El Partido Popular ha decidido concentrar esfuerzos electorales y políticos en Cataluña y el País Vasco con el objetivo de erosionar el peso parlamentario de Junts per Catalunya y del Partido Nacionalista Vasco, dos formaciones cuyo apoyo ha resultado determinante para la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez. La estrategia, impulsada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, incluye una aproximación al empresariado catalán como palanca de penetración en ese territorio.
La apuesta territorial del PP
El movimiento responde a una aritmética parlamentaria que ha convertido a Junts y al PNV en piezas centrales del tablero político nacional. Ambas formaciones han sostenido, con sus votos o con su abstención, iniciativas legislativas y presupuestarias del Ejecutivo de coalición, lo que les otorga una capacidad de presión que el PP pretende neutralizar compitiendo directamente por su base social y su electorado. En el sistema parlamentario español, los grupos minoritarios con escaños suficientes para inclinar mayorías ejercen una influencia que supera con creces su representación numérica, una realidad que el principal partido de la oposición ha decidido confrontar en el propio terreno de esos socios.
Por qué importa esta decisión
La trascendencia de la maniobra va más allá del cálculo electoral inmediato. Si el PP lograra reducir la representación de Junts o del PNV en futuras convocatorias, el mapa de apoyos parlamentarios disponibles para cualquier candidato a la presidencia del Gobierno se reconfiguuraría de forma sustancial. Históricamente, los partidos de ámbito estatal han tendido a reforzar su presencia en las comunidades con fuerte implantación nacionalista en períodos de alta tensión territorial, con resultados dispares según el ciclo político y el estado de la economía en esas regiones.
La vía empresarial en Cataluña
La decisión de Feijóo de orientar parte de su estrategia catalana hacia el mundo empresarial refleja una lectura del tejido productivo de esa comunidad como espacio de oportunidad política. El empresariado catalán ha mantenido una relación compleja con el procés independentista: una parte relevante del sector expresó su inquietud ante la incertidumbre jurídica y económica generada por el conflicto territorial, lo que abrió una grieta entre ese colectivo y las fuerzas soberanistas. El PP aspira a capitalizar esa distancia ofreciéndose como interlocutor de las preocupaciones de los sectores productivos en materias como fiscalidad, financiación autonómica o estabilidad regulatoria.
El flanco vasco
En el País Vasco, la tarea del PP presenta perfiles distintos. El PNV ha gobernado la comunidad de forma casi ininterrumpida desde la restauración democrática y dispone de una estructura territorial y una red de fidelidades consolidadas que ninguna formación estatal ha conseguido desmantelar. La apuesta popular en ese territorio se interpreta, por tanto, más como una operación de desgaste de imagen —señalar el coste político de la alianza con Sánchez ante el electorado vasco moderado— que como un asalto directo a la hegemonía jeltzale. El Partido Popular ha tenido históricamente una presencia marginal en las instituciones vascas, lo que limita su capacidad de acción directa pero no su potencial para condicionar el relato político.
Junts, objetivo prioritario
Junts ocupa un lugar singular en el cálculo del PP. La formación liderada por Carles Puigdemont se ha erigido en uno de los socios más exigentes del Gobierno, condicionando su apoyo a concesiones en materias sensibles. El PP considera que ese papel de árbitro es un argumento movilizador entre el electorado no independentista de Cataluña y entre votantes de otras comunidades que perciben esas negociaciones como un agravio. La estrategia consistiría en hacer visible ese coste político en cada convocatoria electoral parcial —municipales, autonómicas, europeas— para acumular presión sobre la coalición gobernante y sobre los propios partidos nacionalistas.
Contexto y precedente
No es la primera vez que un partido de la oposición estatal utiliza la periferia nacionalista como campo de batalla para debilitar al Gobierno central. En distintos momentos de la democracia española, tanto el PP como el PSOE han desplegado recursos y candidatos de perfil alto en Cataluña y el País Vasco precisamente cuando sus rivales dependían de los votos de las formaciones autóctonas. La eficacia de esa táctica ha dependido siempre de factores locales —liderazgo, agenda económica, estado de la cuestión territorial— más que de la voluntad de la dirección nacional.
Incógnitas de la estrategia
El éxito de la operación diseñada por Feijóo no está garantizado y enfrenta al menos dos incertidumbres estructurales. La primera es la capacidad real del PP de construir un mensaje que resuene en sociedades con identidades políticas y culturales muy marcadas, donde la apelación al voto útil estatal tiene recorrido limitado. La segunda es el calendario: sin una fecha de elecciones generales fijada, la presión que el PP pueda ejercer a través de comicios parciales genera daño político difuso pero no transforma de inmediato la correlación de fuerzas en el Congreso. La eficacia final de esta estrategia quedará condicionada, en último término, por la evolución de la relación entre el Ejecutivo y sus socios parlamentarios y por la respuesta que Junts y el PNV den a esa presión competitiva en sus propios territorios.
