La declaración se produce en plena campaña de incendios forestales del verano, un periodo en el que España afronta habitualmente el mayor riesgo de fuegos del año por las altas temperaturas, la sequía acumulada y la acción humana, accidental o intencionada. Los servicios de extinción de varias comunidades autónomas trabajan en distintos focos, en un contexto que reabre cada verano el debate sobre el reparto de competencias entre el Estado y las regiones en prevención y extinción.
Gamarra defendió que su formación ya presentó un paquete de 50 medidas concretas, frente a lo que considera un enfoque insuficiente del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha planteado articular un marco de cooperación institucional frente a la emergencia climática y los incendios. La portavoz popular reclamó una mayor coordinación previa, anterior a la declaración de la emergencia, que permita activar protocolos conjuntos antes de que los fuegos se descontrolen, y situó como prioridad las herramientas de gestión inmediata —limpieza de montes, pastoreo extensivo, cortafuegos— frente a las declaraciones de intenciones.
Un reparto de competencias en fricción recurrente
El reparto competencial en materia de incendios forestales es fuente recurrente de fricción política. La Constitución de 1978 y los sucesivos estatutos de autonomía atribuyen a las comunidades autónomas las competencias en gestión forestal y extinción, mientras que el Estado conserva un papel de coordinación general y aporta medios extraordinarios a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada en 2005, y de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Esta arquitectura, diseñada para articular la cooperación entre niveles de gobierno, ha generado en la práctica episodios de descoordinación cuando los incendios afectan a varias regiones a la vez o superan la capacidad de respuesta autonómica.
No es la primera vez que la gestión de incendios se convierte en terreno de disputa política. Episodios similares se repitieron en veranos anteriores, como los grandes incendios de Galicia en 2006, los de la Sierra de la Culebra (Zamora) en 2022 o los que afectaron a Tenerife en 2023, en los que el cruce de responsabilidades entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos —fueran del signo político que fueran— ocupó buena parte del debate público mientras las llamas seguían activas.
Desde el Ejecutivo se ha defendido en ocasiones anteriores el refuerzo de medios estatales, como la ampliación de la flota de medios aéreos y el incremento de efectivos de la UME, así como la necesidad de un marco de cooperación a largo plazo que trascienda la gestión de cada episodio concreto. Sánchez ha planteado en varias ocasiones la idea de un pacto de Estado frente a la emergencia climática, con la prevención de incendios forestales entre sus prioridades.
La gestión forestal en España arrastra un problema estructural de fondo: el abandono progresivo del medio rural desde mediados del siglo XX ha reducido las actividades tradicionales —ganadería extensiva, agricultura, aprovechamiento maderero— que históricamente mantenían los montes limpios de combustible vegetal. La superficie forestal española ha aumentado de forma sostenida en las últimas décadas, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lo que, pese a sus beneficios ambientales, también incrementa la masa susceptible de arder en condiciones de sequía extrema.
El cambio climático agrava el escenario. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha registrado en los últimos años olas de calor más frecuentes e intensas, con series de temperaturas máximas que prolongan la temporada de riesgo más allá de los meses tradicionales de julio y agosto. Los llamados incendios de sexta generación, capaces de generar su propia dinámica climática, superan con frecuencia la capacidad de extinción convencional.
El debate sobre el pacto de Estado no es nuevo: Sánchez lo planteó por primera vez en 2022, tras los graves incendios de aquel verano, sin que hasta la fecha se haya materializado un acuerdo formal entre el Gobierno y la principal fuerza de la oposición. La falta de consenso ha llevado a que cada campaña estival se repita un patrón similar: cruce de reproches sobre medios insuficientes, reclamaciones de mayor inversión en prevención y anuncios de refuerzos puntuales una vez declarada la emergencia.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Castilla y León o la Comunidad Valenciana, han reclamado en los últimos años mayor financiación estatal para programas de prevención forestal, mientras que el Gobierno central ha subrayado el incremento de fondos europeos disponibles a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ligado a los objetivos climáticos de la Unión Europea recogidos en el Pacto Verde Europeo.
A la espera de que se conozcan nuevos detalles sobre el contenido concreto de las 50 medidas que reivindica el PP y sobre la respuesta oficial del Gobierno a la petición de coordinación previa, el debate se mantendrá activo mientras persista la actual campaña de fuegos. Los próximos días permitirán valorar si la tensión desemboca en alguna reunión o mesa de trabajo conjunta entre el Ejecutivo y la oposición, como en anteriores episodios de emergencia forestal, o si el intercambio de reproches se prolonga sin acuerdos operativos.
