El planteamiento parte de un diagnóstico compartido en Génova 13: la crisis abierta en Ceuta no está resuelta ni existen garantías de que no se repita. Fuentes de la dirección nacional sostienen que la única salida pasa por la repatriación de todas las personas que cruzaron la frontera, con independencia de su edad, y por un cambio legal que desincentive futuros intentos. «Si se queda uno solo de los que han entrado en Ceuta, será letal», advierten esas mismas fuentes, que defienden aplicar «medidas excepcionales» ante una situación que califican de «insostenible».
La fórmula que manejan los populares consiste en suspender el derecho de asilo exclusivamente en Ceuta, sin extenderla al resto del territorio. Para justificarla, el PP alude a precedentes en otros países europeos que habrían aplicado restricciones similares en puntos fronterizos, aunque desde el partido no se han detallado los casos concretos ni su encaje jurídico. La reforma la trasladaría Vivas al Gobierno y el PP la perfila con la intención de llevarla a las Cortes para su aplicación urgente.
Entre los instrumentos que se valoran figura la denominada directiva de país seguro, un mecanismo del derecho de asilo europeo que permite tramitar de forma acelerada, y en ciertos casos denegar, solicitudes de protección procedentes de países considerados seguros. «Hay instrumentos europeos», sostienen desde el equipo de Feijóo. Su aplicación a Marruecos exigiría un análisis jurídico complejo, dado que la calificación de país seguro está sujeta a los criterios de la normativa comunitaria sobre procedimientos de asilo.
La segunda vía sería una reforma directa de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, en vigor desde hace más de dieciséis años. Cualquier modificación de ese calado requeriría tramitación parlamentaria en el Congreso, donde el PP no cuenta con mayoría suficiente para aprobarla sin el respaldo de otras fuerzas, lo que sitúa la propuesta, por ahora, en el terreno del anuncio y la negociación antes que en el de la certeza legislativa.
Un choque jurídico con la Constitución y Ginebra
La legislación española distingue entre el derecho de asilo —reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución y desarrollado por la ley de 2009— y los procedimientos de retorno o expulsión aplicables a quienes entran de forma irregular sin solicitar protección. Cualquier suspensión del primero afectaría a las obligaciones derivadas del derecho de la Unión Europea y del derecho internacional, entre ellas la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, de la que España es parte desde 1978.
Ese marco incluye el principio de no devolución, que prohíbe expulsar a una persona a un territorio donde su vida o integridad puedan correr peligro sin un examen individualizado de su caso. Organizaciones de defensa de los derechos humanos han advertido en crisis fronterizas anteriores de que una restricción generalizada del acceso al asilo en un punto concreto podría entrar en conflicto con ese principio, considerado piedra angular del derecho internacional de refugiados.
El PP atribuye la responsabilidad principal de lo ocurrido al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que reprocha «bandazos» en política exterior hacia Marruecos, una gestión migratoria que considera insuficiente y un reciente proceso de regularización que, a su juicio, habría actuado como factor de atracción para las mafias de tráfico de personas. Los populares no eximen, sin embargo, de responsabilidad a Rabat en el asalto del 30 de julio.
Vivas, presidente de Ceuta desde 2013, ha trasladado al Gobierno tres peticiones: la activación de un mando único encabezado por el propio jefe del Ejecutivo, una nueva visita de Sánchez a la ciudad y la habilitación de un centro de internamiento para quienes entraron de forma irregular. A diferencia de crisis anteriores, el mandatario ceutí no reclama el reparto de menores no acompañados hacia la península, sino su retorno directo a Marruecos junto con los adultos.
El vicesecretario nacional del PP, Jaime de los Santos, difundió el sábado un vídeo en el que denunció que «España no puede más» y acusó a Sánchez de permanecer «escondido» en La Mareta, la residencia de verano en Lanzarote, «sin dar ninguna explicación» sobre la crisis. De los Santos calificó al presidente de «irresponsable» y le emplazó a «que abandone el escondite, que se ponga al frente de la política de verdad y que asuma sus responsabilidades».
El Gobierno central no ha planteado públicamente una suspensión del derecho de asilo en Ceuta ni se ha pronunciado sobre las reformas que estudia el PP. El Ministerio del Interior mantiene que la gestión de la frontera se ajusta a los compromisos internacionales de España en materia de protección, incluida la propia Convención de Ginebra. El Ejecutivo tampoco ha confirmado hasta la fecha la activación de un mando único ni una nueva visita del presidente a la ciudad.
El precedente de 2021 y lo que viene
La relación migratoria entre España y Marruecos arrastra tensiones recurrentes. El precedente más grave fue la crisis de mayo de 2021, cuando la llegada de más de diez mil personas a Ceuta en apenas 48 horas coincidió con el ingreso hospitalario en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio derivó en una ruptura de facto de las relaciones bilaterales, recompuesta meses después con el giro del Gobierno español respecto al Sáhara Occidental, al respaldar el plan de autonomía marroquí.
El futuro inmediato de la propuesta dependerá de si el PP formaliza una iniciativa legislativa concreta ante el Congreso y de la respuesta del Gobierno a las peticiones de Vivas sobre el mando único y la situación de quienes permanecen en Ceuta. Mientras tanto, la ciudad autónoma continúa gestionando la presencia de cientos de personas cuya situación administrativa y posible repatriación siguen sin resolverse semanas después de los hechos.