta con ocho representantes, mientras que el ala vargasllerista, encabezada por Enrique Vargas Lleras —hijo del fallecido exvicepresidente—, reúne a tres: el propio Cuenca, Julio Triana y John Edgar Pérez. Esa diferencia numérica ha permitido al sector costeño imponer sus decisiones en la mayoría de las votaciones internas.
Fuad Char, cabeza visible de esa corriente, ha manifestado que no le interesa quedarse con el control de Cambio Radical, una afirmación que sectores cercanos al vargasllerismo reciben con escepticismo, en la medida en que consideran que decisiones recientes —como el reemplazo de Cuenca— apuntan en sentido contrario. Ni Char ni el vargasllerismo han emitido un pronunciamiento oficial que responda a los señalamientos de Pinto.
El fuero de la comisión y el régimen de bancadas
La composición de la Comisión de Investigación y Acusación no es un asunto menor: de ese órgano depende el trámite de procesos con alto impacto institucional contra los funcionarios aforados, lo que explica por qué una pugna por una curul trascendió las paredes internas de Cambio Radical hasta llegar al debate en plenaria. El procedimiento para la asignación de comisiones legales contempla que los partidos definan mediante acuerdos internos entre compromisarios la distribución de las curules que les corresponden según su representación en la Cámara.
La controversia de fondo radica en si un partido puede modificar de manera unilateral esa asignación una vez realizada, sin que medie la renuncia del congresista inicialmente designado. El argumento invocado por Pinto —la protección de los derechos políticos individuales frente a decisiones discrecionales de las direcciones partidistas— remite al régimen de bancadas nacido de la reforma política de 2003 y desarrollado por la Ley 974 de 2005, que buscó fortalecer la disciplina y la actuación coordinada de las colectividades en el Congreso.
Que un representante de un partido distinto tercie en el asunto interno de otra colectividad no es habitual en el Congreso de la República, aunque tiene antecedentes en episodios en que las bancadas han cerrado filas ante lo que consideran precedentes riesgosos para la autonomía de los congresistas frente a sus cúpulas. La tensión entre la disciplina de bancada y la voluntad individual de los parlamentarios ha sido recurrente desde la entrada en vigencia de ese régimen.
La plenaria de la Cámara deberá definir en próximas sesiones si acoge o rechaza la proposición presentada por la dirección de Cambio Radical. Tampoco consta hasta el momento una reacción pública de Welfran Mendoza, el representante postulado para reemplazar a Cuenca. La decisión que adopte la plenaria fijará un antecedente sobre el margen de maniobra de las colectividades para modificar la composición de las comisiones legales una vez asignadas.
