El origen de la polémica se remonta a unas declaraciones de la ministra Morant en las que sostuvo que la Diputación de Valencia, presidida por Mompó, avisó «a sus trabajadores» de la suspensión de actividades por la alerta meteorológica del 29 de octubre de 2024, mientras «al resto de valencianos, no». Morant señaló que Mompó, presente entonces en el Centro de Coordinación Operativa (Cecopi), «conocía las medidas preventivas, pero decidió avisar solo a su entorno».
Mompó respondió el 4 de septiembre en X con un mensaje en el que acusó a la ministra de haber aparecido «dos días después» de la tragedia «en el helicóptero de Pedro Sánchez». El dirigente popular remató la publicación con la frase: «Diana, siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez. No vales nada, así de simple», expresiones que reprodujo también en valenciano en un mensaje posterior en la misma red.
La reacción socialista llegó menos de 24 horas después. Bernabé convocó una rueda de prensa en Valencia, rodeada de mujeres del partido, para exigir explicaciones al PP sobre los límites que su formación pone al lenguaje de sus cargos públicos. «Ya está bien», declaró la dirigente, que en su cuenta de X añadió: «¿Dónde están los límites de esta gente? ¿Qué será lo próximo?».
El PP no ha respondido de forma oficial a la petición de rectificación, mientras Mompó ha mantenido su posición en redes sociales. El presidente de la Diputación de Valencia, que ocupa el cargo desde 2023, defendió en su mensaje que «los valencianos de trellat» —de buen juicio— «intentábamos ayudar», y sostuvo que a la ministra «te ha importado mucho más dónde están las cámaras que las personas afectadas».
El intercambio se enmarca en la disputa política sobre la respuesta institucional a la DANA, aún abierta en sede judicial y parlamentaria. El expresidente de la Generalitat Carlos Mazón dimitió en noviembre de 2024 tras semanas de presión por su gestión de la emergencia, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana investiga distintas responsabilidades por la respuesta a la catástrofe, sobre la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había emitido avisos rojos con horas de antelación. La cadena de decisiones adoptada la tarde del 29 de octubre de 2024 continúa siendo objeto de escrutinio en comisiones de investigación autonómica y estatal.
En paralelo, la formación socialista no ha emitido hasta la fecha un pronunciamiento público específico sobre el aumento de denuncias por agresiones sexuales registrado en Ceuta en las últimas semanas, coincidiendo con un incremento de llegadas de personas migrantes a la ciudad autónoma. Según fuentes de la Fiscalía citadas en el material, el número de agresiones sexuales denunciadas asciende a 23, de las cuales nueve afectarían a menores de entre 14 y 17 años y cinco habrían implicado penetración.
La ministra de Sanidad, Mónica García, que visitó Ceuta en las últimas semanas, respondió al ser preguntada por el número de menores marroquíes víctimas de agresiones sexuales que no disponía de esa cifra porque esos casos «no pasan por los puntos contra la violencia machista» del sistema sanitario. La afirmación apunta a la ausencia de datos centralizados sobre víctimas menores de edad no acompañadas o en situación irregular.
El Ministerio del Interior no ha ofrecido cifras oficiales actualizadas sobre llegadas irregulares a Ceuta en lo que va de 2026. La ciudad autónoma ha registrado episodios de fuerte presión migratoria en los últimos años, con un pico histórico los días 17 y 18 de mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas cruzaron la frontera con Marruecos en menos de 48 horas en el contexto de una crisis diplomática entre Rabat y Madrid.
La gestión de menores extranjeros no acompañados en Ceuta ha sido objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional y de recomendaciones del Defensor del Pueblo, que en informes de años anteriores ha señalado deficiencias en los recursos de acogida. La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, en vigor desde 2021, obliga a las administraciones a garantizar la detección y atención de estos casos con independencia del origen o la situación administrativa de la víctima.
El uso de expresiones descalificatorias entre cargos públicos no es inédito en la política española reciente y se ha repetido en distintas legislaturas autonómicas y municipales. Estos cruces suelen diluirse en el ciclo informativo de pocos días, salvo que deriven en procedimientos disciplinarios internos de los partidos o en demandas por injurias, un cauce previsto en el Código Penal para las expresiones que puedan lesionar la dignidad de una persona.
Tanto el PP como el PSOE mantienen posiciones enfrentadas sobre quién debe asumir la responsabilidad política de la respuesta a la DANA, un debate que continuará previsiblemente en las comisiones de investigación aún en curso. Está por ver si los tribunales valencianos emiten en los próximos meses conclusiones que aclaren la cadena de decisiones de la Diputación de Valencia y la Generalitat aquella jornada.
La situación en Ceuta, por su parte, queda pendiente de que la Fiscalía y el Ministerio del Interior ofrezcan datos consolidados y de que las administraciones competentes —la autonómica, en protección de menores, y la estatal, en política migratoria y de asilo— clarifiquen el alcance de los casos y los recursos destinados a la atención de las víctimas.
