La recepción, uno de los actos diplomáticos de referencia en la relación bilateral entre España y Marruecos, se celebró a las ocho de la tarde en la residencia oficial de la embajadora, en la zona de Puerta de Hierro de Madrid, a escasa distancia del Palacio de La Moncloa. Reunió, como cada año, a una nutrida representación de la vida política y social del país, en una velada de gala que combinó gastronomía marroquí y la actuación de la cantante Sanaa Maraati, una de las voces más reconocidas de la música del país. Entre los asistentes figuró también el expresidente del Gobierno Felipe González.
La coincidencia de fechas resultó determinante. Esa misma jornada, desde primera hora de la mañana, decenas de miles de personas cruzaron a nado desde Marruecos hacia Ceuta en uno de los episodios migratorios de mayor magnitud registrados en la ciudad autónoma. Las cifras oficiales sitúan en 72.000 los accesos, aunque no se descarta que el dato final sea superior una vez concluyan los recuentos.
El balance de víctimas mortales asciende, según los datos oficiales manejados hasta el momento, a 82 personas fallecidas. La Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) eleva esa cifra a 141, una discrepancia que refleja las dificultades para verificar el número real de víctimas en una crisis de esta escala.
Efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegados en el perímetro fronterizo han denunciado lo que consideran pasividad de las autoridades marroquíes a la hora de contener el acceso masivo. El Gobierno de Pedro Sánchez, por su parte, ha insistido estos días en calificar de «colaboración» la actuación de Rabat, defendiendo la relación con el país vecino frente a las críticas de los cuerpos de seguridad.
Tras conocerse las primeras noticias de la entrada masiva, el PP trasladó a la embajadora su decisión de no acudir a la recepción. El partido no ha ofrecido, hasta el momento, valoraciones públicas adicionales sobre los motivos de esa decisión más allá de la coincidencia temporal con los sucesos en Ceuta.
El Ejecutivo, en cambio, mantuvo su presencia institucional en el acto. Inicialmente estaba prevista la asistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiduo a esta cita en años anteriores, así como de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Finalmente solo acudió el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien mantiene vínculos estrechos con Marruecos desde su etapa como embajador de España en Rabat durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Planas figura entre los miembros del Ejecutivo cuyos teléfonos móviles fueron intervenidos con el programa espía Pegasus, junto a los del propio Pedro Sánchez, Grande-Marlaska y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Aquella investigación, conocida en 2022, derivó en tensiones diplomáticas y en la destitución de la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban.
La embajadora aborda la crisis ante Planas
Durante su intervención en la recepción, la embajadora Karima Benyaich se refirió directamente a la actualidad ante la primera fila de invitados, donde se encontraba el ministro Planas. «Nuestros gobiernos están continuamente en contacto para resolver esta situación no querida por el Reino de Marruecos y lo que el Gobierno de Marruecos pide y quiere es que estos conciudadanos que han atravesado vuelvan a nuestro país», aseguró. Benyaich defendió asimismo «una inmigración legal, ordenada y segura para todos» y la «cooperación» entre ambos países.
El propio Pedro Sánchez se pronunció sobre la crisis durante su visita a Ceuta el viernes 31 de julio, previa al inicio de su periodo vacacional en Lanzarote, donde subrayó la «cooperación» con Marruecos «para materializar la repatriación» de los migrantes. Decenas de miles de personas permanecían, sin embargo, en la ciudad autónoma en los días posteriores a la visita presidencial.
El marco jurídico aplicable a estas repatriaciones se rige por el acuerdo relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado por España y Marruecos en 1992, que establece los procedimientos para las devoluciones. Su aplicación práctica ha sido objeto de litigios ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en episodios anteriores, como el fallo de 2020 relativo a la valla de Melilla.
La crisis guarda paralelismos con la vivida en mayo de 2021, cuando cerca de 10.000 personas entraron en Ceuta en apenas 48 horas tras una relajación del control fronterizo marroquí, coincidiendo con el ingreso hospitalario en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio precedió a un giro de la política exterior española hacia el respaldo al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, anunciado por Sánchez en marzo de 2022, una decisión que continúa generando controversia parlamentaria.
El Ministerio del Interior no ha facilitado, hasta la fecha, un balance actualizado y desglosado de las repatriaciones efectivamente realizadas desde el 30 de julio, ni un calendario concreto para completar el proceso. La Delegación del Gobierno en Ceuta tampoco ha detallado, por el momento, la evolución de los traslados ni la situación en los centros de acogida de la ciudad. El PP ha reclamado una comparecencia urgente de Grande-Marlaska en el Congreso para explicar la gestión de la crisis, cuya tramitación durante el periodo estival correspondería a la Diputación Permanente. El Gobierno no ha fijado todavía fecha para dicha comparecencia.
